CHABÁN Y MARIA JULIA: CAPITALISMO ES CORRUPCION MÁS IMPUNIDAD

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La lucha por la verdadera justicia esta indisolublemente vinculada a la lucha por transformar la sociedad de forma tal que las palancas fundamentales de la economía y el estado no estén en manos de un puñado de parásitos sino bajo el control democrático de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados. En agosto de 2003 el Juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de Maria Julia Alsogaray, luego de procesarla por peculado, defraudación, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego de 21 meses en prisión, el tribunal oral Nº 6 le concedió, el beneficio de libertad provisional (excarcelación) en la causa en la que se investiga el pago de millonarios sobreprecios en la refacción del edificio de la secretaria de recursos naturales. Paralelamente otro tribunal le concedió igual beneficio en el expediente relacionado con la publicidad del plan nacional de manejo del fuego haciéndolo bajo caución juratoria es decir sin pago de fianza.

Omar Chabán empresario responsable del boliche República Cromañón fue en su momento procesado por homicidio simple con dolo eventual en forma reiterada (193 casos) con el argumento de que desde su posición de organizador del show de la agrupación callejeros y responsable del boliche conocía los riesgos que se asumían y pudo haber evitado que se desencadenara la tragedia .

En la semana pasada, dos días después de la liberación de Maria Julia, en un fallo dividido, la sala quinta en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió conceder la excarcelación a Omar Chabán, fijando para ese beneficio la condición previa del pago de una fianza de 500.000 mil pesos. Sin embargo éste, aconsejado por su defensa, no materializo su libertad aduciendo que espera que la decisión quede firme.

Maria Julia estuvo muchos meses en prisión transitando esa privación de libertad con perfil bajo. El sábado 23 de abril el diario La Nación publico una carta enviada por ella en la que denunciaba el pago de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem. Fue esa circunstancia la que movió el precario equilibrio que existía sobre el tema, siendo la imputada sorpresivamente objeto de atenciones mediáticas y judiciales que se coronan con el beneficio excarcelatorio y la paralela reactivación con el llamado a indagatoria a tres ex ministros menemistas en la causa judicial que hasta entonces dormía el sueño de los justos. Es evidente que la ex polifuncionaria ha logrado presentarse como la victima expiatoria de la corrupción menemista.

Con estas dos libertades la burguesía fijo nuevamente, y como lo viene haciendo desde que pudo equilibrar la relación de fuerzas quebrada el 19 y 20 de Diciembre de 2001, la agenda pública de la situación nacional. Orientando a los medios y valiéndose de la funcionalidad del poder judicial centró la atención sobre aspectos secundarios de la política superestructural con menoscabo intencional de la situación económica y social que se encuentra enmarcada por la puja distributiva del excedente social producido por la clase trabajadora en el curso de los últimos dos años sobre la base de la extensión de la jornada laboral, la intensificación de los ritmos de trabajo y el proceso combinado devaluación-inflación regulada, y la extensión geográfica de las luchas reivindicativas y por aumento de salario.

La liberación de Maria Julia Alsogaray y luego la posibilidad –por ahora resignada- de conceder el beneficio de libertad provisional de Omar Chabán, y la trascendencia mediática que se les asignó construyendo artificialmente un debate público generado en su consecuencia, hacen presentir el montaje de una estrategia que permitirá en lo futuro instalar el marco adecuado para una liberación no traumática y revelan como primera aproximación en el análisis una tendencia enmarcada en la imposibilidad para el conjunto de los sectores explotados de ver las cosas en perspectivas, de poder detenerse a darle a cada una de ellas su justa dimensión para no quedar apresados en un juego de cataratas de noticias que nos hacen en definitiva no comprender ninguna .

