Los graficos que se muestran en esta página son elaborado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y evidencian datos alarmantes.
Solo el 45% de los afiliados a las AFP cotizan regularmente. Un trabajador sigue siendo afiliado a una AFP aun si perdió su empleo o si el empleador no deposita las cotizaciones. A partir del año 2000 el porcentaje de cotizantes sobre afiliados ha ido paulatinamente reduciéndose. Esto es clara muestra que la patronal, frente a la crisis de 1999 y las movilizaciones que se vivieron en el país a partir de aquellos años, ha ido saboteando nuestra seguridad social. El dispararse de la mora con las AFPes está impidiendo su nacionalización, ya que el gobierno exige a las actuales administradoras privadas cobrar primeramente todas las cotizaciones.
A partir del sistema de capitalización individual, nuestras cotizaciones han servido para financiar el déficit público y algunas empresas. Los fondos eran invertidos en deudas del TGN. Sin embargo el gobierno ha ido renegociando esta deuda, convirtiéndola en deuda a largo plazo y con tasas de interés que se han reducido del 8 al 3 por ciento. Esto ha ocasionado el colapso de la rentabilidad de nuestros aportes. Por efecto de aquello, un trabajador debe laborar por lo menos unos 2 años más para poder conseguir, sobre la base de sus aportes, una jubilación del 60% de su salario como manda la nueva Ley.
Todo lo positivo de la nueva Ley de Pensiones está en vilo. La reducción de la edad para jubilarse, la nacionalización de las AFP y el aumento de las jubilaciones quedarán en papel si no se interviene modificando la Ley. Si el gobierno no interviene y la COB no plantea estas modificaciones, los problemas aquí señalados convencerán a una capa de trabajadores que incluso era mejor antes y que el problema es la nacionalización misma.
Es necesario
- Replantear el tema del aporte tripartito contra el sistema de capitalización individual
- Dotar a los trabajadores de las prerrogativas de fiscalización para impedir el sabotaje patronal.
- Apertura de los libros de cuentas de las empresas a los delegados democráticamente elegidos y revocables en cualquier momento de los trabajadores.
- Que estos delegados tengan todo el poder de sancionar a las empresas que no cumplan con la seguridad social