Desde el 9 de enero del año en curso el magisterio venezolano inició una lucha por sus reivindicaciones laborales, específicamente por el incremento del salario y la firma de la contratación colectiva. Cientos de protestas y movilizaciones a lo largo y ancho del país, en las que los docentes y demás trabajadores del sector han expresado su rabia e indignación ante el deterioro casi absoluto de sus ingresos. Pero en las protestas no sólo se ha manifestado la cuestión del salario. También han denunciado la precariedad de las infraestructuras, la eliminación de facto del programa de alimentación escolar y el colapso general del sistema educativo.
En respuesta a la lucha del gremio, varios voceros del gobierno, entre ellos el diputado Pedro Carreño, ha propuesto la incorporación de la juventud del PSUV, en la modalidad de trabajo voluntario, para ocupar y reemplazar a los docentes. El fin claro de esto es derrotar la lucha a toda costa.
Ya previamente el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, había anticipado esta propuesta durante una visita al Edo. Barinas, cuando señaló: «camaradas, ustedes que se están graduando de bachilleres, que ya se graduaron, o que están en el tercer año, ustedes también pueden dar clases en las escuelas, si se niegan a dar clases los maestros».
Por su parte, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), venía denunciando que desde el Ministerio de Educación se instruyó a reemplazar a los maestros en las aulas, por miembros de militantes partidistas afectos al gobierno.
Para dar legitimidad a la propuesta del gobierno, el pasado martes 7 de febrero la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Participación Estudiantil en Subsistema de Educación Básica, tal y como se puede ver en la cuenta twitter @Asamblea_Ven (https://twitter.com/Asamblea_Ven/status/1623335858072846337?cxt=HHwWgoCwuZbXn4ctAAAA)
En realidad, este proyecto de ley no es nuevo. Su primera discusión parlamentaria tuvo lugar en el mes de marzo del año 2022. La ley fue presentada en su momento por la diputada Eirimar Malavé, quien expresó que “esta ley busca defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano y deber, así como en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación, de conformidad con lo establecido en la Carta Magna”.
El gobierno no quiere reconocer la justa lucha que por sus reivindicaciones salariales están llevando a cabo los docentes, efectuando asambleas permanentes en los centros educativos. Al contrario, han querido hacer ver que se trata de un ataque y conspiración contra el gobierno –levantando además calumnias de una supuesta colaboración de los docentes con la derecha golpista y el imperialismo-, por lo que a través de la aprobación de la presente ley, buscan dar la estocada final a la actual huelga de maestros, silenciarlos y coaccionarlos.
Es necesario mencionar que en los hechos la lucha docente no solo se expresa en asambleas y marchas. En la mayoría de instituciones públicas hay un paro de las actividades educativas. Los docentes están asistiendo a las instituciones 2 o 3 veces por semana y en las asambleas han alcanzado acuerdos con los representantes, en los que estos últimos no envían a sus hijos a los planteles.
De esto no hablan los voceros del gobierno, porque no hay voluntad para dar una respuesta política que beneficie a los docentes y estudiantes en general. Los salarios dignos no son una prioridad para el gobierno de un presidente que se reclama obrero.
De igual forma han tratado de coartar la lucha a través de grupos de choque armados, que han proferido amenazas a los docentes. Estos colectivos han pretendido imponer su “ley”, intimidando a los profesores y a los trabajadores en general.
Por otra parte, desde el Ministerio de Educación han presionado a directores de instituciones para sustituir al profesorado, y estos directores, muchos de ellos del PSUV, se han opuesto a los lineamientos de arriba, incluso ofreciendo sus renuncias. Estas renuncias no han sido aceptadas pues el Ministerio no tiene tampoco como sustituir a estos directores.
