Ni como trabajadores ni como ciudadanos podemos mostrarnos indiferentes ante tanto saqueo, ni permitir que el Estado se haga cargo de la deuda que debe pagar Marsans. Si es necesario, el Estado debe crear una nueva aerolínea estatal sin deudas, integrando al 100% del personal de Aerolíneas Argentinas, y que esté bajo el control de los trabajadores y usuarios.
Al comienzo de los años ‘90 Aerolíneas Argentina fue valuada en algo más de u$s 600 millones, muy por debajo de su valor real. Contaba con una flota de 28 aviones propios y uno alquilado, con rutas internacionales y el monopolio de las de cabotaje.
Al momento de la licitación, el único interesado fue Iberia, que ofertó u$s 260 millones en efectivo por el 85% de las acciones, más otros u$s 560 millones en títulos de la deuda argentina, que cotizaban en el mercado al 20% de su valor nominal, pero se los tomaba al 100% para comprar empresas del Estado.
Para comprarla, Iberia hipotecó la flota de aviones de nuestra compañía. Pero no sólo eso, los talleres de Aerolíneas, que contaban con 3 simuladores de navegación e innumerables repuestos, fueron vaciados y transferidos a Madrid; se levantaron rutas internacionales y nacionales, mientras los aviones y las oficinas en París, Nueva York y otras capitales se vendieron. El fracaso del modelo privatizador de los transportes públicos queda a la vista.
Ahora el Gobierno sale en salvataje Aerolíneas (en la actualidad, el déficit operativo de la compañía alcanza en las evaluaciones más optimistas los u$s 30 millones mensuales) del concesionario español que deja la empresa con una deuda que ronda u$s 900 millones, un solo avión propio y 43 alquilados, pero la mitad no vuela por averías. ¿Por qué el Estado argentino, siendo acreedor de Aerolíneas, tiene que hacerse cargo del quebranto?
Porque de haberse decretado la quiebra, hubiera sido obligada la apertura de los libros contables que hubiese posibilitado la detección de responsabilidades.
La quiebra hubiera arrastrado no sólo a los administradores españoles, sino también a los funcionarios argentinos de los ministerios de Planificación y Economía, que aprobaron el balance de 2005 luego de tres impugnaciones consecutivas.
Así las cosas, entre los directivos de Marsans y los funcionarios españoles y argentinos permite suponer que la operación quedará como un acuerdo político sin heridos y por ello,
un tema que amenaza con diluirse y quedar en la nada, es el de la responsabilidad que les cabe a los artífices de la situación patrimonial, financiera y operativa en la que Marsans entrega la empresa.
¿Nacionalización con pago?
Repudiamos la actitud del Estado Nacional, que como un manotazo de ahogado pretende hacernos creer que la nacionalización de Aerolíneas es en beneficio de los trabajadores y usuarios. Lejos de eso, las decisiones que viene tomando muestra a las claras las relaciones íntimas entre los capitalistas y funcionarios del Estado Argentino, que les van a dar más que una mano, para salvarlos de la quiebra. Por eso, creemos que se debe iniciar una investigación independiente tanto sobre los empresarios como los funcionarios argentinos, que permita establecer cuánto dinero fue desviado, quién se benefició de esa maniobra, y actuar consecuentemente. Ni como trabajadores ni como ciudadanos podemos mostrarnos indiferentes ante tanto saqueo, ni permitir que el Estado se haga cargo de la deuda que debe pagar Marsans. Si es necesario, el Estado debe crear una nueva aerolínea estatal sin deudas, integrando al 100% del personal de Aerolíneas Argentinas, y que esté bajo el control de los trabajadores y usuarios.
La "línea aérea de bandera" es, ante todo, un servicio que el Estado debe garantizar a la sociedad, por lo que no puede deslindarse de su manejo entregándosela a una empresa privada, sea de capitales nacionales, extranjeros o mixtos, ya que más allá de su nacionalidad, toda empresa privada busca el beneficio económico y no el social.
