El 17 de mayo comienza el juicio oral por la masacre del Puente Pueyrredón, de la que ahora se cumplen 3 años. Sin embargo, dudamos que este juicio clarifique las verdaderas responsabilidades materiales e intelectuales de la masacre.
Denunciamos la impunidad de los responsables políticos y materiales
El 17 de mayo comienza el juicio oral por la masacre del Puente Pueyrredón, de la que ahora se cumplen 3 años. Sin embargo, dudamos que este juicio clarifique las verdaderas responsabilidades materiales e intelectuales de la masacre.
Sólo algunos de los policías responsables de los asesinatos y heridos (unos 15) estarán sentados en el banquillo. Por supuesto alegarán que actuaron por orden de sus superiores para mantener la seguridad del orden establecido como mandan las leyes y así conseguir la reducción de la calificación del delito durante el juicio.
Los acusados como responsables intelectuales y políticos de la masacre no están imputados en la causa, como Duhalde, Juan José Álvarez, Solá, Alfredo Atanasof, Jorge Vanossi, Carlos Soria, Oscar Rodríguez y Luis Genoud, que continúan desempeñando cargos públicos. Al ser citados para declarar se refugiaron en sus fueros para no asistir al juicio ni responder las preguntas de los abogados de las víctimas, limitándose a contestar por escrito.
Además, el Tribunal ordenó a los abogados de las víctimas reducir a un tercio la cantidad de testigos obligados a declarar en el juicio, dejando fuera a gran parte de los responsables políticos de la masacre, con la excusa de que no prestaron declaración durante el proceso de instrucción. Pero el Tribunal pretende desconocer que fue el fiscal de la causa, Bernardo Shell, quien se negó a citarlos, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido de los abogados querellantes, impidiéndose así avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas de los asesinatos.
Para mayor escarnio, paralelamente comenzará el juicio oral contra el compañero Hernán Gurián, acusado de atentado a la autoridad por haber defendido a sus compañeros en el Hospital Fiorito durante la represión.
Debemos acompañar las movilizaciones de los familiares y compañeros de las víctimas, para obligar a los jueces a ir hasta el fondo en esta causa mientras que denunciamos las limitaciones y el carácter de clase de la justicia y sus connivencias con el poder político y económico.
