Para empezar, lo más evidente. El autor de estas líneas no tiene absolutamente nada en común con Marine Le Pen, ni con la ideología o el movimiento del que es la cabeza más visible.
Al contrario. En el espectro político, nos situamos en extremos opuestos. Hay que decirlo desde el principio, para evitar cualquier riesgo de confusión y tergiversación.
Sin embargo, también diré desde el principio algo que debería ser obvio, pero que desgraciadamente parece haber escapado a mucha gente de izquierdas.
Me han dicho que el resultado del reciente juicio a Marine Le Pen ha sido recibido con júbilo por la izquierda francesa. En cierto modo, puedo entenderlo. Ella representaba políticas que son anatema para ellos, lo cual es comprensible. Pero a un nivel más profundo, considero que este júbilo está fuera de lugar.
Permítanme explicarlo en un lenguaje muy sencillo: la decisión de un panel de jueces franceses de condenar a Madame Le Pen a prisión y, más concretamente, de eliminarla como candidata en las próximas elecciones presidenciales es un golpe escandaloso incluso contra las condiciones más elementales de una democracia parlamentaria.
Se le prohíbe presentarse a unas elecciones durante cinco años, con efecto inmediato. La decisión significa que, a menos que consiga anular su condena antes de las elecciones presidenciales de 2027, es poco probable que Le Pen pueda presentarse.
Muchos en la izquierda lo consideran una victoria. Pero ciertamente no es una victoria para la clase obrera ni para la izquierda, y encierra una amenaza muy seria para el futuro.
Puedo anticipar la reacción a mis palabras. Se oirá un aullido de protesta indignada porque, dado que Le Pen defiende ideas que son reaccionarias y repugnantes, era muy acertado inhabilitarla.
Mi respuesta a esta objeción es muy sencilla: Marine Le Pen no fue juzgada por sus ideas (al menos, eso es lo que se afirma) sino por cometer un delito penal.
Se puede afirmar – y, de hecho, se afirma con frecuencia en los medios de comunicación – que esta persona ha sido declarada culpable de un delito – a saber, la malversación de una considerable cantidad de dinero de los fondos de la Unión Europea, que aparentemente utilizó, no para su enriquecimiento personal, sino con el fin de fortalecer su propio partido político.
No hace falta decir que cualquier persona condenada por un tribunal de justicia por un delito de este tipo merece ser castigada.
Ahora bien, no tengo forma de saber si Madame Le Pen cometió o no el delito mencionado. Pero estoy dispuesto a creer que, de hecho, es culpable de los cargos que se le imputan.
¿Justifica esto el tipo de sentencia draconiana dictada por el juez? En particular, ¿justifica la eliminación de las próximas elecciones presidenciales de una candidata que ha gozado de un apoyo considerable en el electorado francés, que actualmente lidera el partido más grande en el parlamento francés y que, hasta ahora, se creía ampliamente que tenía las mejores posibilidades de ganar?
El apoyo popular a Marine Le Pen no está seriamente en duda. El domingo, un sondeo de opinión predijo que Marine Le Pen obtendría hasta el 37% de los votos en las elecciones presidenciales de 2027, más de 14 puntos más que en 2022 y 10 puntos por delante de cualquier otro candidato.
Pongamos el caso en lenguaje llano: ¿parece aceptable que millones de electores franceses puedan verse privados del derecho democrático más fundamental -el derecho a votar libremente al candidato de su elección- privados de hecho de sus derechos por la decisión de una cábala de jueces no elegidos?
Esa, y sólo esa, es la pregunta a la que hay que responder.
La «majestad de la ley»
No hay mito tan asiduamente cultivado -y tan absolutamente mendaz- como la idea de que la ley es algo imparcial, algo que está por encima de la sociedad y de los intereses de las clases sociales. Eso es mentira. A lo largo de la historia, la ley siempre ha sido un arma utilizada por los ricos y poderosos para defender sus intereses contra los pobres y oprimidos.
Quizá en ningún lugar se entienda esto mejor que en Francia, donde la gente siente una sana falta de respeto por la mayoría de las instituciones, y por la legalidad burguesa en particular. El célebre escritor francés Anatole France escribió una vez:
«La majestuosa igualdad de las leyes prohíbe por igual a ricos y pobres dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar el pan».
Los jueces nunca han sido amigos de la clase trabajadora ni, para el caso, de la democracia. Se podrían citar muchos casos para demostrar la extrema y escandalosa parcialidad del sistema judicial en Francia, como en todos los demás países.
