¿Crisis de energía?: ¡No! Crisis de la propiedad privada

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La llamada “crisis energética” volvió al centro del debate político. Nos dicen que el problema está en los aumentos de la actividad económica y del consumo de los hogares. Realmente, el problema es la falta de inversiones de las empresas y multinacionales que se embolsan toda la plata que ganan. A cambio nos piden que “ahorremos” energía, que la paguemos más cara y que aceptemos resignadamente cortes en el suministro.

¡Por la nacionalización de los recursos energéticos!

La llamada "crisis energética" volvió al centro del debate político. Nos dicen que el problema está en los aumentos de la actividad económica y del consumo de los hogares. Realmente, el problema es la falta de inversiones de las empresas y multinacionales que se embolsan toda la plata que ganan. A cambio nos piden que "ahorremos" energía, que la paguemos más cara y que aceptemos resignadamente cortes en el suministro.

El 87% de la energía consumida en el país proviene de los hidrocarburos (gas y petróleo), que están en manos de las multinacionales. La producción de petróleo se redujo 11 millones de metros cúbicos desde 1998, y la producción de gas casi 1.000 millones de metros cúbicos en el último año. Actualmente, la explotación y exploración de nuevos pozos petrolíferos y de gas es la más baja de las últimas 3 décadas.
Lo que estamos viendo es una huelga de inversiones y un chantaje de las multinacionales con cuatro objetivos: que el gobierno autorice nuevas subas de tarifas, que se reduzcan los impuestos por la exportación de hidrocarburos, que les amplíen indefinidamente las concesiones para la explotación y la exploración de los hidrocarburos, y que el Estado financie la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos. En suma: una política de saqueo y expoliación completa, pese a que la renta petrolera supone ingresos anuales de $US 16.000 millones, y sólo $US 5.000 millones ingresan al fisco, vía impuestos.
Como las multinacionales exportan a voluntad, el Estado debe importar hidrocarburos para paliar el déficit existente. Además de los 7,7 millones de metros cúbicos de gas importados diariamente de Bolivia, este año Argentina importará 1,5 millones de toneladas de fuel oil y 1 millón de metros cúbicos de gasoil, que cuestan al país miles de millones de pesos.
El Gobierno, lejos de enfrentar a estas compañías, cede a sus presiones. Aunque retrasó los aumentos tarifarios comprometidos el año pasado, éstos se van a dar gradualmente; además las familias pagarán cada metro cúbico de gas consumido de más con respecto al año pasado, con un recargo del 400%. Las grandes y medianas empresas sufrirán un recargo tarifario de entre el 50% y el 100%, pero el Estado aprobó créditos a bajo interés para que compren autogeneradores eléctricos.
El mes pasado, el Congreso introdujo cambios legislativos que sancionan la libre disponibilidad del petróleo para que las multinacionales puedan venderlo dentro del país a precios internacionales o exportarlo todo al exterior. Además, durante los próximos 15 años se beneficiarán con todo tipo de incentivos (ayudas y subvenciones, exención de impuestos) para la compra de maquinaria, exploración de nuevos pozos, etc. El gobierno, además, anunció la extensión y construcción de oleoductos y gasoductos, costeados por el Estado y los grandes y medianos usuarios, que éstos luego trasladarán a los precios de sus productos que compramos los trabajadores.

La producción eléctrica está en una situación similar. El sistema eléctrico se encuentra cerca del punto de saturación. No hay inversiones privadas, y las únicas previstas, como la construcción de nuevas centrales eléctricas, correrán a cargo del Estado, que demorará varios años.
La red de alta tensión, "la columna vertebral del sistema eléctrico" (Clarín, 2/9/06), está concesionada a la compañía Transener, en manos de Petrobrás y del grupo nacional Dolphin. De esta manera, se hace depender el suministro eléctrico del país del interés privado de un puñado de empresarios parásitos y especuladores.

Indigna que responsabilicen al consumo residencial del faltante de energía, cuando el 25% de la eléctricidad es consumida por sólo 5.000 grandes empresas, y los hogares apenas consumen el 12% del gas.
Estas 5.000 grandes empresas aumentaron su consumo eléctrico un 8% este año, frente al 5,7% de incremento general (Clarín 3/9/06), siendo aquéllas las principales responsables del aumento del consumo.
La propiedad privada de los recursos energéticos es incompatible con las necesidades sociales y económicas del país. La alternativa es la nacionalización de los hidrocarburos y del sistema eléctrico, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores y pequeños usuarios.
Una planificación racional de los recursos energéticos permitiría reducir las tarifas residenciales, utilizar las fabulosas ganancias de estas compañías para multiplicar la capacidad energética del país, y explorar nuevas fuentes energéticas más limpias y baratas, como la energía solar, la eólica, o el biodiésel.