La moneda de sangre, es de los trabajadores
¿Cómo podemos pelear contra la política de descomposición de la clase dominante?
En los últimos días la ciudad de Rosario se ha visto nuevamente sacudida por una serie de asesinatos a manos de las bandas de narcos. Las bandas han dejado mensajes de intimidación al Ministro de Seguridad de Santa Fe y al gobernador Maximiliano Pullaro, pero por sobre todo a la población, a los cientos de miles de mujeres y hombres de a pie.
Nos sentimos consternados por los asesinatos de los compañeros Héctor Figueroa y Diego Alejandro Celentano, ambos taxistas, así como de Marcos Daloia, colectivero, y Bruno Bussanich, playero de una estación de servicios. Repudiamos los asesinatos en manos de los sicarios del narco, como así también la complicidad policial, empresarial, judicial y política.
Nos solidarizamos totalmente con sus familiares.
Para empezar, queremos trazar una línea cronológica de lo que ha estado pasando en el Gran Rosario. Una línea de tiempo que nos ayude a entender los hechos más próximos y por qué un sector mayoritario de la clase dominante está debatiendo hoy qué política aplicar en respuesta.
El 2 de marzo por la mañana, cerca del mediodía, fueron atacados a tiros dos colectivos que transportaban agentes del servicio penitenciario de Santa Fe en la Av. Circunvalación de Rosario. Uno de los policías resultó con heridas leves.
En las cárceles de Piñero y Coronda están alojados los cuadros medios de las principales bandas narco criminales, cuyos jefes fueron trasladados desde hace un año y medio a las penitenciarías federales. En todas las cárceles, tanto provinciales como federales, varias causas judiciales detectaron que los presos de alto perfil tienen acceso a teléfonos celulares. Ello quedó demostrado durante los allanamientos efectuados en los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson, donde se detectó una vez más que miembros de diferentes bandas contaban con teléfonos en sus celdas, demostrando a su vez la complicidad de agentes de los servicios penitenciarios federales y provinciales.
Estos privilegios ahora se “cortaron”. La balacera a los agentes del servicio penitenciario provocó gran conmoción en el Ministerio de Seguridad Provincial y la represalia del gobierno provincial fue mayor represión dentro de las cárceles, mostrando ostentación en las imágenes de los presos desnudos con las cabezas gachas, emulando a las fotografías de las cárceles de El Salvador y la política represiva de Nayib Bukele, que en su momento habían conmocionado al mundo.
Sin embargo, la situación es completamente distinta en Argentina. Acá las bandas narco policiales son de tamaño barrial. No tienen el tamaño del cartel de Medellín u otras de esas características como las de México. El Gran Rosario no tiene nada parecido a lo que pasa en El Salvador.
Después de la publicación de las fotografías el 8 de marzo, fueron asesinados los trabajadores de taxis Diego y Alejandro. En ambos casos, testigos vieron salir corriendo de la escena a dos sospechosos, y se presume que no hubo un robo previo.
Además, las vainas servidas -calibre 9 milímetros- halladas en los dos lugares, llevan la inscripción Policía de Santa Fe “PSF” en la culata metálica de los cartuchos.
Capitalismo, criminalidad y represión estatal
Todo lo anterior viene ocurriendo en un contexto en el cual la miseria se ha convertido en una moneda corriente en Rosario, como expresión local de la más cruda de las crisis capitalistas -recordándonos a la crisis del ’30 , la gran depresión del siglo pasado- que recorre tanto a la Argentina como al mundo entero.
En Rosario hay 37 bandas que se disputan el control de la ciudad y de localidades cercanas, como Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria, ya que todo fue creciendo.
Hace 20 o 25 años atrás la situación de pobreza y marginalidad no era lo que es ahora. Primero el negocio era de narcomenudeo, mas sin violencia. Luego, cuando los jefes de las bandas empiezan a ver que se trata de un negocio sumamente lucrativo, entonces comenzó la disputa de los territorios.
Estas bandas fueron creciendo a la sombra de la policía santafesina, muy ligadas a las cuevas financieras y a sectores de la burguesía regional, para blanquear el negocio de la degradación humana. La clase dominante siempre ha dado el visto bueno para que estos sectores florezcan a la sombra del Estado.
