Tras el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, zanjado el 15 de noviembre, posibilitado por un amplio sector de oposición y por el reformismo de la dirigencia “progresista” y conciliadora del país, se abrió una ocasión única para la reacción derechista en Chile. El 4,6% apenas de aprobación que alcanza el mandatario en la última encuesta de Activa Research (Pulso Ciudadano) sería motivo inminente de renuncia en cualquier parte del mundo, menos en Chile. Ahora todos quienes entregaron un soporte político a Piñera con este acuerdo, son parte del espaldarazo más descarado que recuerde un levantamiento social en Chile.
Si este sector reformista y oportunista hubiese negado pan y agua al gobierno, y en su lugar hubiese acogido honestamente las demandas sociales, no se habría entrado en un espiral reaccionario en donde la violencia es el motor principal del actual escenario político. Ahora el gobierno de Sebastián Piñera comienza a articular la instrumentalización del miedo y la violencia para poder tomar aire en el tormentoso caudal que cayó tras el levantamiento de los oprimidos en el “Oasis Sudamericano”.
Como hemos remarcado en publicaciones anteriores, este acuerdo impulsado desesperadamente desde el oficialismo no es más que una maniobra apresurada por contener el ascenso de las masas, instaurando un intento desesperado por preservar la legitimidad del actual Congreso y perfumar un neoliberalismo en descomposición. Simiente principal de la situación actual en Chile. Ya revisaremos cómo el gobierno ha ganado tiempo, junto con ello evalúa lo sucedido, coordina un discurso y articula instrumentos para materializarlo. Entre ellos, el miedo y la violencia.
Se plantea un período paradójico en este proceso. Ahora la misma institucionalidad y “democracia” que cimentó por treinta años una indolencia interesada entre parlamentarios y gobiernos está pidiendo a gritos empatía desde toda la población para encontrar a ese “enemigo poderoso” que Piñera y otros tantos mencionan, con el fin de estabilizar todo este embrollo por vías “democráticas”. No obstante, esta paradoja sólo causa irritabilidad dentro de los elementos más conscientes del movimiento.
Una de las situaciones que podría ejemplificar esta política reaccionaria es la posición que tomó el gobierno estos últimos días para tramitar de manera urgente los proyectos de ley antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas; entre otros. Sin embargo lo más cuestionado, y con justificada razón, ha sido la polémica reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar “infraestructura crítica”, en respaldo a Carabineros, declarando un “Estado de Excepción de menor rango” y con potenciales exenciones de responsabilidades penales para las Fuerzas Armadas (FF.AA). Todo esto obviando los variados informes internacionales sobre la vulneración de derechos humanos perpetrados bajo estas instituciones y, apoyados además, sobre la idea ya generalizada de que la democracia (burguesa) está amenazada por la violencia.
Instrumentalización de la violencia de la burguesía y el Estado.
Antes que todo, ¿cuál es el origen y de dónde proviene ese factor violencia?, ¿Es posible identificarla como tal, y si fuese así, que rol juega en este levantamiento de masas? Este podría ser (a priori) el señuelo de la disidencia, el poder y la alienación de la sociedad. Una premisa elemental del construccionismo discursivo entorno a la violencia menciona que este fenómeno social es relativo al tiempo y sociedad específica, y que sus dinámicas, causas e interacciones deben ser observadas bajo un contexto especifico. Esto podría ser totalmente válido si es que en realidad no se accionaran algunas contradicciones propias que subyacen a la propiedad privada de los medios de producción, el individualismo y la competencia como factores medulares de la actual sociedad chilena.
Más allá de esa violencia descriptible y subjetiva como lo llamaba Žižek (2008), como por ejemplo los saqueos, incendios, los enfrentamientos contra la policía e incluso aquellos hechos “violentos” (y que restringen para algunos las libertades individuales) como son los aislados casos de “el que baila pasa”, es necesario advertir además, una violencia perpetua y mucho más sofocante que la violencia subjetiva, esta es la violencia simbólica y objetiva, que es básicamente la enajenación personal y colectiva a causa de las limitaciones que impone un modelo productivo egoísta. La violencia sistémica.
