La muerte del fiscal Alberto Nisman vinculado, desde 1997, a la causa que investiga la voladura de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) ocurrida en 1994, se enmarca dentro de una operación política que busca golpear al gobierno con claros aires destituyentes.
Más allá de las especulaciones judiciales acerca de lo sucedido en las últimas horas de vida del fiscal, es claro que su muerte está relacionada con los mismos sectores que impulsaron la falsa denuncia contra la presidente Cristina Fernández.
Haya sido un suicidio o un crimen (suicidio inducido) lo único que varía es la virulencia de la operación destituyente.
La operación de corte golpista incluye a una serie de actores que se alinean cumpliendo cada cual su rol, algunos como partícipes directos y necesarios y otros sumándose de manera oportunista de acuerdo a sus intereses políticos. Así vemos el trabajo combinado de sectores desplazados de la SI (Secretaria de Inteligencia) aliados a la mafia judicial que responden directamente a la embajada de los Estados Unidos, junto con los medios hegemónicos y los opositores políticos de derecha, montar conjuntamente una puesta en escena.
Santa alianza
La implicación de sectores desplazados de la SI, el 19 de diciembre pasado, se ve en la inverosímil denuncia presentada por Nisman, – alimentada por Jaime Stiuso ex jefe de la Secretaria de Inteligencia- acusando a la presidenta de ser parte de una organización criminal que le brinda soporte a supuestos terroristas iraníes.
Es altamente llamativo, a tono con la complicidad, que Stiuso todavía no haya sido convocado por el Poder Judicial para ser indagado luego de que Diego Lagomarsino, hiciera público “que el día anterior lo había llamado Stiuso y le dijo que se cuidara de la custodia y que, además, tuviera precaución con la seguridad de sus hijas”. (Página 12 – 22/01/15).
Diego Lagomarsino, ahora imputado por suministrar el arma que provocó la muerte del funcionario y que es “un feroz opositor al gobierno y hermano de un socio del estudio Sáenz Valiente del grupo Clarín”.(Telam – 26/01/15)
La participación del Alberto Nisman como un empleado a sueldo de la embajada estadounidense puede observarse nítidamente a través de los wikileaks que refieren que Nisman recibía instrucciones acerca de cómo llevar adelante la causa AMIA y qué es lo que debía hacer o decir (Página 12 – 20/01/15)
Por su parte, es de destacar también la participación de los medios hegemónicos como el Grupo Clarín S.A y La Nación S.A. No es un dato menor que los medios hayan primero preparado el terreno, días antes, en una operación que intentaba trazar una simpatía del gobierno con los atacantes de la revista Charlie Hebdo en Francia.
Actualmente, los medios se encuentran llevando adelante una serie de maniobras de guerra psicológica que se basa en una campaña de mentiras sistemáticas que tiene como fin apuntalar de manera totalmente artificiosa que Alberto Nisman fue asesinado por el propio gobierno que intentaba silenciar la participación de la Presidente en una conspiración terrorista.
Una versión burda que no resiste el menor análisis que contenga algo de seriedad y ampliamente negada por pruebas varias.
Por su parte, la oposición política de derecha dispersa, fragmentada y casi sin posibilidades de acceder al poder en las próximas elecciones se suma obedientemente a las versiones mediáticas comportándose como perros fieles y sumando a la confusión general a la que buscan arrastrar a la población.
La casta judicial
En los últimos tiempos aquellos sectores del establishment, que buscan hacer caer a este gobierno para sustituirlo por uno que responda de manera directa a sus requerimientos, han utilizado como ariete a la mafia judicial (que se ha mostrado más que activa utilizando todo tipo de artilugios legales para acosar al gobierno y favorecer a las corporaciones).
En los últimos años, el gobierno ha intentado con diversos proyectos y medidas democratizar el Poder Judicial y en general ha chocado contra la solida pared de la casta judicial que defiende sus privilegios con uñas y dientes.