Hay dos caras de una misma moneda, una es la narco policía y la otra son los sectores ligados al negocio de la exportación de sustancias ilegales que salen por los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín. La droga llega a través de las terminales portuarias que son entre 15 y 18, en apenas 30 kilómetros sobre el río Paraná, y, también por las mismas terminales, salen hacia Europa, Japón y el sudeste asiático.
Recordemos que en 2021 el polo agroexportador de la zona fue el segundo polo portuario del mundo en toneladas exportadas de granos y oleaginosas, El nodo rosarino fue superado por muy poco por el puerto de Nueva Orleans, en EEUU, y casi duplicó el volumen de embarques del puerto de Santos, en Brasil, tercero en el ranking. La Argentina es el tercer exportador mundial de commodities agrícolas, detrás de EEUU y Brasil.
Entonces, no hay inocencia en los negocios capitalistas, de sus esbirros de la justicia, sus políticos venales y sus fuerzas de seguridad. Los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín les ofrecen a los narcos una salida y entrada de drogas y armas. ¿Por qué el Estado, a través de sus funcionarios y cuerpos represivos, que administran y vigilan todos los puertos, no puede controlar el flujo de droga a través de éstos? Porque los políticos dejan hacer con los puertos, así como permiten el desarrollo impúdico de emprendimientos inmobiliarios y demás negocios para el lavado del dinero del narco. Es sabido que el poder narco compra y financia jueces, fiscales y políticos.
Detrás de toda ésta seguidilla hay sectores de la clase dominante que están intentando bombardear a la opinión pública a fin de que reclame la intervención de las fuerzas armadas, por supuesto para que dé “apoyo logístico”.
Bombardean para instalar el miedo en las barriadas de Rosario. Por supuesto, para nada estamos minimizando el problema de inseguridad que es concreto, ni el miedo que recorre a gran parte de la población. Pero, las preguntas que debemos hacernos son, ¿es un problema de hace uno o dos años el asedio del narcotráfico en las barriadas de la ciudad y el Gran Rosario? ¿Acaso Maximiliano Pullaro no fue parte del gobierno Socialista de Miguel Lifschits como Ministro de Seguridad durante el 2015 al 2017? ¿Acaso no han bajado en otras oportunidades Gendarmería, Prefectura y Policías federales a la ciudad? ¿No se habló en el pasado sobre la inteligencia, como política central por parte de los diferentes estamentos gubernamentales ante el flagelo de la droga y la inseguridad? ¿Acaso no son los propios vecinos quienes saben dónde se encuentran los bunkers, quiénes venden? Son ellos, los propios vecinos, quienes sufren día a día el asedio policial y de los narcos, que causan la muerte de nuestros jóvenes en el narcomenudeo y en la guerra de territorios. ¿No se demostró que las mafias son un entramado narco policial, judicial, empresarial y político que se beneficia con el negocio de la droga? ¿Acaso no se demostró la vinculación de empresarios y terratenientes de la zona en el blanqueo de plata, el financiamiento de la droga?
Nuevamente, en el contexto de la crisis actual, se habla de saturación, como sucedió las otras veces que llegaron efectivos de las fuerzas de seguridad (FFSS) a Rosario. Saturan los barrios, los narcos se mudan a otras barriadas, se van las FFSS y luego el narco vuelve a sus barrios. Y aunque las FFSS se queden, no se resuelve el problema del narcotráfico porque no hay intención de hacerlo. “Un fiscal de Rosario enfatiza en que la prisión sea federal o provincial no interrumpe el circuito del delito, sino que lo realimenta. “La posibilidad de acceder a teléfonos celulares o fijos desde el interior de los penales, así como las visitas que reciben, hace que los miembros de las bandas sigan operando –dice–. Sus integrantes son fácilmente reemplazables porque existe una mano de obra barata entre los jóvenes. Por más personas que detengamos, hay muchas otras disponibles para ocupar sus lugares”, dice el fiscal que intervino en causas resonantes.” (Osvaldo Aguirre elDiarioAR)
En el show mediático de la semana pasada, que protagonizaron la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin, Intendente de Rosario, y el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccini, se anunció la llegada de 450 efectivos que se sumarán a los 2000 efectivos ya instalados desde hace tiempo, junto a la policía provincial. Se aplicará la Ley de seguridad interior, tipificando a los sicarios y a sus mandantes como “terroristas”, y, el “teatro de operaciones” de este despliegue militar serán las calles y barrios rosarinos. En realidad, estamos en presencia de una ocupación de la ciudad por parte de las “fuerzas del orden”.
