La naturaleza no es muda
Por Eduardo Galeano*
La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.
“Viajo al Parque Nacional Copo, cerca de la Frontera con Chaco. Verde sin mácula, como pelos de plástico al costado de la ruta. El área de preservación es un archipiélago de bosques mutilados en una geografía saturada de escombros naturales” escribe Ramiro Gogna para “La Minka”. Leo este artículo mientras llego al Parque Nacional Copo, y miro por todos los costados buscando monte. El Parque Nacional se ha convertido en una isla rodeada de desmonte. Se llevaron todo.
Y es que la matriz productiva actual, junto con la ampliación de la frontera agrícola de la mano de grandes corporaciones nacionales y extranjeras, han cometido un verdadero ecocidio en Santiago del Estero.
Olas de calor con una intensidad y frecuencia nunca antes vistas, tormentas en todo el país, incendios forestales en nuestros bosques y parques nacionales, inundaciones y sequías históricas, eventos intencionados que alteran las economías regionales; en medio de ese panorama devastador, en nuestra provincia se sigue desmontando.
“El informe anual de desmontes de Greenpeace revela que durante el 2021 casi la mitad de la deforestación del norte se produjo en Santiago del Estero, y más del 80 por ciento fue ilegal. En Chaco las topadoras arrasaron 18 mil hectáreas, a pesar de que los desmontes están suspendidos por la justicia provincial.”
En base a las imágenes de satelitales tomadas, afirma Greenpeace que desde enero hasta agosto del 2022 estas fueron las superficies desmontadas en las 4 provincias que acumulan la mayor cantidad de desmontes:
CHACO 17.281 hectáreas
FORMOSA 14.780 hectáreas
SALTA 8.587 hectáreas
SANTIAGO DEL ESTERO 21.563 hectáreas
TOTAL en las Provincias del Norte: 62.211 hectáreas (2022)
Junto a Sergio Raffaelli, párroco de la iglesia La Merced, y Lucas Medina en el departamento Jiménez (al oeste de Santiago del Estero) integramos Mesa de Tierra Jiménez. El testimonio del párroco da cuentas de la evolución de este modelo despiadado en la provincia:“He visto con mis propios ojos la transformación de la zona, de los montes vírgenes donde las comunidades campesinas vivían tranquilas, tenían su modo de vida en armonía con la naturaleza, criando animales, haciendo carbón, postes o vendiendo leña, hasta esta realidad de hoy donde las comunidades quedaron rodeadas por mares de soja”, relata para “Agencia Tierra Viva” en noviembre de 2023. “En la monotonía de la soja no hay pájaros que canten, no hay animales dando vueltas, no hay sombra, no hay nada. Lo único que hay es avaricia, dinero y todo para afuera. Los empresarios que tienen campos acá no gastan ni en comprarse una coca cola en el kiosquito del pueblo. Cuando levantan la cosecha,salen las caravanas de camiones, por caminos internos para evadir los controles interprovinciales, haciendo pedazos los caminos que usa la gente todos los días”.
Al unísono de esta caravana de saqueo, nos advierte el abogado ambientalista Enrique Viale en defensa de nuestros recursos naturales, ante el avasallamiento del gobierno Milei/Macri, que las leyes redactadas en la Ley Ómnibus tienen nombre y apellido. En un contexto en el cual más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido, en donde los incendios forestales aumentaron en 4 años, y en un escenario de discusión en el Congreso, Milei se presentó en Davos y arremetió de manera canallesca contra el socialismo que pone en peligro a Occidente, nombrando a dos enemigos: el feminismo “radical” y el ambientalismo. Y esto nos lleva a pensar que estamos ante un momento clave e histórico. Los colectivos de ambientalistas del país, consideramos al DNU y a la Ley Ómnibus como leyes de regresión ambiental de carácter absolutamente inconstitucional. Incluso, desde el punto de vista del Estado capitalista y la democracia burguesa, como ha ocurrido con otros ámbitos de la legislación propuesta por el gobierno Milei, estos instrumentos atacan la soberanía nacional y violan acuerdos internacionales como el de Escazú.
Las leyes redactadas en la Ley Ómnibus tienen nombre y apellido
En el departamento Copo de nuestra provincia, Luis Caputo, actual ministro de Economía y ex Ministro de Finanzas del período macrista, ya desmontó y tiene miles de hectáreas más por desmontar. En el 2018 diversas organizaciones campesinas y Greenpeace enviaron una carta al actual gobernador, Gerardo Zamora. En ella denunciaron que la firma Sacha Rupaska, de la cual Caputo es socio mayoritario, realizó un desmonte ilegal de aproximadamente 500 hectáreas en una zona donde estaba prohibido.
