En Argentina se producen anualmente decenas de miles de accidentes laborales que afectan al 10% de la fuerza de trabajo, con un promedio de 1.000 trabajadores fallecidos cada año, una de las tasas más elevadas del mundo. No sólo con nuestro sudor y nuestras lágrimas amasan fortunas los capitalistas argentinos y extranjeros, sino también con la sangre de miles de obreros en años de explotación.
Al gusto de la patronal
En Argentina se producen anualmente decenas de miles de accidentes laborales que afectan al 10% de la fuerza de trabajo, con un promedio de 1.000 trabajadores fallecidos cada año, una de las tasas más elevadas del mundo. No sólo con nuestro sudor y nuestras lágrimas amasan fortunas los capitalistas argentinos y extranjeros, sino también con la sangre de miles de obreros en años de explotación.
Sin embargo, los cambios anunciados por el gobierno en la Ley de Accidentes de Trabajo suponen un alineamiento con las tesis patronales. Aunque se propone una suba de los topes indemnizatorios (escandalosamente bajos tras la reforma menemista en los 90), se plantea la opción excluyente de que el trabajador deba elegir entre cobrar la indemnización del sistema o reclamar ante la Justicia Civil (lo que deja al trabajador en una situación de indefensión ante la posibilidad de perder el juicio o que la justicia decrete una indemnización menor a la tarifada por el sistema, además de que si gana el juicio se le descontará lo cobrado por incapacidad laboral transitoria y la atención médica brindada por la ART). Además, la indemnización será menor en el caso de que el trabajador se accidente en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo (como si las necesidades vitales del trabajador fueran distintas según el lugar donde se accidente), y no se plantea un agravamiento de multas o sanciones a la empresa sin ésta incumple las normas de seguridad e higiene en el trabajo (estimulando así a los empresarios al incumplimiento de las mismas, ahorrándoles las inversiones necesarias). Por último, el borrador contempla la creación de comités mixtos patronal-sindicatos, pero sólo obligatoriamente para empresas con más de 100 trabajadores, dejando en la más completa indefensión a los trabajadores de empresas pequeñas, la mayoría. Ante el contenido del presente borrador no sorprende que el presidente de la UIA, Héctor Méndez, afirmara que el borrador del Gobierno contempla razonablemente los requerimientos empresarios (Clarín, 8 agosto 2006).
Esta situación de indefensión de los trabajadores no hubiera llegado tan lejos de no ser por la podredumbre de la dirigencia sindical que tenemos en la mayoría de las empresas. Los dirigentes de la CGT, correctamente se han opuesto a estos puntos del borrador, pero no organizan a la clase para imponer cambios en la legislación de la única manera en que los trabajadores hemos podido avanzar en nuestros derechos: con la lucha.
La necesidad de luchar por un modelo sindical diferente: clasista y democrático, como el que propicia el MIC no se justifica solamente para alcanzar mejores salarios y trabajar menos horas, y para hacer avanzar la conciencia general de la clase hacia una sociedad sin explotadores ni explotados, sino también para salvar nuestra propia vida en el lugar de trabajo.
