Bolivia: la crisis revolucionaria alcanza su punto álgido

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El martes 31 de mayo toda una serie de marchas y manifestaciones con decenas de miles de personas rodearon el parlamento boliviano. En la tercera semana de protestas, manifestaciones y bloqueos de carreteras, 100.000 trabajadores, mineros, campesinos, la población de El Alto, profesores, etc., desahogaron su furia en el centro de La Paz. Era el día en que supuestamente el parlamento reanudaría sus sesiones. Las masas de trabajadores y campesinos no llegaron allí sólo para presionar a los parlamentarintarios, sino más bien para garantizar el cumplimiento de su principal reivindicación: la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos.

La actual oleada revolucionaria de Bolivia comenzó hace cuatro semanas cuando el parlamento aprobó la Ley de Hidrocarburos que aumentaba las regalías y los impuestos. Esta ley era demasiado para las multinacionales y muy poco para el movimiento de masas de trabajadores y campesinos, un movimiento que lleva luchando por la nacionalización desde octubre de 2003. En aquel momento consiguieron derrocar al presidente, Sánchez de Lozada, pero como los líderes del movimiento no tenían una alternativa clara, Lozada fue sustituido por el vicepresidente Mesa. Durante el último año y medio Mesa ha estado intentando maniobrar, por un lado, entre los intereses de la oligarquía y las multinacionales y, por el otro, con la formidable presión del movimiento de masas. La Ley de Hidrocarburos aprobada a principios de mayo era el reconocimiento de la impotencia e incapacidad de reconciliar esos intereses irreconciliables.

Incluso los dirigentes del MAS, que habían sido el principal punto de apoyo del gobierno Mesa, fueron obligados por miles de campesinos a convocar manifestaciones y una marcha a la capital, La Paz, a 190 kilómetros de distancia. El 23 de mayo la marcha de campesinos llegó a La Paz y se unió a la población de El Alto (que lleva en huelga indefinida desde entonces), a los mineros (que cancelaron su congreso para unirse a la protesta), a los profesores urbanos y rurales (también en huelga), a los estudiantes de la Universidad de El Alto y a otros sectores. El líder del MAS, Ramón Loayza, tuvo que admitir que habían sido “superados por las bases” y dio al parlamento cuatro días para nacionalizar las reservas de gas natural y convocar la asamblea constituyente. Si no se hacía esto amenazó con que “cerraremos el parlamento”.

Por otro lado, la oligarquía amenazó a Mesa diciendo que ellos declararían una “autonomía” unilateral en las regiones orientales del país (Tarija, Santa Cruz, etc.) Calculan que con esto podrán llegar a sus propios acuerdos separados con las multinacionales para la explotación de las reservas de gas, localizadas principalmente en estas regiones.

Suspendido en el aire, con la oposición del movimiento de masas de trabajadores y campesinos, y de los principales representantes de la clase dominante, Mesa ha intentado en los últimos días apelar al ejército. En un discurso ante las fuerzas armadas defendió su derecho a no someterse a los tribunales civiles con relación a los trabajadores y campesinos asesinados en las insurrecciones de febrero y octubre de 2003. También recordó a todos que el presidente tiene el derecho de utilizar el ejército. Pero incluso dentro del ejército la situación para Mesa no está clara. La semana pasada dos oficiales de alta graduación hicieron una declaración pública pidiendo la dimisión de Mesa, la nacionalización del gas natural y la formación de un “gobierno del pueblo”.

Esta situación de empate entre las clases, donde el poder real está en las calles, se pudo ver gráficamente en los acontecimientos del 31 de mayo. El parlamento se suponía que debía empezar la sesión al mediodía. Pocos parlamentarios llegaron al edificio del congreso. Los parlamentarios de Santa Cruz y otras regiones orientales se negaron a asistir a la sesión si no había un acuerdo previo que reconociera los referéndum de “autonomía” que han convocado para el 12 de agosto. El presidente del parlamento, Vaca Díez, alineado firmemente con los intereses de la clase dominante y propuesto por algunos como un sustituto del cada vez más débil Mesa, fue sólo unos minutos, después se fue y no regresó.