Rechazo del magisterio, representantes y estudiantes
La reacción de los docentes no se ha hecho esperar. En distintas marchas y asambleas han expresado que seguirán en la calle de manera pacífica por la dignificación del gremio y por el derecho a la educación. Tal es el caso de las marchas que se llevaron a cabo el día 9 de febrero en Barquisimeto Edo. Lara, en las que el presidente de Sinprotet-Lara, Romel Escalona, manifestó: “el docente es insustituible, es vocación, entrega y preparación”. El artículo 104 de la Constitución es claro sobre la idoneidad del profesional que debe estar a cargo de la educación de niños y adolescentes”.
Los estudiantes también se han hecho sentir.
A través de la cuenta twitter @GremioDocente (http://twitter.com/GremioDocente/status/1623707718195216386?t=4qY-I75j6qWB3ieAYqbBAQ&s=08), se puede ver a una estudiante pidiendo aumento salarial para los profesores y apoyando la lucha de los docentes. La joven señala que una profesora “tiene dos trabajos y no tiene ni para comprarse un marcador… queremos un salario digno para nuestros profesores”.
De igual manera se puede observar en el video correspondiente al siguiente enlace: https://twitter.com/GremioDocente/status/1620235622647730176
Aunque allí señalan que eso ocurrió en Mérida, en realidad fue en la Escuela Santa Bárbara de Pueblo Nuevo, El Chivo, Municipio Francisco Javier Pulgar del Edo. Zulia. A la directora la sacaron resguardada porque estaba reunida con miembros del PSUV y la zona educativa, amedrentando a los docentes para que trabajaran. Los representantes del lado de los maestros no lo permitieron. Los padres, representantes y comunidad fueron alarmados y rodearon a la institución, exigiendo que salieran del plantel, se puede ver en videos como funcionarios y psuvistas tuvieron que irse.
Esto refleja la importancia de la movilización popular en respaldo a la huelga docente, para derrotar la política del gobierno.
La Constitución: De los Derechos Culturales y Educativos
Los marxistas no hacemos un fetiche de la legalidad burguesa. No obstante, entendemos que bajo el capitalismo toda legislación que beneficie de alguna u otra manera a la clase obrera, debe ser defendida por esta a toda costa. Mientras luchamos por el derrocamiento del capitalismo, sobre la base de la organización de clase obrera, a la vez defendemos y peleamos por cualquier conquista legal que los trabajadores puedan arrancar al Estado y a las clases dominantes.
Si bien, toda conquista o derecho que los trabajadores alcanzan con la lucha, luego es cercenada por la burguesía y gobiernos burgueses de turno, la lucha y la organización son la principal escuela que educa a la vanguardia de la clase obrera en la necesidad de fijar su mirada, no solo en conquistar reivindicaciones para el hoy, sino también en proyectar soluciones que vayan más allá de los límites del sistema capitalista.
En su momento, la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue un importante paso adelante en la lucha política por la reconquista de los derechos sociales y económicos, que la clase obrera había perdido en las últimas décadas del siglo XX.
En la actualidad el gobierno ha dado un viraje de 180 grados en relación a la política económica y social del gobierno de Chávez, más allá de los errores y la inconsecuencia programática del propio Chávez. Aplicando un paquete de ajuste capitalista en favor de los viejos y nuevos ricos, el gobierno está destruyendo todas y cada una de las conquistas históricas logradas a principio de este siglo, y entre ellas una fundamental: el salario y el ingreso general de la clase obrera, lo que no es otra cosa sino el derecho elemental de todo trabajador y trabajadora a comer, a vestirse, a vivir, a respirar, a ser mínimamente humano, a pesar de que tenga que vender su fuerza de trabajo.
Además, en términos legales la política actual del gobierno viola escandalosamente los derechos constitucionales básicos del pueblo trabajador. A este respecto, citamos tres artículos de la CRBV que fundamentan la lucha del gremio docente y que son violados descaradamente por el gobierno. Digan lo que digan los voceros del gobierno y el PSUV, la lucha del gremio no es sólo legítima, sino también legal.
Artículo 91 “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… ”.
Artículo 103 “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo…”.
Artículo 104 “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”.