La historia demuestra el carácter reaccionario de la justicia francesa. El famoso caso Dreyfus, un escándalo político que sacudió Francia entre 1894 y 1906 y que dividió a la nación en dos bandos opuestos, lo puso de manifiesto. Lenin opinó que podría haber desembocado en una guerra civil.
Siete jueces condenaron por unanimidad a Alfred Dreyfus -un oficial del ejército judío francés- por connivencia con una potencia extranjera, a la pena máxima prevista en el artículo 76 del Código Penal.
Pero más tarde se descubrió que todo el caso contra Dreyfus se basaba en una falsificación. El asunto puso de manifiesto el antisemitismo en la clase dirigente francesa y en la cúpula del ejército, así como la podredumbre del sistema judicial.
No hay nada en la historia francesa posterior que demuestre que las cosas hayan cambiado de manera fundamental. Basta señalar la colaboración de los jueces franceses con el régimen pro nazi de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial para que este punto quede meridianamente claro.
Sin embargo, ahora, por alguna oscura razón, los jueces franceses son presentados como valientes defensores de la democracia. Basta con echar un vistazo a la historia para darse cuenta de la falsedad y la hipocresía que se esconden detrás de esta idea absurda.
La ley defiende sistemáticamente el statu quo, es decir, los intereses de los banqueros, terratenientes y capitalistas. Si para ello hay que atravesar la propia ley con un coche de caballos, que así sea.
A pesar de todo esto, Fabien Roussel, el líder del Partido «Comunista» francés puede decir cosas como las siguientes:
«La justicia es la justicia. «Seáis poderosos o miserables», como escribió La Fontaine, debe ser la misma para todos. ¡Sobre todo porque la Sra. Le Pen es una política, se exige más firmeza por parte de la justicia! Respetemos la justicia, pues.».
Por supuesto, respetemos la justicia. Pero la justicia no equivale en absoluto al sistema jurídico existente en Francia. Su cita de La Fontaine es engañosa. Es abstracta y carece de contenido real. En lugar de tratar el derecho como es, lo hace como debería ser. Mucho mejor sería citar las palabras de Solón de Atenas, escritas mucho antes por un hombre que sabía mucho de leyes y constituciones: «La ley es como una tela de araña. Los pequeños quedan atrapados y los grandes la desgarran». Estas palabras transmiten la realidad de la ley, no como debería ser, sino como es realmente en la sociedad de clases.
Examinemos por un momento el historial de la ley en la lucha contra la corrupción en la política francesa.
La corrupción en la política francesa
En Francia se sabe que la corrupción en la política francesa no sólo está muy extendida, sino que es un deporte nacional.
Si Marine Le Pen era culpable de ello, estaba en excelente compañía. El ex presidente Nicolas Sarkozy fue juzgado por recibir supuestamente contribuciones ilegales de Libia para su campaña.
François Fillon, ex primer ministro de derechas, perdió su ventaja antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2017 cuando la policía lo puso bajo investigación oficial en marzo de ese año por emplear a su esposa en un trabajo falso como asistente parlamentaria. Su apoyo cayó en picado. Macron se hizo con el Elíseo.
Pero el caso más escandaloso de uso indebido del sistema judicial en defensa de políticos burgueses fue el del expresidente francés Jacques Chirac, declarado culpable de «malversación de fondos públicos» para financiar ilegalmente al partido conservador que dirigía y también de «abuso de confianza pública».
Este desfalco tuvo lugar mientras era alcalde de París, entre 1977 y 1995. Se le acusó de pagar a miembros de su partido Agrupación por la República (RPR) por trabajos municipales que no existían.
Esto parece un delito mucho peor que el de Le Pen, dado que aparentemente ella canalizaba dinero para pagar puestos de trabajo que realmente existían.
Sin embargo, Chirac no fue condenado hasta 2011, por lo que -muy convenientemente- pudo presentarse a las elecciones y ganar la presidencia entre 1995 y 2007, cuando se enfrentó a Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen.
En otras palabras, se le permitió presentarse y ser presidente después de haber malversado fondos.
Según lo que he leído, gozó de inmunidad judicial durante su mandato como Presidente, por lo que bien podría significar que tenían las pruebas, pero no lo procesaron hasta mucho después de que estuviera en el poder.
En 2004, durante la presidencia de Chirac, Alain Juppé fue condenado por el mismo caso.
Fue condenado a 18 meses de cárcel con suspensión de pena, a la privación de derechos cívicos durante cinco años y a la privación del derecho a presentarse a cargos políticos durante 10 años.
Sin embargo, tras recurrir la decisión, su inhabilitación para ejercer cargos electos se redujo a un año.