Esta violencia sistémica es el fetiche de las relaciones interpersonales e intrapersonales, esta última derivada desde el conjunto de enajenaciones fundamentales del capitalismo: Económica, Jurídico-política e ideológica. Esta violencia objetiva-sistémica tiene por base la apropiación privada de los medios de producción por parte de una clase, la burguesía, la cual se sirve del aparato estatal y de la ideología (la constitución de 1980, el parlamento y la recurrente muletilla de la “democracia”) para mantener control económico a base del necesario consenso. En definitiva la violencia sistémica es inherente a este estado o contexto social de “normalidad” que es actualmente vinculado a las repetitivas cuñas de un amplio espectro del establishment en “mantener sana la democracia del país”.
Luego del acuerdo por una Nueva Constitución, al unísono aparecieron voces que invocaban la paz. En contrapartida, responde la consigna “Sin justicia social no habrá paz”, es decir, si hay violencia habrá como respuesta más violencia! No hay forma de refutar esta realidad. Tras las atrocidades cometidas por instituciones y agentes del Estado, el gobierno de Sebastián Piñera no hace más que tensionar esta cuerda, procurando a toda costa salvaguardar el statu quo y para ello ya comienzan con estrategias represivas (violentas) para lograr este objetivo. Esto explicaría una desafección de las demandas sociales y concentración de esfuerzos en el robustecimiento del aparato legal represivo por medio de la jurisprudencia y política represiva. Entonces;
“¿Cuál es la función real de la legalidad burguesa? Si un ciudadano libre es detenido por la fuerza por otro en una habitación estrecha e inhabitable (…) cualquiera puede ver que se trata de un acto de violencia. Pero si esta operación se escribe en un libro llamado el código de derecho penal, y la sala es una celda de las prisiones reales, se transforma inmediatamente en un acto de legalidad pacífica (…). Para decirlo brevemente, lo que se presenta como legalidad civil no es más que la violencia de la clase dominante, elevada al rango de ley (…). En realidad, la legalidad burguesa (y el parlamentarismo es legalidad en toda su fuerza) es en realidad una manifestación social dada de la violencia política de la burguesía que ha surgido sobre una base económica”.Rosa Luxemburgo
Esto es lo que se menciona más arriba como violencia objetiva, y esta violencia es solapada por la otra del tipo subjetiva (no menos importante, pero tampoco más perversa que la anterior) que va desde el mismo brazo armado de la burguesía (Carabineros, Investigaciones y Militares) hasta aquellas conductas desprendidas de un movimiento unificado de masas. En este sentido, no es tan extraño pensar que la actitud pusilánime de las fuerzas de “orden y seguridad” de Chile, incluyendo a militares, sea una conducta recurrente y funcional ante los variados hechos de saqueos, incendios y otros. ¿Buscarán la confusión entre las masas?, o lisa y llanamente ¿es la búsqueda de la división ética del movimiento?
Diversos hechos ocurridos en varias regiones del país han facilitado la posición reaccionaria del gobierno, ahora, un desfile de rostros del oficialismo y también de la oposición pregonan firmemente la necesidad de anteponer la agenda de orden y seguridad ante (la que fuese las primeras semanas la más urgente de las necesidades), la agenda social. Se pasean por matinales, noticieros, estelares, radios y cualquier plataforma mediática que les permita erigir la inminente necesidad de discutir y legislar inmediatamente sobre el orden público. A tal distanciamiento llegó esta situación entre parlamentarios y las bases organizadas y el movimiento en su conjunto, que ya el 27 de noviembre se hacía pública una “Declaración por la Paz Social, los derechos Humanos y el orden público”, en donde la derecha logró incentivar la participación activa de personeros como el Presidente del Senado, Jaime Quintana, Felipe Harboe, Carolina Goic y otros. Esta declaración insta al fortalecimiento del Estado y las policías, instrumentalizando la violencia y criminalizando el movimiento, abriendo la llave para establecer rígidas y desproporcionadas sanciones legales a quienes (culpables o no) incurran en manifestaciones y acciones que amenacen el orden establecido por el Estado. Junto al anuncio reciente de bonos que entregará Piñera, la política y metáfora del garrote y la zanahoria es más evidente
El tiempo y adeptos ganados desde la derecha en el parlamento, ha logrado unificar una convencionalidad trasversal en la demanda y criminalización de la violencia. Esto es cuestionable desde dos puntos. Primero, porque en esta postura refleja una posición desde la psicología social convencional que refuerza un status quo a través de un discurso ideológico, es decir, se evita plantear la violencia institucional (objetiva), ya que se vincula inmediatamente la violencia a la actividad de grupos desviados o como conducta socialmente desviada, minimizando la violencia salarial, el desempleo, crímenes ambientales, la privación del acceso y/o calidad de derechos esenciales como salud, educación, vivienda y transporte, así como también el soslayar persistentemente a través del lenguaje y una plétora de eufemismos las muertes y violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, porque esto da pie a una serie de medidas que buscan desmovilizar y separar posturas dentro de la mayoría relegada y violentada por el sistema ya cuestionado. Se abre así un consenso, no sólo desde el congreso, sino desde un porcentaje importante de la población que “apoyan las demandas sociales, las movilizaciones, pero condenan totalmente la violencia ejercida en las calles”, es esta la disrupción discursiva que está siendo utilizada por el gobierno para imponer sus términos reaccionarios, tramitando ya la aprobación y aplicación de los proyectos de ley antiencapuchados, antisaqueo, antibarricadas y el de apoyo de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica.
