El acuerdo de Argentina con el FMI evita el default pero prepara una explosión social

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El reciente acuerdo entre el FMI y Argentina, aprobado en el contexto de protestas masivas, evita lo que era un default inminente de su préstamo de 2018 por el mecanismo de posponerlo. Las condiciones del acuerdo significarán un severo programa de austeridad, la mayor sujeción del país al FMI a través de inspecciones trimestrales y, en realidad, es muy poco probable que logre sus objetivos declarados. La aprobación del acuerdo con el FMI ha abierto profundas grietas dentro de la coalición gobernante Frente de Todos y está ejerciendo una poderosa presión hacia la unidad nacional por arriba para evitar una explosión social por abajo. 

El motivo inmediato del acuerdo entre el FMI y Argentina es el hecho de que el país no pudo pagar su cuota de 2.800 millones de dólares de marzo del préstamo stand-by de 2018. En 2018, el gobierno argentino del presidente derechista Macri firmó un préstamo récord de US$57.000 millones del FMI. Macri se embarcó entonces en toda una serie de contrarreformas (laboral, de pensiones), que provocaron un movimiento de protesta masivo y finalmente no pudo implementar por completo. 

En ese momento, lo que estaba sobre la mesa era una explosión social y el derrocamiento del gobierno por un movimiento de masas en las calles (como había sucedido en el Argentinazo). Solo se evitó porque los dirigentes sindicales y del kirchnerismo (el movimiento político peronista de “izquierda” liderado por Cristina Fernández, viuda del expresidente Néstor Kirchner) logró bloquear la ira popular y canalizarla hacia las elecciones, culminando con la victoria del kirchnerista Frente de Todos y la elección de Alberto Fernández como presidente en 2019. 

Gran parte del préstamo del FMI de 2018 terminó en manos de capitalistas que luego procedieron a desviar el dinero al exterior, gran parte a cuentas opacas en paraísos fiscales. Ese préstamo, que fue contraído por un gobierno de derechas y del que sólo se beneficiaron los capitalistas, ahora pesa como una losa al cuello de la economía argentina. El gobierno de Alberto Fernández es una alianza incómoda entre el propio presidente, representante del ala más burguesa y “respetable” de los peronistas, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, representante del ala kirchnerista del movimiento. Ambos sectores han trabajado para mantener la estabilidad y gobernabilidad de la débil economía capitalista argentina asolada por la crisis, incluido el pago diligente y puntual de la deuda con el FMI. 

Hasta que, claro, esto se volvió completamente imposible. Según algunos cálculos, las reservas netas del banco central se habían vuelto negativas, después de pagar más de 1.000 millones de dólares al FMI en enero. La cuestión a la que se enfrentaban el FMI y el gobierno argentino era la de un impago muy costoso. Costoso para el FMI en términos de la cantidad que perdería pero también desde el punto de vista de sentar un precedente para otros países. Costoso desde el punto de vista del gobierno argentino y los intereses capitalistas que representa, ya que lo aislaría de los prestamistas internacionales en un momento de profunda crisis económica. Había que llegar a un acuerdo. 

El acuerdo, que llega después de dos años de conversaciones, reestructura $44 mil millones de deuda, lo que permite que Argentina acceda a nuevos fondos, incluido un primer desembolso de $9.7 mil millones. Sin embargo, el acuerdo viene con condiciones estrictas y se basa en un conjunto de predicciones y pronósticos que ni siquiera los propios representantes del FMI creen que se pueden cumplir. En primer lugar, el programa estará sujeto a inspecciones trimestrales, lo que significa que el FMI controlará en detalle las políticas del gobierno argentino bajo la amenaza permanente de default cual espada de Damocles. 

Entre los términos acordados se encuentra una reducción progresiva del déficit presupuestario del 3% en 2021 al 0,9% en 2024 y un presupuesto equilibrado en 2025. Esto significa un ajuste fiscal brutal, cuya peor parte recaerá sobre la clase trabajadora y los pobres. Esto se hará principalmente a través de recortes en los subsidios a los precios del gas y la electricidad para los consumidores domésticos. Es decir, los trabajadores argentinos verán aumentar sus facturas en 3.800 millones de dólares (1% del PIB) en total, para financiar el pago de la deuda con el FMI. 

Al mismo tiempo, el acuerdo prohíbe al gobierno imprimir dinero para financiar el déficit, en un intento de combatir la inflación. Los objetivos de inflación también son muy poco realistas, del 52% actual, a entre el 38 y el 48% para fin de año. Esto en un momento en que, además de las presiones inflacionarias previamente existentes, Argentina se ha visto afectada por el impacto de la guerra en Ucrania en los precios mundiales, particularmente en el sector energético. ¡En realidad, los economistas argentinos pronostican que la inflación llegará este año al 60% o más! 

Nadie cree que se puedan cumplir los objetivos del acuerdo. Las medidas propuestas supondrán un ataque abierto a las condiciones de vida de la clase trabajadora, que verá facturas más altas, con una alta tasa de inflación que se comerá los salarios. El acuerdo, con sus recetas monetaristas, tendrá un impacto depresivo en una economía ya maltrecha. Con tasas de interés más altas y capacidad de compra de los salarios más baja, los capitalistas seguirán sacando su dinero del país en lugar de invertirlo. 

Ignacio Labaqui, analista de Medley Global Advisors, citado en el Financial Times, describió el acuerdo como un puente hacia las elecciones de 2023: “El FMI aparentemente prefiere ver si el próximo gobierno está más dispuesto a implementar reformas”. 