Estos casos de corrupción son sólo la punta de un iceberg muy grande y feo. En la mayoría de los casos, nunca son enjuiciados. Pero cuando lo son, como demuestran los casos anteriores, el poder judicial puede ser fácilmente manipulado para mitigar las sentencias, o para anularlas por completo. Este es el verdadero significado de la «justicia» francesa.
Este fenómeno, huelga decirlo, no se limita en absoluto a Francia. Los dirigentes de la Unión Europea celebran sin duda con champán la condena de Marine Le Pen. Pero la corrupción florece en Bruselas tanto como en París; de hecho, muchísimo más.
Yanis Varoufakis, que conoce muy bien los entresijos de la camarilla dirigente europea, ha señalado que Christine Lagarde fue condenada por cargos similares en 2016, también en un tribunal francés.
Sin embargo, conservó su puesto al frente del FMI y desde entonces es presidenta del Banco Central Europeo.
Y añadió ácidamente: «Nadie ha dicho ni pío sobre [su anterior condena]… Tengo cero confianza en la capacidad del poder judicial para actuar como tal, en Francia y en general».
Rabia contra los jueces
Como era de esperar, la noticia del juicio ha desatado una ola de ira entre los partidarios de Le Pen.
Un artículo publicado el miércoles en el Financial Times informaba de una oleada de amenazas de violencia contra los jueces implicados en el caso:
Los críticos dicen que el partido y la propia Le Pen están jugando con fuego porque sus críticas al sistema judicial equivalen a un desafío al Estado de Derecho y a la legitimidad de los tribunales para aplicar las leyes promulgadas por el Parlamento. Los jueces que presiden el caso han recibido graves amenazas, según el Ministerio de Justicia. La policía patrulló el domicilio en París del juez presidente inmediatamente después del veredicto.
Rémy Heitz, fiscal jefe del más alto tribunal de apelación de Francia, dijo que tales amenazas eran graves, y defendió al tribunal. «La decisión no es política, es un fallo jurídico dictado por tres jueces independientes e imparciales», dijo. «Las amenazas contra los jueces son totalmente inadmisibles en una democracia».
Pero para mucha gente, está muy claro que este juicio estuvo muy lejos de ser «independiente e imparcial» y la furia dirigida contra los jueces no hace más que reflejar ese hecho.
La cobardía de la «izquierda
La reacción de los dirigentes políticos franceses se podía prever de antemano. El Primer Ministro François Bayrou declaró el martes ante la Asamblea Nacional que no era cierto que el poder judicial estuviera socavando la democracia francesa.
Pero, evidentemente avergonzado, se sintió obligado a añadir que «como ciudadano» se preguntaba si eran apropiadas las prohibiciones inmediatas de presentarse a las elecciones antes de agotar los recursos. Añadió que se sentía «turbado» por ello.
Estas últimas observaciones provocaron la indignación de Olivier Faure, Primer Secretario del Partido Socialista, que se apresuró a salir en defensa del estamento judicial, lanzando un rápido reproche:
«…evidentemente, el respeto de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, ya no están en la agenda del Gobierno».
El ex líder del PS, François Hollande, añadió que Bayrou «no tiene motivos para inquietarse, cuando se es Primer Ministro en una República y se es el guardián de la ley, hay que aceptar que se garantice la independencia de los tribunales.»
Las declaraciones de Bayrou están claramente motivadas por su propio interés, ya que tanto él como su partido se enfrentan a un segundo juicio por un caso de contratos falsos similar al de Le Pen, después de que los fiscales recurrieran el primer veredicto.
Sin embargo, ha decidido que, puesto que la discreción es la mejor parte del valor, es mejor no insistir demasiado, así que añade: «La ley en virtud de la cual los jueces tomaron su decisión fue aprobada por el Parlamento. . . Es el Parlamento el que decidirá si esa ley debe modificarse o no».
La líder de los Verdes, Marine Tondelier, se unió con entusiasmo al coro de denuncia, afirmando que Le Pen es una «acusada como cualquier otra». «Cuando damos lecciones de ejemplaridad a todo el mundo, debemos empezar por aplicárnosla a nosotros mismos…».
En Gran Bretaña, el Morning Star (1/4/25) evitó por completo la cuestión, limitándose a una mera exposición de los hechos:
La líder ultraderechista también fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en arresto domiciliario y dos en suspenso, que no se aplicarán en espera de la apelación.
Le Pen dijo que el tribunal no debería haberla inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta que se hubieran agotado todas sus posibilidades de apelación, y que al hacerlo estaba claro que el tribunal pretendía «impedir específicamente» que fuera elegida presidenta.