Mientras tanto, los dirigentes del MAS acusaron a la fracción de derecha del parlamento de intentar organizar un golpe de estado con Vaca Díez a la cabeza. Evo Morales siempre ha jugado la carta de conseguir el poder dentro de los límites de la desacreditada democracia capitalista y ha mostrado entusiasmo por conseguir un parlamento llamado asamblea constituyente. La realidad es que esto es algo que Mesa está dispuesto a conceder, como una forma de desmovilizar a un sector importante de los manifestantes. Si el parlamento aprueba una ley convocando la asamblea constituyente, Morales y los dirigentes del MAS inmediatamente pedirían a sus seguidores que regresaran a casa. Mesa estaría cómodo con este resultado porque desmovilizaría el movimiento de masas (o eso cree) sin tener que dar ninguna concesión a la principal reivindicación de las masas: la nacionalización de los hidrocarburos.

Ayer Evo Morales llegó incluso a garantizar personalmente la seguridad de todos los parlamentarios que quisieran participar en la sesión. En un intento de cuadrar el círculo, intentó convencer a la oligarquía de que la convocatoria de la asamblea constituyente no contradice los deseos de la autonomía regional. En realidad, para las masas de campesinos que todavía siguen a los dirigentes del MAS (y muchos de ellos están ahora más a la izquierda que la dirección), si la asamblea constituyente significa algo es precisamente la nacionalización del gas, el poder en manos del pueblo, es decir, de los trabajadores y los campesinos. Para los oligarcas orientales “autonomía” significa control de los recursos del gas para podérselos vender a las multinacionales. ¿Cómo se pueden reconciliar estos dos intereses opuestos entre sí?

Mientras que las masas de trabajadores y campesinos rodean el parlamento para intentar cerrarlo, Evo Morales y los dirigentes del MAS intentan apuntalar el desacreditado parlamento capitalista, ¡cuando ni siquiera la propia clase dominante está muy entusiasmada con él! Jaime Solares, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), amenazó con que si el parlamento no aprueba la nacionalización del gas, entonces “quemaremos el parlamento”. Al final, la sesión parlamentaria terminó por la noche, muy tarde, con sólo 66 de los 157 parlamentarios presentes. No fueron capaces de llegar a un acuerdo en nada.

Mesa en realidad está suspendido en el aire. Acusó al líder de la COB, Jaime Solares, y a uno de los dirigentes de la Confederación Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, de subversión y sedición para derrocar al gobierno, pero fue totalmente incapaz de detenerlos. En este momento concreto es poco probable que pueda utilizar el ejército contra las masas porque, como ocurrió en octubre de 2003, esto radicalizaría aún más al movimiento y precipitaría su caída (aparte de que no está claro que el ejército cumpliera sus órdenes).

El poder real está en realidad en manos de las masas de trabajadores y campesinos en las calles. Incluso el parlamento burgués sólo puede reunirse con el permiso de las masas que lo rodean. El problema principal ahora, como en octubre de 2003, no es la fuerza del movimiento de masas (que crece con la extensión por todo el país de la huelga general y los bloqueos de carreteras) o su disposición a luchar. El único factor ausente es la dirección con una estrategia clara de cómo tomar el poder. En octubre de 2003 los mineros, los trabajadores y los campesinos rodearon el parlamento y derribaron el gobierno. Pero sus dirigentes (Solares y Quispe en aquella época) no sabían cual era el siguiente paso, ni tenían una idea clara de lo que sustituiría al parlamento burgués, al final el poder se les fue de las manos y regresó a Mesa. La oportunidad se perdió. Ahora las masas han pasado por la experiencia del gobierno Mesa. Sectores importantes del movimiento (trabajadores, sindicalistas, la población de El Alto) ya han dejado claro que están luchando por un “gobierno de obreros y campesinos”. Incluso estos, principalmente los campesinos dirigidos por el MAS que apoyan la convocatoria de una asamblea constituyente la ven como una forma de gobierno de los campesinos y los trabajadores, donde ellos tomarán las decisiones.

La cuestión crucial es ¿cuál es el siguiente paso para el movimiento obrero? La consigna principal debería ser la convocatoria de una Asamblea Popular Revolucionaria, formada por representantes elegidos en todos los sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones vecinales, etc., y esta asamblea tomaría el poder en sus manos. Esta es la única estrategia que puede ofrecer una salida en este momento concreto.

El capitalismo boliviano está en tal situación de crisis que un gobierno democrático burgués normal no puede ya contener el movimiento revolucionario de las masas. O los campesinos y los trabajadores toman el poder en sus manos o la clase dominante utilizará uno u otro truco para retomar el poder y aplastar el movimiento de la forma más brutal.