Que no nos vendan más buzones
Ha llegado a nuestra redacción esta carta de Pablo Zamorano, lector de nuestra página web. La misma está referida a la historia y situación actual del Correo. Como coincidimos con el contenido de la misma, decidimos publicarla.
Que no nos vendan mas buzones
El Correo Argentino funciona desde 1748, siendo el primer servicio público que brindó el estado y que representó un requerimiento básico para el funcionamiento del aparato estatal. Funcionó como organismo gubernamental hasta el año 1974 cuando se creó la Empresa Nacional de Correos (Encotel), autónoma del aparato estatal.
En dicha época la vieja Encotel contaba con 54.000 trabajadores y una pequeña estructura de personal directivo de 104 personas. Fue uno de los 7 correos más importantes del mundo y sus servicios estaban al alcance del pueblo, permitiendo entre otras cosas, la conexión entre los trabajadores que emigraron de sus provincias, con sus familias.
No escapa que el correo nació con una grave contradicción. Por un lado brindaba un servicio social al pueblo, y por otro, como todo organismo estatal capitalista, servia a los intereses de la clase dominante.
Durante la última dictadura militar, por ejemplo, el dinero que producía el correo se dedicaba a pagar los abultados sueldos de las FF.AA.. Fue en ese mismo período que se produce el primer proceso de vaciamiento al desregularse el mercado permitiendo la entrada de los llamados permisionarios postales: OCA, Andreani, OCASA, vinculadas a algún funcionario militar.
En forma constante luego, los distintos administradores de turno se dedicaron al enriquecimiento ilícito mediante la utilización de los recursos del correo, transfiriendo negocios a los permisionarios privados y vaciando progresivamente a Encotel, con lo cual podríamos concluir que los hoy llamados correos privados crecieron gracias a los recursos del Estado.
La década del 90
Durante el año 1992, en medio de la privatización de todas las empresas públicas, la antigua Encotel es convertida en S.A., para ser privatizada por la vía de la concesión, la cual consistía en el otorgamiento para su gerenciamiento del 35 % de la distribución accionaria, el 14 % para el personal (PPP) y el 51 % restante quedaría en manos del Estado. Durante un par de años la ahora ENCOTESA pasó a ser administrada bajo la orbita del entonces ministro de economía Domingo Cavallo, quien luego de varias disputas con las empresas lideradas por Alfredo Yabrán, fracasa en su intento de otorgar parte del gerenciamineto del correo a la empresa norteamericana Federal Express. En esos años y bajo la administración del cuñado del famoso ministro, se consolida el vaciamiento de la empresa, perdiendose 10.000 puestos de trabajos. Se reforma el convenio colectivo de trabajo introduciendo los primeros elementos de ultra flexibilidad laboral. Este proceso fue completamente avalado por la burocracia sindical de Ramón Baldasini (FOECYT), el mismo “dirigente” que durante el “juicio” a los militares genocidas aseguró no haber oído jamás sobre desaparecidos.
Bajo el Menemismo se consuma una de las ultimas privatizaciones concediéndose por 30 años el correo, al consorcio Correo Argentino SA (CASA), integrado por Sociedad Macri (Sideco Americana e Itron) con un 73,5 % de las acciones; como socio minoritario el Banco Galicia con el 12,5 % y por último el 14 % al fantasma llamado programa de “propiedad participada” para el personal.
Fue así que el Correo Argentino se convirtió en un caso único en el mundo al ser privatizado, ya que el servicio postal oficial es prestado en el 98 % de los países por las administraciones nacionales, y son solo cuatro los países donde el correo ha sufrido una suerte de privatización: el argentino con una concesión total del servicio, en Nueva Zelandia, Congo y Holanda, con privatización parcial.
A poco de andar, lejos de considerarse obligados a cumplir sus compromisos, el grupo Macri, declaró diferencias en sus previsiones y perdidas, de lo cual consideraron responsable al Estado, habiendo modificado una y otra vez las condiciones contractuales a su favor durante el gobierno Menem.
En el momento de la transferencia al sector privado, el correo contaba solamente con 20.000 trabajadores en todo el país, una cifra significativamente exigua para prestar con eficiencia el servicio, ya que el principal recurso es el de personal (por tratarse de una actividad de mano de obra intensiva). Durante la administración Macri los salarios pasaron a absorber el 35% de los gastos (antes era el 75 %). Un solo cartero cubre hoy lo que anteriormente realizaban tres o cuatro, cargando diariamente sobre sus espaldas una enorme cantidad de correspondencia durante más de nueve horas. Esta sobreexigencia trae terribles consecuencia físicas (problemas de columna) a lo que se sumó un régimen disciplinario de terror, produciéndose traslados compulsivos, desintegración de grupos de trabajo, maltratos cotidianos, y hasta persecuciones sindicales, políticas y raciales (se llegó al colmo de cambiar “personal por feo aspecto” en atención al público).