El primer ministro francés, François Bayrou, que sólo sobrevivió a una moción de confianza impulsada por los partidos de izquierda en febrero gracias a la Agrupación Nacional, también criticó la prohibición inmediata de que Le Pen se presentara.
El partido de izquierdas France Unbowed afirma que nunca esperó derrotar a la Agrupación Nacional a través de los tribunales y que «luchará en las urnas y en las calles».
Un sondeo de opinión realizado por BFMTV el lunes mostró que el 57% de los franceses creen que se hizo justicia en el caso sin ningún sesgo político.
No sabemos qué credibilidad se puede dar a los sondeos mencionados. Lo que sí sabemos es que el Morning Star, vinculado al Partido Comunista Británico y que se supone que aboga por la democracia y el socialismo, no se ha pronunciado claramente sobre el caso de Marine Le Pen.
Esto es típico de la cobardía de la izquierda y de su incapacidad para defender con coherencia los derechos democráticos y luchar contra el Estado burgués y sus instituciones.
La posición adoptada por el líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon se compara favorablemente con el miserable espectáculo de cobardía y complicidad de todos los demás líderes de la izquierda.
El comunicado oficial de La France Insoumise dice que «constata que los hechos declarados probados son particularmente graves [y] contradicen totalmente el lema “la cabeza alta, las manos limpias” con el que este partido pretende prosperar desde hace mucho tiempo».
Y añadía: «Tomamos nota de esta decisión judicial, aunque nos neguemos por principio a aceptar que nadie pueda recurrirla. Por lo demás, el medio de acción de La France Insoumise nunca ha sido utilizar un tribunal para deshacerse de la Agrupación Nacional».
Mélenchon ha subrayado que «la decisión de destituir a un político debe ser decidida por el pueblo».
Eso está bien, dentro de lo que cabe. Pero está muy lejos de la condena total de una maniobra antidemocrática que se espera de alguien que pretende representar a la izquierda.
Al negarse a combatir las intrigas antidemocráticas del establishment burgués liberal, y -lo que es mucho peor- al fomentar ilusiones en las credenciales del sistema legal, los líderes reformistas están entregando a la clase dominante una pistola cargada, que mañana les apuntará a la cabeza.
Yanis Varoufakis se refirió a este punto de forma contundente:
El caso rumano fue el ensayo general. Ahora han pasado a Le Pen. Mañana irán a por Jean-Luc Mélenchon.
Esto va al meollo de la cuestión.
Cómo los «demócratas» están destruyendo la democracia
Comentando los asuntos en Francia, Donald Trump dijo: «Esto es algo muy importante».
Hizo un paralelismo entre la prohibición de Le Pen y la serie de casos legales en su contra, la mayoría de los cuales fueron abandonados tras su reelección. «Suena como este país. Suena muy parecido a este país».
Establece claramente un paralelismo con la increíble campaña llevada a cabo por el establishment y los medios de comunicación para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales. Se recurrió ampliamente a los tribunales para intentar enviarle a la cárcel, con el fin de bloquearle como candidato.
Los medios de comunicación levantaron un ruidoso coro, protestando que el pueblo estadounidense nunca votaría a un «delincuente convicto» en las elecciones presidenciales. Pero el resultado de esas elecciones demostró de forma concluyente que millones de personas ya no creen a los prostituidos medios de comunicación. Donald Trump obtuvo una rotunda victoria.
Aterrorizados ante la perspectiva de que se repitiera algo parecido en Europa, se tomaron medidas para impedir la elección de un candidato antisistema en Rumanía, mediante el simple recurso de anular unas elecciones que ya había ganado. Esta acción sin precedentes fue llevada a cabo por el Tribunal Constitucional, basándose en endebles sospechas de la inteligencia rumana y en la presión de sus vecinos.
El político populista Călin Georgescu, que surgió de la nada para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, ha sido detenido por la policía y se enfrenta a un proceso penal por una serie de cargos.
Georgescu fue detenido en el tráfico de la capital, Bucarest, cuando se dirigía a registrarse como candidato para las nuevas elecciones de mayo. Según la fiscalía, uno de los cargos se refería a un intento de «incitación a acciones contra el orden constitucional».
Finalmente, fue descalificado para presentarse en las elecciones de mayo en las que era el candidato favorito con el 40% en las encuestas de opinión.
Esto se presentó supuestamente como una medida necesaria para «proteger la democracia».
