Como hace dos años en la unidad 28 de Magdalena, 33 presos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Santiago del Estero. El fuego se originó pasadas las 18:00 cuando los presos, hartos de la violencia con que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) lleva a cabo las requisas a los familiares durante las visitas, comenzaron a quemar colchones a modo de protesta. El reclamo también tenía también como objetivo exigir la aceleración de las causas des de los internos procesados, mejoras en la alimentación y de las condiciones de detención en un penal con capacidad para 200 personas y donde se encontraban alojadas más de 450. Como hace dos años en la unidad 28 de Magdalena, 33 presos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Santiago del Estero. El fuego se originó pasadas las 18:00 cuando los presos, hartos de la violencia con que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) lleva a cabo las requisas a los familiares durante las visitas, comenzaron a quemar colchones a modo de protesta. El reclamo también tenía también como objetivo exigir la aceleración de las causas de los internos procesados, mejoras en la alimentación y de las condiciones de detención en un penal con capacidad para 200 personas y donde se encontraban alojadas más de 450.
Con la complicidad de los medios de comunicación, desde el gobierno se instaló en la opinión pública que la tragedia fue consecuencia de un intento de fuga frustrado por el servicio penitenciario y que los presos amotinados fueron los responsables de sus propias muertes. A pesar de que las imágenes de los noticieros mostraron al pabellón completamente quemado y con los candados cerrados en las puertas, ningún periodista puso en cuestión el rol del SPP en las muertes, avalando la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos y que, como en Magdalena, los penitenciarios no pudieron hacer nada para evitarlo. La represión continuó dentro del penal hasta la tarde del día siguiente. Los presos denunciaron que el SPP disparó balas de goma y de plomo a los internos que seguían amotinados.
En las inmediaciones del penal, los familiares de las víctimas comenzaron a reunirse para exigir información sobre la nómina de muertos y heridos. La respuesta del gobierno fue la represión: 300 policías del Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías rodearon el penal y dispararon balas de goma y gases sobre los familiares. Pasaban las horas, e incluso antes de que se informaran oficialmente los nombres y el número de muertos, el gobernador Zamora que mantiene una excelente relación con el gobierno nacional- dijo textualmente estar a disposición de lo que soliciten en el penal. Tenemos un stock de 100 cajones (en referencia a los féretros) pero no creo que hagan falta tantos. Toda una muestra ejemplar de sensibilidad del jefe de gobierno provincial, que no garantiza la vida de las personas bajo custodia del estado, pero sí una cristiana sepultura.
Funcionarios del gobierno provincial aparecieron en los medios balbuceando la hipótesis del intento de fuga. Se trató de un motín con intento de fuga que se originó en el pabellón 2 donde hay 42 internos procesados, explicó el director del penal Rodolfo Camaño, quien conociendo ya la magnitud de la masacre, optó por decir que todavía no se atrevía a hablar de personas muertas. De lo que sí estaba seguro Camaño es que ninguno pudo fugarse. La efectividad ante todo: que estén vivos o muertos es un detalle menor para este funcionario; lo importante es que no se fuguen. Cuarenta y ocho horas después de la masacre, Camaño era destituido por decreto de su cargo y los medios no dudaron en hablar de víctima política al referirse al ahora ex director.
La justicia santiagueña, en sintonía con la versión oficial y en otra clara muestra de su independencia del poder político, adhiere a la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos. Entendemos que hubo un claro intento de fuga que terminó en motín, que a su vez encontró a los presos prendiendo fuego todo a su paso, lo que les ocasionó la muerte, cayendo ellos mismos en una trampa mortal, dijo el juez Ramón Tarchini negando, de esta forma, cualquier tipo de responsabilidad del SPP.
La secretaría de derechos humanos envió dos psicólogos que se dedicarán a la contención y asistencia de los familiares de las víctimas y a desarticular o encausar, en beneficio del mismo estado asesino, cualquier tipo de organización o confrontación de los familiares de las víctimas.
Las masacres en penales se suceden una tras otra (Córdoba, 5 muertos; Coronda, 14; Magdalena, 33 y 35, por ahora, en Santiago del Estero, por citar las más recientes y numerosas- y la comisión interamericana de derechos humanos instó, una vez más, al gobierno a que investigue el incendio y tome recaudos para evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro. Pedido que no pasa de ser una mera formalidad y no revierte las condiciones inhumanas de reclusión en las cárceles de todo el país, como lo demuestran los hechos, con cárceles superpobladas, nichos hidrantes que no funcionan, penitenciarios que matan o dejan morir a los internos.
Ni tragedia, ni deuda de la democracia, ni defectos del sistema que aún no se han podido corregir: el encierro, el hacinamiento, las torturas y el asesinato de pobres es la política de derechos humanos que implementa el gobierno de turno y que sus policías ejecutan cotidianamente en las cárceles, en los barrios, en las comisarías.
