El derecho de la mujer a decidir si tiene o no un hijo y cuándo tenerlo es la esencia de los derechos reproductivos. Sólo la mujer, al verse enfrentada a un embarazo no deseado, puede decidir si desea continuar o no con su embarazo. Deben tener autonomía, es decir, decidir sobre sus propios cuerpos y sin que la sociedad o instituciones las condene, ni la justicia, ni el Estado, ni la Iglesia decidan sobre sus cuerpos y su futuro.
Este problema afecta de manera más aguda a las mujeres y jóvenes de la clase obrera al tener más dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos, al carecer de la plata sufientes para abortar en una clínica con garantías, en Argentina o en el extranjero, y por los problemas socioeconómicos del embarazo, que afectan más a las familias trabajadoras (desocupación, bajos salarios) que provocan más dificultades para alimentar y cuidar decentemente a sus hijos que las mujeres de clase media o burguesas.
Hoy en la Argentina se producen entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Si tenemos en cuenta que en el país existe un promedio de 650.000 nacidos vivos al año, se deduce que, como mínimo, se produce un aborto por cada dos embarazos que llegan a término. Y esto culmina en que son más de 400 mujeres las que mueren, mientras otras 15.000 sufren graves secuelas de salud por causa de estos abortos clandestinos
No solo se sufren daños, sino que hasta un aborto mal realizado provoca la muerte. Aquellas que no tienen los medios económicos para acceder a la red clandestina de consultorios y clínicas donde los médicos realizan abortos con un precio que oscila entre los 500 y los 1500 pesos, e incluso más, son quienes sufren estas consecuencias.
El derecho al aborto debe acompañarse de una real y efectiva aplicación de una ley de salud reproductiva que garantice información, educación sexual y acceso gratuito a los distintos métodos anticonceptivos a todas las mujeres sin distinciones. Llevando acabo un eficiente programa de salud reproductiva el porcentaje de abortos descendería. Pero en el caso en que fuera necesario practicarlo se debería contar con su legalización, como también con las condiciones médicas adecuadas para realizarlo.
Desde el punto de vista penal el aborto está encuadrado como delito "contra la vida", que se castiga con prisión que va de tres a diez años para los que causaran un aborto y de uno a cuatro años a las propias mujeres involucradas. Solo esta contemplado en el caso el violación, si la mujer es discapacitada mental, si está en riesgo la vida de la madre y si el feto tiene malformaciones.
La despenalización y su legalización fue causa de numerosas marchas por parte de organismos de derechos humanos, partidos políticos y movimientos feministas como también bloques piqueteros.
Pero desde una sociedad manejada por instituciones conservadoras como la iglesia, el estado, etc., no permitirán que se comentan "crímenes" como así lo consideran el aborto. Solo en una sociedad libre, igualitaria, socialista se podrá tener derecho sobre el cuerpo libremente sin que nadie juzgue ni prohíba nada.