En la teoría marxista del Estado podemos hallar algunas claves del por qué un sector de la clase dominante quiere la intervención de las fuerzas armadas, así como saturar la región de fuerzas de seguridad en el contexto de crisis capitalista en el que vivimos. En realidad quieren naturalizar la militarización de las barriadas y, por qué no, tenerla a mano y emplearla ante posibles conflictos laborales o sociales. Los trabajadores tenemos que oponernos a esta política reaccionaria, que, aunque a primera vista podría parecer positiva a algunos sectores trabajadores o de la pequeña burguesía, al final no resolverá nada.
Lenin nos dice que el Estado surge de la sociedad de la clase, de las entrañas de una sociedad atravesada por las contradicciones irreconciliables de dos grandes clases en pugna, pero separado de ella, ejerciendo la fuerza sobre ella. Esa fuerza consiste principalmente en «destacamentos especiales de hombres armados, que disponen de cárceles y otros elementos». Y en esto debemos ser muy claros: la intervención de las fuerzas armadas es una política reaccionaria de punta a punta, demagógica, e ineficiente, a la hora de combatir al narco.
Más aún, en el corto plazo esta política podría ser usada para intentar frenar la ola huelguística que emerge poco a poco, pues subyace por debajo un cúmulo creciente de contradicciones que tarde o temprano deben salir a la superficie de una u otra manera, catalizadas por la profundización salvaje del ajuste contra nuestra clase. Actualmente la lucha docente se encamina hacia un paro ante la pulverización de los salarios, no habrá clases en todo Santa Fé el martes 19 y miércoles 20 de marzo, y tampoco el martes 26 y el miércoles 27.
Más allá de cualquier verborrea demagógica, podemos dar por seguro que los sectores de la clase dominante que dan voz a estas políticas, lo hacen mirando las luchas que seguramente van a irrumpir. Aunque no podemos saber con certeza el momento justo en que se van a dar, sí sabemos que van a salir a la superficie. Los capitalistas y sus secuaces se están preparando para batir la fuerza de clase trabajadora cuando entre masivamente en movimiento.
La tétrada Milei/Bullrich/Pullaro/Javkin intenta en Rosario una suerte de globo de ensayo, cabalgando con el miedo lógico que existe en las barriadas populares. Se apoyan en la exigencia de militarización de una pequeña y mediana burguesía histérica, acorraladas por la crisis económica y la inseguridad.
Ante la falta de voluntad de los políticos y jueces del sistema judicial, de resolver realmente el flagelo del narcotráfico, el apoyo que pueda existir entre la clase obrera y la juventud hacia estas medidas de contención del narco tiene tiempo de caducidad. La militarización será una experiencia por la que transitarán rápidamente, y de la que sacarán conclusiones.
En última instancia, una salida real tanto de cara la crisis económica como ante los flagelos de la violencia criminal y el narcotráfico, pasan por resolver la cuestión del factor subjetivo. Se nos impone como tarea prioritaria la construcción del Partido Revolucionario como instrumento que nos permita materializar, a través de la organización de nuestra clase, el programa revolucionario. Un partido y un programa para construir una nueva legalidad, la legalidad de la democracia obrera, la de un gobierno de los de abajo: Un Gobierno de las y los Trabajadores.
¿Entonces, cuál es la solución por la cual debemos pelear?
Por esto, la clase obrera también necesita orden. Una revolución significa ordenar las cosas de abajo para arriba. Ese es el tipo de orden que necesitamos los trabajadores. La puesta en pie de las asambleas barriales y el trabajo clasista en los sindicatos para remover a la lacra que hace 40 años ocupan nuestros sindicatos: los gordos sindicales, en las empresas y en las escuelas. Debemos dotar a los trabajadores de un programa de lucha y revolucionario, además de los métodos y tradiciones de la clase obrera y la juventud. Y darle a la juventud una bandera de lucha, una bandera Comunista.
Un programa transicional en clave de Poder Obrero, que pongan piedra sobre piedra para que de una vez y para siempre los laburantes tengamos el poder en nuestras manos. Por esto sí vale la pena luchar, ya que la única forma de acabar con el narcotráfico es derrotando al capitalismo.
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