Debemos repasar cuáles son los orígenes del Poder Judicial para comprender a qué intereses responde históricamente y cuál es el rol de la casta.
El Poder Judicial de la Nación (PJN) no nació para impartir justicia sino para crear y aplicar la superestructura jurídica que se deriva de las relaciones de clase y producción en la sociedad capitalista. La conformación de la primera Corte Suprema de Justicia en 1863, cuyos miembros eran de un marcado corte liberal, conservador, europeísta y acérrimos defensores de la propiedad privada lo comprueba en la práctica.
El Poder Judicial se construyó en nuestro país a imagen y semejanza de las necesidades políticas y económicas de la oligarquía porteña, la burguesía comercial y estancieril de Buenos Aires, que impuso a sangre y fuego un modelo de civilización capitalista semi-colonial, basado en la producción de alimentos y materias primas y de rodillas ante el capital comercial ingles.
Bajo el sistema capitalista, con su inherente desigualdad social, los jueces no son extraterrestres imparciales. Se reclutan casi en su totalidad en la clase alta y están vinculados por lazos familiares y económicos a la oligarquía, los grandes empresarios y banqueros, y responden generalmente a sus intereses.
La operación de la casta judicial, personalizada en este caso en el fiscal Nisman, nos señala la urgente necesidad de avanzar hacia la democratización del Poder Judicial (como por ejemplo, la elección y la revocabilidad popular de jueces y demás funcionarios judiciales) pero sabemos que una autentica justicia sólo se podrá asegurar a la par de la liberación social de las cadenas con que la gran propiedad perpetúa la desigualdad, en un proceso vinculado a la transformación socialista del sistema capitalista.
¿Secretaría de Inteligencia al servicio de quién?
Un actor clave en esta operación son los Servicios de Inteligencia del Estado, que cuenta con intereses propios y se encuentra ligado por diversos vínculos con la CIA o el MOSSAD.
Este órgano que forma parte del aparato represivo del Estado, actúa en relación a sostener los intereses geopolíticos de potencias extranjeras. A la vez que opera siempre en contra de los intereses del campo popular. En todos sus años de existencia no se le conoce otra función.
Es claro que la SI tiene y responde a sus propios objetivos y de la burguesía nacional, a la vez que es una pieza clave en la estructura del Estado. Por lo tanto la idea de una inteligencia estatal que responda a los intereses populares es algo que no tiene posibilidades de existir bajo el capitalismo.
El proyecto del Poder Ejecutivo de disolución de la SI, anunciado por cadena nacional, y su reemplazo por una Agencia Federal de Inteligencia, es un punto progresivo en el sentido que intenta poner un freno a la ex SIDE, atando la nueva Agencia a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos, y derivando las escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación. A la disolución de la SI se debería sumar la depuración de esta agencia, ya que no basta con separar parte de la cúpula y algunos funcionarios. Es por eso que nuestras demandas actuales deben pasar, también, por exigir la apertura de los archivos secretos clasificados por el Servicio de Inteligencia bajo control de las organizaciones populares y de derechos humanos.
Estas serían medidas paliativas porque debemos decir claramente que para que exista una Central de Inteligencia que responda a los intereses del campo popular es necesario romper con la maquinaria estatal capitalista, y construir un Estado que tenga como función garantizar la propiedad social de los medios de producción.
Los medios y la oposición política
El comportamiento de los medios de comunicación masivos se enmarcan nuevamente en el terrorismo mediático. Llevan adelante una manipulación burda y feroz de los hechos constituyéndose en un pilar clave en la maniobra desestabilizadora.
Desde sus múltiples y monopólicos canales de comunicación (TV, radios, portales de internet, revistas) son los encargados de generar confusión y engañar a millones de personas para moldear las opiniones a favor de empresarios, terratenientes y banqueros que necesitan de un gobierno adicto a sus intereses en el marco de una crisis capitalista mundial.
No debemos olvidar, que en definitiva, los medios son un pilar fundamental en el aparato ideológico de las clases dominantes.
