En el término de un mes dos casos de violación sobre mujeres incapaces, en los que ambas víctimas resultaron embarazadas, fueron instalados en la opinión pública por los medios masivos de comunicación. La discusión principal versó acerca de si era justo o no que se interrumpieran los embarazos. Nada, o muy poco, se dijo acerca de los violadores. Hubo gritos de condena contra quienes asesinan a un feto, pero obviaron pedido de sentencia para aquellos que abusaron de la indefensión absoluta de lase las dos víctimas. En el término de un mes dos casos de violación sobre mujeres incapaces, en los que ambas víctimas resultaron embarazadas, fueron instalados en la opinión pública por los medios masivos de comunicación. La discusión principal versó acerca de si era justo o no que se interrumpieran los embarazos. Nada, o muy poco, se dijo acerca de los violadores. Hubo gritos de condena contra quienes asesinan a un feto, pero obviaron pedido de sentencia para aquellos que abusaron de la indefensión absoluta de las dos víctimas.
Casos que ni siquiera debieron llegar a estrados judiciales, en tanto el aborto se encuentra permitido expresamente en los casos de violación a mujer demente (Art. 86, inc. 2 del Código Penal), se vieron envueltos en una maraña jurídica que lejos de proteger a las victimas reiteran sobre ellas vejámenes de orden legal.
No deja de llamar la atención que en un país donde la desprotección de la niñez es cosa diaria (trabajo infantil, desnutrición, mortalidad, etc.) en uno de los casos, la defensoría de menores tomara de oficio y rápidamente cartas en el asunto, frenando la intervención quirúrgica; en el otro una ONG se entromete vía judicial en el mismo sentido. La Iglesia por supuesto, contribuyó con su presión a dilatar el fallo. En un debate más amplio, tales expresiones no hacen sino reforzar concepciones de género que pretenden desviar un debate más profundo que hace a la necesidad de garantizar educación sexual, anticoncepción gratuita y el derecho al aborto.
Mientras en lo discursivo el Ministro de Salud, Ginés González García, se muestra a favor de despenalizar el aborto, entendiendo que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en los hechos ningún proyecto de ley han enviado al Congreso donde tienen la mayoría del cuerpo.
El embarazo no deseado es una realidad, que muchas resolvemos de hecho. Así lo demuestra la cantidad de 500.000 abortos clandestinos que se estima se realizan en el país anualmente. La realidad también indica que sólo las mujeres de la clase trabajadora mueren, o tienen severas complicaciones, por las condiciones en que realizan el aborto.
Por ello es imprescindible que las mujeres trabajadoras, junto a nuestros compañeros, exijamos, con organización y lucha: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y derecho al aborto legal para no morir.