No resulta ocioso recordar que el 24 de febrero del 2000, la Cámara de Diputados votó la media sanción de reforma de la ley Laboral, proyecto que fue girado al Senado y el 26 de abril de 2000 obtuvo sanción definitiva . En agosto del mismo año algunos abogados denunciaron la existencia de sobornos a varios legisladores quedando a cargo del sumario el Juez Carlos Liporachi, luego despojado del sumario y procesado por corrupción actuando luego en su reemplazo Gabriel Cavallo.

Tres años después los 6,5 millones de dólares de fondo reservados con que se pagaron las coimas del Senado han quedado impunes por decisión de este último Juez, que fuera nombrado en esa condición unos años antes por el Consejo de la Magistratura a instancia del entonces presidente Fernando de la Rúa

En estos días Luis Zamora formuló una denuncia remarcando que entre los diputados que en 1991 aumentaron sus ingresos a través de montos provenientes de las partidas de gastos reservados aceptando el método de las sobredietas, se contaban el actual ministro Pampuro, el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el dirigente y precandidato del ARI, Carlos Raymundi y Carlos Chacho Álvarez.

Por lo demás los sobresueldos, a pesar de que se calculan en un monto de 4.000 millones de dólares en 20 años, son solamente una cifra menor si se la compara con las coimas que se pagan por las prestaciones en obras y servicios públicos o la cadena de incentivos fiscales a las automotrices, Aluar y el resto de las privatizadas.

Debe recordarse en ese sentido que han pasado nada más que pocos meses de que la opinión pública también mediatizada e ideologizada quería la cabeza de varios funcionarios por 60 Kg. de cocaína en los aviones de SW .

Los discursos periodísticos y la moralina eclesiástica que se activaron a partir de la carta de lectores de Maria Julia Alsogaray en el diario La Nación y su posterior liberación impulsaron el tema de los sobresueldos de los funcionarios públicos, alimentando nuevamente la imagen corrupta de los noventa, ocultando la continuidad básica del régimen que se expresa en el actual gobierno con aquel modelo de dominación. Mientras tanto las cuestiones auténticamente decisorias para los sectores explotados, como lo son, las características actuales del modelo de acumulación capitalista, la distribución de la riqueza, las condiciones laborales, el sistema impositivo, la propiedad y aprovechamiento de los recursos naturales, continúan siendo orientadas en interés de los sectores comprendidos en la función del capital industrial y financiero y la dominación monopólica

El uso de fondos reservados para el pago de sobresueldos es una forma de corrupción planificada y sistémica que no puede ser vista exclusivamente haciendo eje en Maria Julia Alsogaray, colocándola como un paradigma de una etapa de la vida nacional signada por la idea del botín de guerra en que se convirtió el Estado durante la administración menemista . Eso sería ocultar que esos sobresueldos son una forma de corrupción planificada y sistémica, funcional a la realización de la plusvalía en el modo producción capitalista y que tiene su continuidad funcional en la actual estructura del estado.

Acceder a posiciones del aparato estatal implica la posibilidad de hacer uso de las redes del poder y de influencias para obtener beneficios, sea por la vía de pagos, comisiones o cohechos, para facilitar la obtención de contratos públicos, etc. La corrupción no obedece a que el Estado se ha transformado en propiedad privada de los funcionarios. Obedece a que nunca dejó de ser propiedad colectiva de los capitalistas que se disputan el arbitraje de los funcionarios que les permitan el espacio para adquirir bienes públicos, ganar licitaciones y mercados.

En una etapa de cambio social como la que atraviesa Argentina, uno de los indicadores de la crisis de dominación del poder burgués es la quiebra de la confianza en “la Justicia” y el orden jurídico imperante, como resultante de un largo proceso de desencanto.

La Constitución de un Estado, las leyes y los códigos que en su consecuencia se dictan se exhiben, por la burguesía, ante los ojos de los trabajadores y el conjunto de los sectores sociales oprimidos como los reguladores formales del funcionamiento de una sociedad. Este dogma crea la ficción de la imparcialidad, inviolabilidad, e inmutabilidad del orden jurídico.