Una posición de clase
Ante el viraje antiobrero y antipopular en las políticas del gobierno, hay que declarar absoluta desconfianza en la Ley de Participación Estudiantil en Subsistema de Educación Básica, que ha sido desempolvada justo en el momento que se lleva a cabo la huelga docente. Se trata de una Ley Esquirol acorde con su actual orientación bonapartista, es decir, que en su afán de equilibrarse entre los antagonismos de clases y reprimir a los trabajadores, el gobierno toma un perfil cada vez más autoritario y represivo, toda vez que asalta y desconoce los derechos democráticos del pueblo. De esta misma manera usan la ley del odio para criminalizar la protesta obrera e incluso, han manipulado el contenido de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para perseguir y criminalizar trabajadores.
Rechazamos que se use la bandera de la participación estudiantil como máscara para tapar lo que en los hechos es una ley esquirol. Esto lo hace el mismo gobierno que asfixió burocráticamente todas las instancias de participación popular, que ha tratado de ensuciar las banderas del socialismo equiparando su gestión capitalista de la crisis con un “socialismo” que no es tal. Esto da armas a la derecha para desacreditar el socialismo.
Esta Ley es una medida desesperada. El gobierno trata de responder a la huelga con amenazas y ahora con esta Ley, que, aunque en su borrador inicial no dice que se permitirá que estudiantes sustituyan a los docentes en las aulas, deja las puertas abiertas para libres interpretaciones y actuaciones convenientes. Sin embargo, cabe mencionar que si el gobierno decidiera ejecutar la sustitución de docentes por jóvenes estudiantes, tendría serios problemas para hacerlo: Tenemos serías dudas de que muchos padres estarían dispuestos a dar su consentimiento, al suponer que a sus hijos se les impondrá la carga de responsabilidad docente no remunerada o poco remunerada (en caso de que decidan otorgar una beca). En los hechos, esto sería una forma de explotación infantil que muchos padres o representantes no aceptarían.
Luchar hasta vencer
Como marxistas respaldamos plenamente todas las luchas de protesta que llevan a cabo los trabajadores del sector educativo y de otros gremios, como el sector salud y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.
Desde el año 2018 la clase obrera venezolana ha ido cargando sobre sus hombros el peso de la crisis. Por medio del Memorándum 2792 y del instructivo ONAPRE, el gobierno ha pulverizado no solo los salarios base, también las primas y las prestaciones sociales, entre otros beneficios. Ante tal situación de abandono en la que se encuentra la clase obrera venezolana no hay otro camino que la lucha.
En este sentido la unidad sigue siendo el desafío de toda la clase obrera. Es trascendental que haya mayor articulación de las luchas hasta ahora dispersas de todos los trabajadores del país.
Como explicaba Trotsky en el Programa de Transición, la clase obrera es la única fuerza progresiva que queda en esta sociedad capitalista, decadente y putrefacta. La clase obrera es la única clase que puede acabar con este sistema de muerte y miseria, a fin de abrir las puertas al verdadero progreso social de la humanidad, y en nuestro caso nacional, al progreso y bienestar del conjunto del pueblo trabajador venezolano. Sus luchas son absolutamente legítimas, porque no puede permitirse que la única fuerza progresiva que existe en esta sociedad, sea obligada a morir de hambre. Esto, significaría empujar a toda nuestra sociedad a la barbarie más atroz. Una barbarie que ya tiene rato manifestándose en nuestro país en los últimos años, en la forma de lacras sociales como el hambre generalizada, el auge de la criminalidad organizada, la destrucción rampante de la Amazonía, los feminicidios, y el florecimiento del narcotráfico y la prostitución, entre otros.
¡Por una educación gratuita y de calidad, salarios justo y suficientes para los docentes y toda la clase trabajadora!
¡Basta de amenazas contra el gremio docente!
¡Abajo la ley esquirol del gobierno!
¡La huelga docente debe mantenerse hasta lograr la victoria!
¡Luchar, luchar, luchar hasta vencer!