Por eso, nuestro objetivo político debe ser que los medios de comunicación dejen de estar al servicio de los negocios privados, que pasen a propiedad estatal para garantizar su funcionamiento adecuado, y que sean puestos bajo control de los trabajadores y de la comunidad para garantizar su democratización y que no sean simples voceros de los gobiernos de turno y de los monopolios.
Un papel acorde a su servilismo juegan los opositores políticos de derecha del Frente Renovador, la UCR, el PRO o el FAUNEN que se han alineado de manera incondicional a las mentiras mediáticas sumándose a la intentona destituyente.
Su total dependencia y sumisión al aparato mediático que responde al poder concentrado de la burguesía y la oligarquía más rancia, no hace otra cosa más que exponerlos como enemigos del pueblo.
¿Cómo respondemos?
Llama la atención la tardanza en la respuesta ante los hechos por parte del gobierno, que se ha atado a la institucionalidad.
Si bien el proyecto de “disolución” de la SI es un golpe político de magnitud considerables, consideramos que la respuesta debe ser más amplia.
Mientras los sectores reaccionarios utilizan todos los medios, legales e ilegales, a su alcance para golpear y desestabilizar, los altos dirigentes del Frente Para la Victoria se limitaron, en principio, a realizar declaraciones enunciativas y a esperar que la investigación judicial sobre la muerte de Nisman aclare las circunstancias, luego vino la respuesta institucional que tendrá su epicentro en el Parlamento.
Es sabido que mostrar debilidad invita a la agresión, es por eso que la respuesta no puede ser sólo institucional sino que debe ser una respuesta que ponga fin a la maniobra destituyente.
Desde la Corriente Socialista Militante llamamos a dar una respuesta adecuada para hacer saltar por los aires las maniobras de quienes buscan arrasar con las conquistas obtenidas por los trabajadores en los últimos años. Debemos organizar ya mismo una potente movilización popular que desborde las calles y obligue a la derecha a retroceder.
Tenemos que emplazar a las organizaciones que tienen poder de convocatoria y movilización a que se pongan a la cabeza y empujen esas movilizaciones. Sólo con la movilización popular podremos parar la avanzada reaccionaria que tiene lugar en estos precisos momentos.
Por otro lado, y como venimos sosteniendo desde diversos materiales, los reaccionarios no descasaran un sólo instante hasta hacernos retroceder, a este operación le seguirá otra seguramente más violenta a medida que nos acerquemos a las elecciones.
Mientras ellos utilizan todo tipo de maniobras para golpearnos no podemos quedarnos atrapados en las formalidades y la institucionalidad, debemos ganar las calles y mostrar que no estamos dispuestos a retroceder ni un centímetro.
Es por eso que la movilización popular debe ser acompañada de un debate que se traduzca en acción política y que señale que la única manera que tenemos de ponerle un freno definitivo a los golpistas es desarmarlos de la fuente de su poder político que no es otra que su poder económico.
La grave maniobra que gira en torno a la muerte de Alberto Nisman, nos muestra que la burguesía industrial, la oligarquía terrateniente, el poder financiero y sus aliados están dispuestos a todo.
Esto nos debe llamar a la reflexión acerca de la necesidad de profundizar el actual proceso hacia el derrocamiento político de los capitalistas, única manera de anularlos y no volver al neoliberalismo de los años ‘90.
Esta tarea solo puede ser impulsada desde abajo a través del debate, la unidad y la acción política en un frente único que avance decidido a la consolidación y profundización de lo conquistado por los trabajadores bajo el gobierno kirchnerista.
Desde la Corriente Socialista Militante llamamos a organizar y fortalecer una tendencia de izquierda anticapitalista que confluya con lo mejor del kirchnerismo para poner estas tareas como una prioridad ineludible del campo popular.
Para terminar con el poder político y económico de los golpistas debemos terminar con el capitalismo. Esa es la tarea histórica que tenemos por delante.
