El 26 de diciembre, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, determinó la prisión efectiva del compañero César Arakaki, ocho años después de su detención en el marco de la represión desatada por Patricia Bullrich contra las multitudinarias movilizaciones de diciembre de 2017, que se oponían a la contra reforma previsional impulsada por el gobierno de Macri.
La resolución de la Cámara sobre el fallo que había condenado a César Arakaki a la pena de 3 años y 4 meses constituye un nuevo atropello a las libertades democráticas más elementales. Este proceso, plagado de arbitrariedades e irregularidades durante años, no puede desvincularse de la intención de disciplinar a los sectores más conscientes de la clase trabajadora y la juventud, que se organizan contra el ajuste, una política que desde hace años recae con fuerza sobre los hombros de la clase obrera y que ha alcanzado niveles de violencia inéditos en el último período
Recientemente, Milei firmó un decreto junto con los ministros de Defensa y Seguridad que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, contra cualquier organización que el gobierno califique como criminal o terrorista, en un contexto donde las movilizaciones populares son frecuentemente asociadas con el terrorismo por el propio gobierno.
Patricia Bullrich habló de un intento de “golpe de Estado” ante las movilizaciones que se oponían a la nefasta Ley Bases. También dijo que los estudiantes universitarios iban “a ir con molotovs” a la marcha en defensa de la educación pública ya que “quieren generar una revuelta y desestabilizar”.
Esta sentencia busca disciplinar al activismo en un momento en que Milei, sostenido por el régimen político en su conjunto, continúa avanzando en la destrucción de la salud, el empleo y la educación, con el objetivo de beneficiar a grandes grupos económicos y pagar la fraudulenta deuda con el FMI. La burguesía en el poder se está preparando estratégicamente para el período que se avecina. La necesidad de imponer el ajuste capitalista la lleva a endurecer la violencia.
La represión estatal, basada en “destacamentos especiales de hombres armados”, se complementa con el parlamento, la constitución, las instituciones del Poder Ejecutivo nacional y provincial, y el Poder Judicial, con su entramado de tribunales nacionales y provinciales, todos diseñados para defender no solo la propiedad privada de los medios de producción, sino también imponer las necesidades políticas y económicas de la clase dominante
Por esto mismo, la única posibilidad de derrotar la represión estatal y defender nuestros derechos democráticos y reivindicaciones sociales pasa por llevar adelante, más allá de los límites del trabajo parlamentario y las elecciones, la lucha por la defensa del salario y las condiciones de vida y trabajo. Esta lucha debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, es decir, hacia la necesidad de un gobierno de trabajadores que ponga en pie una nueva legalidad. No basada en los intereses de una minoría de empresarios, banqueros y terratenientes, sino en los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
No es posible confiar en la Corte Suprema, que forma parte del engranaje de represión y persecución. Es necesario difundir y coordinar acciones por la absolución de Arakaki en cada sindicato, fábrica, lugar de trabajo, barrio, escuela o universidad, y tomar esta lucha en nuestras propias manos, ya que este nuevo ataque representa una condena contra toda la clase trabajadora que lucha en las calles
