Las palabras que ponemos como titular de esta edición de “El Militante” fueron pronunciadas por el compañero Nelson Guevara, dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni en presencia del compañero Evo Morales quien llegó a ese municipio para “firmar este decreto y acabar de enterrar el 21060 con ustedes hermanos mineros”, como dijo el proprio Presidente. La revolución sigue contra el capitalismo: esta es la más clara expresión de la victoria de los trabajadores, y de los retos que nos esperan.
Las palabras que ponemos como titular de esta edición de “El Militante” fueron pronunciadas por el compañero Nelson Guevara, dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni en presencia del compañero Evo Morales quien llegó a ese municipio para “firmar este decreto y acabar de enterrar el 21060 con ustedes hermanos mineros”, como dijo el proprio Presidente. La revolución sigue contra el capitalismo: esta es la más clara expresión de la victoria de los trabajadores, y de los retos que nos esperan.
El Decreto Supremo 861 firmado por Evo Morales en Huanuni establece la “eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060” y la conformación de una “comisión de alto nivel entre el Órgano Ejecutivo y la COB… con el objetivo de efectuar la revisión de leyes que aún respondan a los conceptos y el espíritu del Decreto Supremo 21060”. El 21060 ha muerto, la revolución debe seguir contra el capitalismo del cual aquel decreto supremo fue nada más que la sangrienta revancha.
En sus 170 artículos, el DS 21060 de 1985 pretendió cerrar 30 años de lucha revolucionarias del proletariado boliviano. Se desmanteló la minería estatal, despidiendo miles de trabajadores; se eliminaron las pulperías liberalizando importaciones, exportaciones y precios y delegando a las Alcaldías la fijación de las tarifas del transporte; se estableció la libre contratación y despido de los trabajadores, se congelaron salarios vinculando futuros aumentos al salario mínimo nacional.
“Bolivia se nos muere” dijo Paz Estenssoro al promulgar el 21060: para salvarla se masacró a los trabajadores bolivianos mientras imperialismo y burguesía nacional fueron invitados al banquete del Estado muriente. Los bancos privados que habían fomentado la huida de capitales fueron premiados con normas sobre el encaje legal y dejándoles la fijación de la tasa de interés para los préstamos. Para incentivar las inversiones extranjeras en los sectores tradicionales se adelantaron mecanismos de descuentos sobre el pago de regalías que siguen vigentes, en la minería por ejemplo donde por cada 100 MM de $us las multinacionales dejan al Estado apenas 5 MM de $us.
La responsabilidad de haber querido doblegar a la clase trabajadora cargándole sobre el hombro el peso de la crisis y de la hiperinflación es compartida entre Paz Estenssoro y su predecesor Siles. La Unión Democrático Popular (UDP) vaciló frente al saboteo productivo y el corralito impulsado por bancos privados, tembló frente a la política monetaria agresiva del imperialismo, se acobardó frente a su gigantesca burocracia estatal (cáncer inevitable del capitalismo de Estado) que succionaba recursos obligando a imprimir moneda y alimentar la inflación. De una vez acabemos de agitar frente a los trabajadores el espectro de la UDP y comencemos a estudiar realmente aquella experiencia para decirle al gobierno que no cometa los mismos errores.
La abrogación del 21060 es indudablemente una victoria de la movilización de los trabajadores, que debe servir para alimentar su fuerza y no sus ilusiones. La aplastante mayoría de los trabajadores bolivianos no tenemos empleo estable mientras los bancos privados obtienen espectaculares ganancias, los industriales (cementeros, azucareros y latifundistas) lucran especulando con la escasez que ellos mismos producen y finalmente las multinacionales aprovechan los altos precios de minerales e hidrocarburos con inversiones reducidas y descuentos fiscales. Se abren nuevos escenarios de lucha política, sindical y de ideas al que será necesario llegar preparados, en primer lugar extrayendo las más importantes lecciones de la huelga.
La primera indicación política clara que viene de la huelga y del anterior “gasolinazo” es la siguiente: no es la movilización lo que pueda empañar al proceso, sino por el contrario la pasividad y la búsqueda de atajos. La vanguardia del movimiento obrero puede realmente “dar dirección política” al proceso y al gobierno, como dijo un dirigente de la COB, solo cuando es capaz de levantar consignas que conecten y den perspectivas a la movilización popular y al mismo proceso.
La última huelga fue evidentemente más amplia que el año pasado, menos propensa a acuerdos separados y logró conquistarse las simpatías de sectores campesino-indígenas. Es que desde el “gasolinazo” la credibilidad y la autoridad político-moral de muchos ministros y cuadros intermedios del MAS están irremediablemente comprometidas. Mientras son llamados a sostener sacrificios y el peso de la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, los trabajadores ven las espectaculares ganancias de empresarios y multinacionales combinarse con apetitos siempre más famélicos de una desmesurada burocracia estatal, continuamente salpicada por escándalos de corrupción.
Algunos sectores de vanguardia, particularmente los mineros y particularmente de Huanuni, han encontrado en este ambiente una situación favorable para insertarse en un cuadro más amplio de movilización con la cual dialogar proponiéndo un programa más avanzado de reivindicaciones. Esto es la lucha de clases, así funciona. Los pedantes discursos sobre la necesidad de una “COB de vanguardia”, sobre la “conciencia revolucionaria” que la COB hubiera perdido, son en cambio un adorno, totalmente inútil e incluso molesto.