Se oculta de esta manera que el fenómeno jurídico, en última instancia, es la manifestación superestructural de las relaciones de clase y de producción de una sociedad determinada. Es pilar formal del poder burgués y de su Estado, no sólo porque regla su funcionamiento y pena las violaciones a la ley, sino porque arma todo el entretejido de argumentos que moldea la conciencia y la moral de toda la sociedad

Bajo el capitalismo la justicia defiende los intereses de clase de la Burguesía, pero en su fase de descomposición, de guerra y revoluciones (el imperialismo), lo jurídico está al servicio de los sectores más concentrados del gran capital. En el caso de Argentina es posible verificar en los fallos y sentencia la tutela al detalle que ejercen los grupos dominantes sobre los Jueces. El Poder Judicial como parte del aparato del Estado responde esencialmente al proceso económico, social y político, digitado y dirigido por el gran capital. Por las propias contradicciones de ese proceso los Jueces pueden incluso chocar contra los otros poderes y usar la figura de la independencia como recurso para potenciar fallos a la medida de sus verdaderos amos.

En ese aspecto los ingentes esfuerzos de Duhalde-Kirchner por recomponer la imagen con cambios de figuras y anulación de las leyes de punto final y obediencia debida no ha dado un resultado similar al reordenamiento político conseguido con el llamado a elecciones y la continuidad institucional del poder burgués. Cala hondo en el sentimiento general de los explotados que no son las leyes vigentes , ni los jueces quienes corporizan la existencia de un orden social justo, y que toda lucha por superar las paupérrimas condiciones de vida deberá enfrentar la política criminal que diseñan ese orden jurídico y concretizan los organismos judiciales.

Los dos cuerpos Judiciales que dispusieron en un caso la libertad de Maria Julia Alsogaray y en el otro habilitaron la excarcelación de Chabán, pusieron de resalto “la presunción de inocencia “ de la que goza según el ordenamiento legal todo ciudadano hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme de la que surge el derecho a permanecer en libertad durante todo el trámite de la causa, agregando que la limitación personal a la libertad durante un proceso penal desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada .

Sin embargo los medios ocultaron decir que el 75% de los presos en las cárceles bonaerenses y en igual proporción en el resto del país, están en idénticas condición que Alsogaray y Chabán, pero los Jueces no aplican el mismo criterio de darle la excarcelación e inclusive los legisladores abolieron no hace mucho tiempo la ley del dos por uno que facilitaba la excarcelación de presos sin condena firme.

Se explica de esta forma el carácter prevalentemente proletario y subproletario de la criminalidad puesto de manifiesto por las estadísticas judiciales, y al mismo tiempo permite comprender la ideología pequeñoburguesa que sustenta la sospecha dirigida a los componentes de esos sectores sociales, a quienes le asignan inclinaciones naturales a delinquir (repárese en este sentido en los frecuentes arrestos para individualizar a personas “en actitud sospechosa”, fundada sólo en su color de piel, el barrio o villa donde vive, su vestimenta, etc.) Y la alarma social disfrazada como “falta de seguridad”

La denuncia del carácter histórico y socialmente determinado de la criminalidad moderna, el carácter social de la responsabilidad penal y la consiguiente exigencia de una socialización integral del tratamiento penal son los ejes para avanzar en la construcción de hipótesis estratégicas de política criminal trazada desde la perspectiva del proletariado.

No puede haber verdadera justicia en una sociedad dominada por el interés privado de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes y sus agentes a sueldo en el Poder Judicial, la policía y el gobierno. El primero y más decisivo instrumento de una política criminal del movimiento obrero está constituido por la transformación de la estructura productiva y el control del poder del Estado por los trabajadores.

La lucha por la verdadera justicia esta indisolublemente vinculada a la lucha por transformar la sociedad de forma tal que las palancas fundamentales de la economía y el estado no estén en manos de un puñado de parásitos sino bajo el control democrático de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados.