El 4 de febrero de este año, en una apurada y desprolija sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, se votó aumentar el boleto del transporte urbano de pasajeros a $ 5.30, lo cual supone un duro golpe a las condiciones de vida de los trabajadores/ras de esta ciudad, promovido por el intendente radical Ramón Mestre (h).
Desde la asunción de Mestre, el boleto acumula un aumento de más del 100%, atentando contra un elemento básico en las condiciones de vida de los sectores populares. Es claro que la intendencia de Mestre y la gobernación del peronista De la Sota propugnan un diseño social y económico excluyente, aliado de los diversos poderes fácticos que concretan sus ambiciones políticas y económicas con el patrocinio del “partido cordobés”, del que Mestre y De la Sota, más allá de sus pertenencias partidarias específicas, son voceros y artífices cabales.
Mientras en el Concejo Deliberante se votaba esta medida antipopular, en las calles se desarrollaba una importante movilización de diversos agrupamientos políticos, sociales y estudiantiles, bajo la férrea custodia de la narcopolicía provincial, envalentonada luego del levantamiento que protagonizara a comienzos de diciembre de 2013.
Cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrarse, la policía provincial inició una redada cuyo resultado fue la detención de un importante número de militantes de diversas organizaciones, quienes fueron encarcelados sin causa, traslados de comisaría en comisaría sin que se aclarara su situación procesal, o se comunicara una lista completa de los detenidos, entre los que se encontraban dos menores. Los militantes que nos convocamos exigiendo la inmediata libertad de los compañeros, en su gran mayoría de agrupamientos sociales y estudiantiles de izquierda, fuimos también fuertemente reprimidos, con palos y balas de goma, durante el curso de una protesta que no se detuvo hasta la completa liberación de los detenidos, y que sumó nuevos encarcelados, pues la mencionada represión policial incluyó la detención de algunos de los compañeros que sostenían este reclamo.
Sin duda la vida política, social, y económica cordobesa, gestionada por los partidos del régimen, radicales y peronistas, se halla bajo la tutela de una fuerza policial altísimamente corrupta, involucrada de modo directo con la trata de personas y con el narcotráfico, cuya actitud deliberadamente represiva es una constante en cada movilización política y social, en cada calle cordobesa, en la experiencia de cientos de jóvenes que son cotidianamente hostigados, detenidos, violentados, con el aval de un Código de Faltas que contradice los más elementales criterios de legalidad respecto de las libertades democráticas.
Es sin dudas significativo que la primera movilización de protesta de este año, ante un hecho que afecta de modo directo a los trabajadores/ras, como el aumento escandaloso de los costos del transporte urbano, haya estado teñida de una gran violencia represiva, con detenciones sin causa, continuidad del accionar represivo ante los reclamos de libertad para los encarcelados, completa arbitrariedad de parte de la fuerza policial, e innegable complicidad de los funcionarios judiciales.
Entendemos que este es un ensayo general del gobierno municipal y provincial y de sus eternos aliados del poder económico –empresarial y rural-, para desalentar la lucha social y política de los explotados/as, y para disciplinar al conjunto de los trabajadores/ras, en la perspectiva de un año en el que el conflicto social será indetenible, tanto en la provincia de Córdoba por la continuidad de sus políticas excluyentes, como a nivel nacional, si no se dan respuestas para mejorar sustantivamente las condiciones de vida de los trabajadores/ras.
Es preciso reiterar y sostener que la emancipación de los explotados es su propia obra, y es entonces necesario continuar y profundizar cada una de las luchas, construyendo poder político desde ellas, ganando en organización, materializando aquellas ideas que sirvan a una sociedad más justa, más libre e igualitaria, es decir, socialista.