Hechos similares han tenido lugar en Turquía, donde decenas de miles de manifestantes salieron a la calle para protestar contra la detención del principal rival del presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan,
Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, iba a ser elegido candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP) para 2028 en una votación el domingo 23 de marzo. Ese mismo día fue detenido formalmente y acusado de corrupción.
İmamoğlu afirmó que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas.
«Nunca me doblegaré», escribió en X antes de ser puesto en prisión preventiva.
La actuación del gobierno turco ha sido ampliamente condenada por la prensa y el resto de Europa. Pero la misma prensa «liberal» ha guardado silencio sobre los acontecimientos en Rumanía, y no ha expresado ninguna crítica sobre el trato dado a Marine Le Pen.
Así que ahí estamos. La verdadera posición de la élite liberal burguesa gobernante es la siguiente: ¡apoyamos las elecciones, pero sólo a condición de que el candidato elegido sea uno que nosotros apoyemos!
Enfado
En las últimas décadas, la clase obrera ha sufrido una serie de ataques brutales contra su nivel de vida, sus derechos y sus libertades. Los propios sindicatos se han visto cada vez más sometidos a leyes antisindicales punitivas. El derecho de huelga está cada vez más restringido. El derecho a manifestarse en lugares públicos es objeto de una feroz represión policial.
Toda la naturaleza de la democracia formal burguesa ha quedado cada vez más desenmascarada como un fraude y un engaño al pueblo. Pero hasta hace poco se creía que era posible cambiar el sistema por medios democráticos pacíficos, votando en las elecciones.
Ahora, incluso ese derecho está amenazado. Lo que está ocurriendo en Rumania, Turquía, Estados Unidos, y lo que está ocurriendo ahora en Francia, es una advertencia para el movimiento obrero.
Si aceptamos por un momento que el establishment tiene derecho a decidir quién es un candidato adecuado para presentarse a las elecciones y quién no, la idea misma de elecciones libres se reduce a una mera ficción.
El hecho de que los llamados medios de comunicación liberales guarden silencio sobre estos abusos (que, por supuesto, no guardarían si estas cosas ocurrieran en Rusia) expone el hecho obvio de que para los liberales, la democracia no es en absoluto una especie de principio sagrado, sino sólo un medio para un fin, una ficción conveniente.
Esta ficción sirve para disfrazar la realidad de que la sociedad es propiedad de y está controlada por una pequeña camarilla de banqueros, terratenientes y capitalistas, y que los parlamentos y los tribunales son meros juguetes en sus manos.
Pero se trata de una ficción que sólo es útil en la medida en que mucha gente sigue creyéndola. El ambiente general de ira, frustración y descontento que existe actualmente en todos los países es el reflejo de una crisis profunda e insoluble del sistema capitalista.
Intensificación de la lucha de clases
Este estado de cólera se expresa en política en violentos vaivenes en el plano electoral hacia la derecha y hacia la izquierda. Para horror de la burguesía, el centro político se derrumba por todas partes.
Y la intensificación de la polarización entre izquierda y derecha no es más que una expresión de la intensificación de los antagonismos de clase: el odio a los ricos y poderosos que dominan nuestras vidas y lo deciden todo.
Este odio al establishment puede expresarse de diferentes maneras. Si existiera una auténtica izquierda que defendiera firmemente los intereses de la clase obrera y se opusiera al poder del capital, el problema podría resolverse fácilmente.
Pero en la medida en que los líderes de todos los principales partidos que se reclaman de la izquierda han decepcionado a sus partidarios, el camino se abre inevitablemente a todo tipo de demagogos del tipo de Donald Trump y Marine Le Pen.
La clase dirigente liberal vive aterrorizada por esta polarización. No escatiman recursos en un intento desesperado por apuntalar el centro, que se está desintegrando. Pero todos sus intentos serán en vano.
El péndulo político seguirá oscilando violentamente a derecha e izquierda. Un líder de partido tras otro serán puestos a prueba y descartados. Lo vemos claramente en Gran Bretaña ahora con el colapso del apoyo a Starmer.
Y ninguna cantidad de trucos, maniobras e intrigas, ninguna cantidad de argucias legales detendrá un proceso histórico que está siendo preparado por fuerzas que son mucho más poderosas que cualquier tribunal de justicia, ejército o fuerza policial.
Lenin decía: la vida enseña. A través de su experiencia, los trabajadores aprenderán. No será un proceso fácil ni rápido. Habrá muchos altibajos. Muchas derrotas y reveses. Pero se aprenderán las lecciones y se acabarán sacando las conclusiones.
En última instancia, la clase obrera, una vez organizada y movilizada tras la bandera de la revolución socialista, es una fuerza que ningún poder sobre la tierra puede derrotar.