La propia directora del FMI, Georgieva, comentó que “Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales, que incluyen un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, inflación alta persistente, una pesada carga de deuda y bajos amortiguadores externos”. Advirtió que «los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando» y que «en este contexto, la recalibración temprana del programa… será crítica». Esa es una forma diplomática de decir que el acuerdo fracasará. De hecho, todos saben que Argentina caerá en default tarde o temprano. El acuerdo simplemente pospone la fecha. 

La firma del acuerdo también ha abierto severas divisiones dentro del partido gobernante Frente de Todos, entre el presidente Alberto Fernández y los kirchneristas encabezados por la vicepresidenta Cristina Fernández. Ya en febrero, Máximo Kirchner renunció como líder de la bancada parlamentaria del FdT en protesta, aunque se mantiene como diputado. El acuerdo final solo se aprobó gracias a los votos de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio (JxC), ya que un grupo importante de parlamentarios del FdT se abstuvo (13) o votó en contra (28). Así, un total de 41 de los 117 diputados de la bancada se opusieron al acuerdo. 

Por supuesto, estas demostraciones públicas de oposición fueron principalmente de cara a la galería, ya que el números de abstenciones y votos en contra fue cuidadosamente calibrado para garantizar que el acuerdo se aprobara con la mayoría necesaria (contando con el apoyo de la oposición). La idea era hacer un gesto hacia la base kirchnerista, profundamente opuesta a cualquier trato con el FMI, pero no impedir que se firmara el acuerdo. Los kirchneristas siguen siendo parte del gobierno de Alberto Fernández y no están dispuestos a abandonar ninguno de los ministerios clave que ocupan.

Días después de la firma del acuerdo con el FMI, los kirchneristas propusieron una ley para implementar una aportación extraordinaria del 20% a quienes hayan sacado dinero del país y no lo hayan declarado a Hacienda, a pagar en dólares. Se calcula que la cantidad total evadida asciende a la asombrosa cifra de 400.000 millones de dólares. Sin embargo, esto es principalmente una acción propagandística, para decirles a sus votantes que van a ser los ricos y los evasores de impuestos quienes paguen la deuda al FMI. En la práctica, esta ley, si se aprueba, tendrá poco impacto. El dinero evadido, por definición, se mantiene a seguro fuera del alcance de las autoridades y así seguirá siendo. 

Sin embargo, la firma del acuerdo con el FMI reveló poderosas tendencias hacia la unidad nacional, con el voto a favor de legisladores de oposición que dieron al gobierno los votos necesarios para aprobarlo. Esto es bastante significativo en un momento en que todos los partidos están pensando en las próximas elecciones en 2023. Está claro que había sectores de JxC que estaban considerando votar en contra para hacer caer al gobierno, pero la clase dominante los disciplinó. Prevenir un default y la turbulencia política que eso provocaría en un momento de profunda crisis social era primordial desde el punto de vista de la clase dominante. Ante la amenaza de un estallido social por abajo, la clase capitalista presiona hacia la unidad de sus representantes políticos en ambos campos, gobierno y oposición. La propia directora del FMI subrayó este punto: “Un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación de la agenda de reformas”. Así, la firma del acuerdo con una amplia mayoría parlamentaria no es un signo de fortaleza de la clase dominante, sino de debilidad. 

Así que, finalmente, el acuerdo fue aprobado a pesar de una serie de protestas masivas en las calles desde diciembre y una brutal represión policial, que ha incluido el ataque a organizaciones obreras y populares, el arresto de conocidos activistas, etc. 

En realidad, lo que se prepara en Argentina es una explosión social masiva. Las elecciones de 2019 actuaron como válvula de escape para evitar un levantamiento en ese momento, como los de Ecuador y Chile. La ira de las masas, en la medida en que los dirigentes sindicales burocráticos no ofrecían ninguna alternativa, se canalizó hacia las elecciones. Existía una débil esperanza de que con el regreso de los peronistas al poder se repetiría de alguna manera el crecimiento económico de los años de Kirchner. Eso fue una ilusión, el ciclo de altos precios de las materias primas que sustentó ese crecimiento había terminado. 

Y luego llegó la pandemia, que hizo caer en picada la economía argentina y provocó un fuerte aumento de la pobreza, desde un mínimo del 25 % en 2018, a un aumento al 35 % en 2019 y un pico del 43 % en 2020. Esas cifras no han disminuido sustancialmente y, a pesar del crecimiento económico nominal, la tasa oficial de pobreza se mantiene en un espantoso 40%.  

Estas son las condiciones que preparan una explosión social masiva. El fantasma del argentinazo acecha a la clase dominante. Los dirigentes sindicales burocráticos de la CGT y la CTA, así como los dirigentes del kirchnerismo, están haciendo todo lo posible para impedirlo. Pero todas las señales están ahí, y ya ha habido algunas explosiones regionales y locales. El problema es que cuanto más tiempo las organizaciones oficiales del movimiento obrero logren controlar la situación, más violenta será la explosión una vez que finalmente estalle. 

Desafortunadamente, los representantes oficiales de la izquierda en la coalición electoral FITU, parecen estar enfocados en una estrategia de acumulación lenta de fuerzas en el frente electoral, cuando lo que se requiere es una política revolucionaria audaz que plantee la cuestión de la crisis del capitalismo como centro de la lucha política. Más que ganar unos cuantos votos más y uno o dos diputados más, lo que se debe plantear es la necesidad de una clara alternativa socialista y un plan de lucha para derribar el acuerdo con el FMI y con él a los partidos políticos que lo respaldan, tanto en el gobierno como en la oposición. La única alternativa a la crisis del capitalismo argentino es que los trabajadores tomen las riendas del país, expulsen al imperialismo y expropien a los capitalistas.