Mientras loa y adula a los mineros por haber enriquecido la huelga de reivindicaciones avanzadas, mientras le encomienda “concientizar” al resto de los trabajadores, el gobierno ataca a salud y magisterio obligando a dirigentes y militantes de la COB a definirse y defenderse (como lo ocurrido al compañero Mitma) en el marco del mismo esquema de reformismo y sectarismo que ha paralizado el debate sindical en los últimos años. El reformismo oportunista más ocupado en sabotear y atacar verbalmente la huelga que preocupado por hacerla avanzar haciendo avanzar el proceso, y el sectarismo que se nutre de las vacilaciones del gobierno pero por su actitud negativa frente a cualquier logro por pequeño que sea y su estrategia de polarización de la lucha aun al costo de mantener un perfil reivindicativo y organizativo bajo, solo desarma al proletariado frente al gobierno y a las masas ofreciéndose como pretexto a la burocracia.
El proceso no necesita de propaganda, sino de una lectura material de sus dinámicas sobre la base de la cual fundamentar la acción política. Esta imagen de la “transición” al socialismo como un acumulo de reformas (resistidas por trabajadores “aburguesados”) que progresivamente debería acercarnos a la meta está demostrando no solo de ser irreal, no solo de no ser el proceso lineal que dicen, sino incluso de llevarnos por otro camino.
Como se ve en los cuadros que publicamos el gasto improductivo del Estado se ha duplicado en 5 años. El gobierno gasta un 84% más que en 2005 para acrecentar el aparato burocrático del Estado y para los improductivos Ministerios de Gobierno, de Defensa y de la Presidencia se gastan hoy 574.520.698 millones de dólares, un 99% más que en 2005. En cambio el gasto social en educación y salud se ha incrementado tan solo de un mísero 29% en el mismo periodo.
Estos incrementos de gastos en la administración pública no llevan a mayor eficiencia. Seguimos haciendo filas para un certificado o para ser atendidos en una oficina pública, mientras proliferan casos de corrupción entre uniformados y la inversión del Estado se pierde en una maraña burocrática. Las mismas empresas estales productivas siguen tropezando con la corrupción (Cartonbol) y las leyes del mercado (falta de materia prima y mercados, como en el caso de Lacteosbol) y por ello no logran romper el monopolio privado, sirviendo en unos casos solo a alimentar el contrabando. Esto mayores gastos en administración estatal responden más bien a la necesidad de mantener un cuadro fiable de militancia en el aparato del Estado, de financiar la actividad partidaria.
Pero para ello se paga un precio. El precio es criar oportunismo, deseducar a la militancia en la lucha política para educarla en la pugna por pegas, alimentar el conservadurismo de quienes consideran que todo ha cambiado porque ha cambiado para ellos, enfrentarse con las masas trabajadoras no para defender “las inversiones productivas,” ni mucho menos el “socialismo”, sino más prosaicamente una serie de nuevos privilegios. Esta burocracia conservadora consideraba cualquier aumento superior al 10% como inaceptable, al igual que los empresarios. Cuando el pueblo está en las calles y los ricos están con el gobierno hay algo que está mal.
Existe y debemos pelear por otro camino. En nuestro pronunciamiento durante la huelga lo escribimos así; “solo vinculándose a las reivindicaciones del movimiento obrero y vinculándolas a la lucha por el socialismo, el partido podrá recuperar apoyo y confianza superando la crisis actual”. Es decir que desde la militancia revolucionaria del MAS no debemos ver en la movilización de los trabajadores una amenaza sino un terreno de intervención política para profundizar el proceso exactamente como hizo la vanguardia de la clase trabajadora.
La clase trabajadora a partir de sus vanguardias, de todos los sectores laborales, ha demostrado ser la mejor capacitada para develar las contradicciones del proceso y sobre todo imprimir al mismo la necesaria radicalización. Este hecho –irrefutable tras la huelga– no soluciona de inmediato problemas como las divisiones y la polarización extrema del debate interno en la COB, la necesidad de superar resistencias corporativas en algunos sectores obreros y de relacionarse a los reclamos de los demás sectores oprimidos, campesinado pobre e indígena en primer lugar.
Incluso si la abrogación del 21060 se tradujera en un simple, cuanto inútil, maquillaje legislativo a medio camino de una reedición del capitalismo de Estado –cuyo fracaso ocasionó el 21060– y vanos cuanto peligrosos intentos de reglamentar la economía capitalista, la vanguardia proletaria podría pagar las consecuencias políticas de ese descalabro, como ya ocurrió en la historia.
A estas alturas se debe primeramente basar la acción política en la más definida claridad y audacia programática, porque no solo es necesario “que los medios de producción pasen a mano del Estado”, como correctamente reivindica la FSTMB, sino también que el Estado pase a manos de trabajadores y campesinos, para no prestar el flanco a hipótesis de capitalismo de Estado ya condenadas por la historia.
Y es necesario articular alrededor de esta vanguardia y este programa al más amplio frente de masas. Lo cual será posible solo interviniendo concretamente sin desdeñar ninguno de los terrenos concretos de luchas (sindical y política) de trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y demás oprimidos. Proponiendo sobre objetivos específicos, pactos e intersindicales con la más amplia participación democrática de las bases. Y sobre todo organizándose políticamente para llevar y hacer vivir este programa en la acción y en el debate de las bases de cada sindicato, organización social y del mismo MAS. Aquellas bases que en la huelga han demostrado de ser el principal recurso para superar el conservadurismo de los dirigentes.