Otro de los beneficiados por la Ley Ómnibus es Mauricio Macri, quien a través de la Finca Yuto, el ex Presidente ya desmontó 6000 hectáreas. “Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar”.
Ahora bien: ¿qué implica la ley de bosques que está vigente actualmente? La ley 26.331 protege los bosques y los clasifica por su nivel de conservación, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. Ordena una zonificación según tres categorías, la zona roja: se identifican zonas de reservas protegidas por su alto valor, es decir que no se pueden intervenir; zona amarilla: en ella se permiten actividades sustentables, o sea deben cuidarse pero no deforestarse, y zona verde: son las zonas menos conservadas, pueden ser deforestadas con permisos y previos estudios. La pregunta es: ¿cómo impactaría la derogación de esta ley en Santiago del Estero? Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus suprimen mecanismos vinculantes de participación ciudadana en materia ambiental; se desfinancia la protección de bosques, lo que afecta el control del desmonte y de incendios forestales (esto permitiría que las grandes empresas o terratenientes, realicen desmontes donde hoy está prohibido) y las topadoras podrían arrasar impunemente los bosques para producción agropecuaria y desarrollos inmobiliarios; en el caso de nuestra provincia, para seguir fomentando el agronegocio del monocultivo, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”.
Dicho esto, también debemos señalar que aunque la ley ha sido un paso adelante, reconocido por los movimientos campesinos y ambientalistas, así como pueblos originarios, luego de su aprobación en 2007, su ejecución ha sido torpedeada por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de turno, y por el Estado capitalista en su conjunto. Por ejemplo, aunque la ley contempla la creación del Fondo Nacional para el crecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que debería contar con el aporte estatal mínimo, del 0,3% del presupuesto nacional, un informe elaborado en 2020 por las ONG’s Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Vida Silvestre, muestra que desde 2007 el Congreso nacional sólo ha aprobado asignaciones presupuestarias menores al 10% de lo contemplado en la ley. Ello, entre muchos otros elementos, como el cercenamiento a la participación plena de las comunidades indígenas en el diseño y ejecución de las políticas de conservación y manejo de los bosques.
Vemos entonces, que la lucha por la defensa de los bosques, como parte de la lucha por la defensa de la naturaleza en general, pasa por una lucha política de largo aliento contra el propio Estado capitalista. Aún bajo la vigencia de la ley de bosques, el Estado ha favorecido y favorece los intereses del agronegocio, las mineras y las inmobiliarias por encima de las comunidades campesinas y originarias y la naturaleza.
Como señala Viale, quien sostiene una política de defensa de la naturaleza, estamos atravesados por la era de “la ceguera ecológica” sostenida y promovida por los gobiernos de turno, donde no hay derecho ni acceso a la información, ni es permitida la participación ciudadana al momento de tomar decisiones que afecten los territorios.
A nivel internacional, el agravamiento del cambio climático y la devastación de la naturaleza, han servido como elemento de presión –aunque sólo a medias– sobre las diversas burguesías imperialistas y sus Estados, obligándoles a tomar acciones ante el cambio climático, siempre y cuando sus beneficios e intereses económicos no sean tocados. Así, han implementado las llamadas políticas de austeridad verde, que descargan sobre los hombros de la clase trabajadora el costo económico de la transición hacia fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. En realidad, prefieren arriesgar el medio ambiente y los ingresos de las familias obreras antes que sus ganancias, de cara a la amenaza del cambio climático. Por otro lado, en los países capitalistas atrasados como Argentina, las grandes industrias mineras, agrícolas y forestales, que son propiedad de estas mismas burguesías, siguen saqueando los recursos naturales y devastando el medio ambiente.
Milei, como excepción a esta tendencia general, se plantea destruir cualquier normativa vigente que contribuya a proteger –si bien siempre parcialmente–, la naturaleza, con tal de favorecer a los capitalistas. Como expresión radical de la reacción capitalista en el mundo, a diferencia de sus socios –o jefes– imperialistas, no tiene tapujos en plantear públicamente el sacrificio de la clase trabajadora, de las y los campesinos, de los pueblos originarios y de la naturaleza en nombre del capital.
Por otro lado, también hay que denunciar la política de los partidos tradicionales que controlan las provincias. Sin apoyar directamente la ley Omnibus, u oponiéndose a aspectos de ésta, en los hechos están profundizando el extractivismo y la entrega del territorio y los recursos naturales a los capitales nacionales e imperialistas, en un contexto de estrangulamiento de las masas laburantes del país.
Nuevamente, citamos a Viale: “No es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo” en la región más desigual del planeta, América latina, una región marcada por una matriz productiva extractiva.