Ahora resulta que la víctima es la misma institucionalidad y cuestionada democracia. ¿No eran ellos en principio los victimarios? Este síntoma es reprochable, a lo menos dudoso. Existe una antigua anécdota entre el artista español Pablo Picasso y un oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial en Paris. Este último anonadado por caos al ver el famoso Guernica de Picasso preguntó: ¿esto lo ha hecho usted?, a lo que Picasso respondió: ¡No, Ustedes lo hicieron! De esta misma manera han colaborado estos victimarios con su victimización actual, si hace exactamente un año quedaba al descubierto la venta ilegal de armas por parte de oficiales del ejército a grupos narcotraficantes del país, ahora señalan a estos mismos grupos delictuales como señuelos para desviar la atención de las demandas y constituir las bases de la ofensiva derechista.
El rol de militares y desclasados en la violenta represión de Piñera
Piñera y el impulso de estas leyes pretenden endosarle al legítimo proceso de movilización (cohesionado y masivo como lo es el levantamiento de masas que se suscitó desde el 18 de octubre) una violencia producto de desigualdades, individualismos e injusticias del propio sistema capitalista. Existen algunas denuncias que militares e incluso carabineros permitieron, o a lo menos, actuaron con displicencia en episodios de saqueos en Santiago y regiones. Habrá que reevaluar la funcionalidad que algunos sectores desclasados y actos delictuales, como los saqueos, representan para el gobierno.
La historia nos muestra cómo capas oprimidas (consientes o no de su condición y posición dentro de la lucha de clases) han jugado un rol desmovilizador ante levantamientos obreros, por ejemplo el lumpen-proletario que describió Marx en el “18 brumario de Luis Bonaparte”. En ese entonces, el proletariado contestó a una declaración de la Asamblea Nacional Constituyente con la insurrección de junio (heroica insurrección de los obreros de París entre el 23 y el 26 de junio de 1848) los obreros fueron masacrados por la república burguesa, apoyada entre otros por el lumpen-proletariado que jugaron un activo rol en esta represión. Actualmente en Chile, estos elementos desclasados de la sociedad (lumpen-proletario) juegan un rol desmovilizador. Sin embargo, hoy es el gobierno que articula esta violencia individualista, exenta de conciencia de clase de un pequeño número de personas, procurando instaurar un discurso contra toda manifestación callejera. El lumpen hoy actúa diferente, pero cumple la misma funcionalidad de perjuicio para la noble y justa movilización iniciada en Octubre.
Estos elementos juegan un rol inerte en la reivindicación del movimiento de trabajadores, jóvenes y mujeres en el país, y son por ahora únicamente conducidos por aquellas enajenaciones fundamentales del capitalismo antes mencionadas, transformándose en la forma personificada de la violencia sistémica (objetiva). Así, la irrupción en la escena política de estos pequeños grupos de saqueadores ha servido para que el gobierno utilice más radicalmente la violencia contra el movimiento y sin problemas accione métodos represivos contra la movilización. Represión que recibió apoyo casi unánime desde el Frente Amplio y la “oposición” para aprobar leyes que tipifican como delitos las ocupaciones de terrenos, tomas de inmuebles, barricadas y autodefensa que fue expresada de manera general en las últimas semanas.
