En los dos últimos días se han desarrollado en nuestro país hechos de violencia social y estatal en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
En un clima general de asfixia económica, de incertidumbre y angustia para las y los trabajadores cuyas condiciones de vida siguen en caída libre, y a tres días de las elecciones primarias, ayer una niña de 11 años, Morena Domínguez fue asesinada por dos ladrones que quisieron arrebatarle su mochila en Lanús, Pcia. de Buenos Aires, y en el día de hoy un militante social y político, Facundo Molares, de 47 años, fue asesinado en la bestial represión llevada adelante por la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En una provincia de Buenos Aires agobiada por la pobreza, la marginalidad social ha causado, desde hace años, el crecimiento de la violencia social evidenciada en la delincuencia, sobre todo la delincuencia juvenil. A su vez, el narcotráfico ha tomado territorios completos, imponiendo su lógica de sangre en complicidad con los gobernantes y las fuerzas policiales, con la misma lógica del capital: la voracidad por el lucro a costa de la vida, sobre todo de las vidas más expuestas por la desprotección de la miseria. Es en ese marco que se da el asesinato de Morena, el de un país y una provincia devastadas por el despojo y la concentración de la riqueza para unos pocos. Es preciso señalar tanto la responsabilidad de Néstor Grindetti intendente del PRO en Lanús, como la del gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kiciloff, resultan funcionales a esta lógica en la medida en que siguen sosteniendo privilegios, complicidades y en general manteniendo el orden capitalista, con las consecuencias sociales, económicas y políticas que ya son innegables.
El griterío permanente de los partidos del régimen, que compiten en diferente grado por hacer eje en el problema de la “seguridad”, busca ocultar la violencia social y disciplinar a los sectores populares con la propuesta de represión a cualquier precio, y orden a sangre y fuego. Estas posiciones han llegado a niveles extremos en algunos casos, como Javier Milei, candidato de la derecha más encarnizada, y la derecha no menos brutal de Juntos por el Cambio, con los candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
El asesinato de Facundo Molares, en el marco de una manifestación de organizaciones de izquierda impugnando las próximas elecciones y llamando a la lucha popular, fue el efecto de la brutal acción represiva de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho aconteció en la plazoleta anexa al Obelisco, en el centro de esta Ciudad, a la vista de miles de personas, a plena luz del día.
Está claro que la violencia capitalista se despliega en toda su extensión, como consecuencia del hambre, la pobreza, la explotación, como violencia social, como marginación creciente. El discurso represivo cotidiano, desde el cual se convoca permanentemente a la supresión y el exterminio de quienes protestan, se organizan y se manifiestan, apuesta a extremar el discurso represivo justificando en la opinión pública a la violencia estatal. El objetivo es el disciplinamiento social y el establecimiento del “orden” mortífero del capital, sus personeros políticos, y las fuerzas represivas que los custodian. Los acontecimientos vividos en Jujuy en los últimos meses lo demuestran, con la represión feroz e ilegal como toda respuesta al rechazo ante la reforma de la constitución jujeña -impulsada por Gerardo Morales- que busca despojar a las comunidades indígenas de sus territorios y condiciones de vida, garantizar el más atroz extractivismo de recursos naturales, y prohibir la protesta social, en un marco de conflictos con trabajadores y trabajadoras de la educación, la salud, entre otros, por sus bajísimos salarios y la afrenta cotidiana a condiciones mínimas de dignidad y justicia para ellos y ellas.
En las puertas de las elecciones primarias y del inicio del ciclo electoral a nivel nacional, estas situaciones de violencia, que son parte de un paisaje social deplorable y creciente, son las muestras de una tensión extrema que atraviesa la vida de los y las explotadas, a los que los partidos del régimen, gestores políticos del gran capital, no pueden dar otra respuesta que los discursos vacíos para mantener el statu quo que sigue alimentando la marginalidad y la violencia social, o la represión desnuda, que se ensaña con crueldad en las vidas de los que luchan, se organizan, reclaman y ocupan las calles.
Convocamos y nos sumamos a las movilizaciones en el país señalando la necesidad de organizarnos desde cada barrio y fábrica, desde las escuelas y universidades, en la perspectiva no solo de frenar la violencia social y estatal, sino de preparar asambleas que definan un plan de lucha hasta llegar a la huelga general, que ponga en debate las necesidades de los millones de mujeres y hombres de nuestra clase anteponiéndolas al enriquecimiento y a los intereses del gran capital. Debemos ser conscientes que solo con una nueva legalidad que emane de un gobierno de los Trabajadores podremos terminar con el horror sin fin que nos impone el capitalismo.