Mientras tanto, en Santiago la “libertad atrasa” –con la colaboración del gobierno provincial–, y seguimos pagando las consecuencias de un desmonte que afecta directamente a la flora y fauna nativa, provocando desequilibrios ecológicos y alteraciones en los ecosistemas locales, el desplazamiento de comunidades debido a la sequía y desertificación de las tierras. Esto trae también como consecuencia más inundaciones (con mayor frecuencia y ferocidad), la desaparición de especies que ya se encontraban en peligro de extinción, y se profundizan las condiciones devastadoras del cambio climático.
La tierra es de quien la trabaja
La frase “la tierra es de quien la trabaja” refleja un principio asociado a movimientos agrarios y sociales que abogan por la justicia y la equidad en la distribución de la tierra. Esta expresión resalta la idea de que la posesión y el control de la tierra deberían estar vinculados al trabajo y la actividad productiva, en lugar de depender simplemente de la propiedad especulativa o la concentración de tierras en manos de unos pocos.
En contextos históricos y contemporáneos, esta frase ha sido utilizada por movimientos campesinos y agrarios que buscan la reforma agraria y la redistribución de la tierra para beneficiar a quienes trabajan la tierra directamente, como agricultores y campesinos. La idea subyacente es que aquellos que cultivan y trabajan la tierra deben tener acceso a la propiedad de la misma, en lugar de que la tierra esté en manos de terratenientes o grandes corporaciones extranjeras que no participan directamente en su cultivo, sino más bien que explotan a los trabajadores campesinos, y que enriquecen sus bolsillos a costas de la explotación de las masas laburantes.
En el núcleo de esta consigna, proclamada originalmente por Emiliano Zapata en el contexto de la Revolución mexicana, hay ideas propias de los primeros movimientos comunistas en la historia, que denunciaban la profunda injusticia implicada en el régimen de propiedad privada sobre los antiguos medios de producción, sobre cuya base las clase propietarias han podido explotar a las masas laburantes hasta hoy.
En efecto, esta consigna ha sido parte de debates políticos y movimientos sociales en diversos lugares del mundo, destacando la importancia de la justicia social en el acceso y uso de los recursos naturales, especialmente la tierra.
No obstante, desde una perspectiva comunista entendemos que el desarrollo práctico de esta consigna, implica una lucha general contra el capitalismo en su conjunto. El poder económico y político de los terratenientes y capitalistas agrarios nacionales y extranjeros está ligado a las estrechas relaciones, que durante más de un siglo, han establecido con los capitalistas industriales y financieros de las ciudades, y el poder de todos éstos, a su vez, está sustentado y defendido en el Estado burgués. En consecuencia, no podemos luchar de forma consecuente por la reforma agraria sino como parte de una lucha general contra el capitalismo, contra el poder económico de los capitalistas y contra el Estado.
Sólo podremos conquistar la victoria en la lucha por la reforma agraria, en la medida en que sea parte, hombro a hombro junto a la clase obrera, de la lucha de conjunto por derrocar al sistema capitalista y al Estado burgués.
La contrareforma ambiental contemplada en la criminal Ley Ómnibus implica dar vía libre al saqueo y destruye la actual legislación de protección ambiental en todo el país, poniendo en riesgo a miles de comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Aunque ahora su aprobación está atada al llamado Pacto de Mayo, la política de profundización del extractivismo y el desmonte seguirá su marcha por otras vías, así como el ajuste contra la clase trabajadora ha seguido avanzando a través de medidas del ejecutivo, incluyendo el DNU.
Finalmente, entendemos que esta lucha no pasa sólo por el ámbito parlamentario y el debate ante la ley Omnibus o ante las próximas contrarreformas legislativas que proponga el gobierno en materia ambiental. Se trata de reorganizar la lucha desde abajo, en el seno de las comunidades campesinas y originarias, de reescribir nuevos mapas territoriales y organizar planes colectivos de lucha, para avanzar en la defensa de los bosques pero también en la expropiación de los terratenientes y de las grandes compañías agrícolas, bajo el control democrático de las y los trabajadores. Para ello, es necesario también dar pasos adelante en la organización del proletariado rural, en el rescate de los sindicatos rurales controlados por direcciones burocráticas, y en la construcción en un plan de lucha común, hombro a hombro junto a la clase obrera de los centros industriales del país, por la construcción de un Poder Obrero que nos permita avanzar en la tarea de derrocar al capitalismo.
Fuentes: Agencia Tierra Viva, Greenpeace, https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/FVSA-FARN_Diagnostico-estado-de-implementacion_compressed.pdf
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