Además el Estado y su actual gobierno se desligan de esta capa desclasada, como no queriendo reconocer a un hijo indeseado, y que ahora sólo la utiliza para respaldar su urgente violencia por aplicar sobre los y las trabajadores y jóvenes chilenos. ¿Será mera casualidad que el RN Karim Chahuán sea líder de una agrupación delictual dedicada al saqueo el La Calera? Ahora resulta que no les basta con los millonarios saqueos de los casos “Pacogate”, “Milicogate”, “Penta+SQM”, “AFP”, los pollos y el confort. Ahora también policías, militares y políticos de derecha se permiten el “saqueo menor”. No ha existido una institucionalidad ni costumbre democrática, ello llevó a una eclosión de la violencia generalizada que pretende ser apagada con más bencina por parte de autoridades del poder legislativo y ejecutivo.
La desatada violencia irracional (subjetiva) no puede, después de un mes y medio, ser la estrategia fundamental de respuesta a la violencia de Estado, Militar y Policial, puesto que esto prepararía las bases para la ofensiva de Piñera. El mensaje de miedo es claro desde el gobierno, ellos temen la paralización o toma de algunos edificios e infraestructura funcional, de ahí la histeria a la que han entrado por apurar la salida desde los cuarteles de los militares. La comisión de constitución del senado aprobó así una reforma constitucional, otorgándole a Piñera una “hoja en blanco” para estipular un uso de la fuerza particular para este caso. Quieren sentenciar la “normalidad democrática”, condenando cualquier tipo de violencia, que incluye la de una pequeña y amorfa casta lumpen-proletaria y también la lucha de clases contra los mismos capitalistas.
Para combatir las políticas represivas, ¡Métodos de lucha revolucionarios!
La historia de Chile pasada y reciente, sabe de los ilícitos, crímenes e impunidades que se adscriben al ejército chileno, esto está muy presente en la conciencia de los movilizados en Chile. Los recientes hechos de violencia, los chalecos amarillos, enfrentamientos en centros comerciales entre civiles, y acciones desclasadas de un pequeño grupo de personas o lumpen, ha reorganizado las posiciones de lucha de trabajadores y estudiantes y reacción de la burguesía. El análisis sobre la violencia no debe caer en fundamentalismos, esta debe en todo momento ser analizada minuciosamente por el método marxista. La famosa “1era línea” en manifestaciones es un ejemplo claro de una natural y espontánea lucha, que complementó certeramente todos los elementos de autodefensa que emanaron desde el día 1 de movilización. Como marxistas nos alejamos de la violencia espontánea, y voluntarista como único y elemental método de lucha, pero sobre todo rechazamos un sistema violento y todas sus aplicaciones sobre el movimiento obrero, estudiantil y su entorno de vida. No defendemos en ningún caso la propiedad privada burguesa, ni aceptaremos que se ataque a quienes luchan por una vida más digna.
Lo que requiere justamente el movimiento es la continuidad y unidad de los métodos que la clase obrera tiene para hacer frente a la violencia ejercida y endosada por parte del reaccionario parlamento y presidente chileno. Marx señaló en El Capital, cómo los obreros empíricamente comprendieron la distinción elemental de los métodos de lucha y resistencia, entendiendo la “necesidad en desviar sus ataques de los medios materiales de producción para dirigirlos contra su forma social de explotación” (Marx, 1867). En este sentido, para los marxistas, cualquier consideración de una ofensiva (violenta) pasa por una inmediata necesidad de autodefensa, y nuestra ofensiva actual de resistencia es la unificación y organización de las bases territoriales con una perspectiva de toma del poder representado en asambleas coordinadas a nivel nacional.
Junto con ello, la huelga permanente y la educación constante entre las masas entregarán las herramientas elementales para posicionar a la clase obrera y todos los oprimidos por el sistema, ante la posibilidad real de transformación de la sociedad. Se sabe que antes los raros hechos de saqueos, Sebastián Piñera y su acompañante aparato burgués quiere avanzar e imponer límites al desarrollo del movimiento popular, de estudiantes y trabajadores. Repudiamos la agenda represiva del gobierno que sólo busca criminalizar y reprimir los métodos de autodefensa que la clase obrera tiene para organizar una justa lucha.
Atacar la autodefensa del movimiento con violencia y miedo es el arma más efectiva del Estado, pero lo que es necesario es una concientización y explicación de las debilidades del sistema y las fortalezas de la organización de bases y todos quienes han sido desfavorecidos por el capital. El pueblo no ataca al pueblo!
Rechazo absoluto a la ofensiva legislativa y militar del gobierno. Fuera PIñera!
Hacia una coordinación nacional de Asambleas territoriales, las calles y asambleas no se dejan!
Organización de las bases para que gobiernen los trabajadores, por la democracia directa!
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