En Agosto de 2000, Correo Argentino S.A. presentó un procedimiento preventivo de crisis. Los gremios, ante la “alternativa” de elegir entre despidos o rebaja salarial, optan por esto último, aún cuando el Correo siguió reduciendo el número de trabajadores mediante compulsivos “retiros voluntarios”, despidos “con causa”, etc.
Las consecuencias de la privatización no fueron solamente nefastas para los trabajadores. Correo Argentino cerró 2000 oficinas y estafetas postales, desmejoró considerablemente el sistema telegráfico y postal, y encareció fuertemente las tarifas. Para ejemplificar, en el año 97 Correo Argentino clasificaba en forma automática el 98 % de la correspondencia, hoy tras haber desguazado las maquinas que el estado le transfirió, solo puede clasificar el 30 %, y sobre todo, se perdieron 8000 puestos de trabajo.
La actual Unidad Administrativa presidida por el justicialista Eduardo Di Cola no ha cambiado nada. Sigue la casta de gerentes y directores altamente numeroso y costoso, los cuantiosos gastos en concepto de publicidad y servicios a cargo de terceros como limpieza, mantenimiento, recaudación y transporte, con costos que triplican a los que antes se realizaban.
En noviembre del 2002, se dolarizaron las tarifas de la correspondencia al exterior y aumentó considerablemente el precio de todos los servicios, por lo que hoy es uno de los correos más caros del mundo.
Macri –con respecto al canon- solo pagó los dos primeros semestres. Obtuvo cuantiosas ganancias, utilizó en forma completamente gratuita los 5.400 centros de atención para su negocio de Pago Fácil, no realizó las inversiones convenidas, y tomo las indemnizaciones por despidos como parte de “inversiones” (?). Por ultimo, quebró la empresa con más de 900 millones de pesos de deuda.
El gobierno de Kirchner se apresta a reprivatizar
Todos estos evidentes elementos llevaron al gobierno de Néstor Kirchner a decretar la caducidad de la concesión, pero al mismo tiempo anunció la reprivatización del correo en un plazo de 180 días. Se podría decir que el quite de la concesión a la empresa administrada por la Sociedad Macri, podría representar un primer paso en la recuperación del patrimonio público, pero hasta el momento ese cambio no se produjo.
Se mantiene el conjunto del cuerpo directivo (los mismos responsables de aplicar la política de vaciamiento), se aplica el mismo régimen de trabajo esclavista, se continúa con las discriminaciones salariales, laborales y hasta político-sindicales. Desde este gobierno que en lo discursivo se posiciona contra el modelo neoliberal, se pretende realizar una nueva licitación para concesionar el correo a capitales norteamericanos como Federal Express, o a cualquier otra empresa privada que consolide un monopolio.
Hoy el correo tiene 12.000 trabajadores y 5400 centros de atención al cliente en 2300 localidades del todo el país, siendo la mayor red de locales y una de las principales vías de comunicación. Es un servicio que integra al país y que puede generar empleo genuino, solamente con la recuperación de 18.000 puestos de trabajo.
Rechazando claramente una nueva privatización que deje en manos extranjeras o nacionales a las que sólo pretenden lucrar con los servicios destinados a cumplir una función social, tampoco puede quedar en manos del Estado a secas. Ya conocemos cómo funciona el estado capitalista y la directa responsabilidad que un gobierno tras otro tuvieron no sólo en la debacle del correo argentino sino de otros tantos servicios y recursos naturales convertidos en mercancía y entrega: ferrocarriles, teléfonos, agua, gas, energía, petróleo, etc.
Bajo un subsidio estatal que permita al Correo ser readministrado sin las deudas contraídas por quienes lo llevaron a la debacle, hay que introducir una nueva y completa renovación de gestión y control que comience por eliminar a todo el personal jerárquico actual, no sólo por sus actuales sueldos parasitarios como por su connivencia con los intereses en pro de la búsqueda de ganancia empresaria, para proseguir hacia la conformación de una nueva administración y control democráticos, compartido entre los trabajadores del Correo y usuarios, única manera de que el Correo pueda cumplir la real función social a que está llamado.
Ese nuevo correo que necesita nuestro país, requerirá también la reconstrucción racional de los servicios que fueron destruidos por la administración de Haroldo Grisanti y Macri, y que el gobierno actual conserva en su totalidad. Así, trabajadores y usuarios podríamos rehabilitar toda la red, recreando miles de puestos de trabajo que permitan avanzar en un modelo de servicios públicos barato y eficiente.
Una vez más, la privatización del Correo se prepara a espaldas del pueblo. Ninguna consulta popular ni información se impulsa desde el gobierno mismo, lo que preanuncia sus planes en uno de los sectores de servicios de fundamental importancia estratégica para la soberanía del país y la función social. El gobierno de Kirchner elude hablar del tema porque sabe del clima de hostilidad existente en la población contra las empresas privatizadas. Pretende de esta manera ocultar que continúa con la división neoliberal del trabajo que rige desde los 90, la que asigna los grandes negocios del sector público a grupos privados, y las pérdidas y las inversiones, al Estado.
