El primero de agosto viviremos el primer aniversario de la desaparición forzosa y muerte de Santiago Maldonado, a manos de la Gendarmería, mientras se manifestaba en apoyo a las justas reivindicaciones del pueblo mapuche. Gendarmería reprimió salvajemente, con balas de goma y de plomo. Su cadáver recién fue encontrado el 17 de octubre siguiente, en el río Chubut, en un sitio rastrillado anteriormente.
Este hecho deleznable fue el comienzo de lo que, posteriormente, se conoció como la Doctrina Chocobar, en un innegable salto de calidad en la política represiva del gobierno nacional a los luchadores sociales, sumándose a la prisión de Milagro Salas, el asesinato de Rafael Nahuel en noviembre del 2.017, las infames campañas en los medios y redes sociales inventando movimientos violentos inexistentes como la RAM (el obispo de Bariloche negó su existencia), etc.
A diferencia de la masacre del puente Avellaneda, el 26 de junio del 2002, que termina con las muertes de Kosteki y Santillán, y donde son condenados a cadena perpetua Fanchiotti y Acosta (aunque luego Fanchiotti pasaría a una cárcel abierta), ahora el gobierno premia a Echazú, uno de los represores responsables con un ascenso.
Lo anterior es siniestramente lógico y esperable. Este gobierno sabe que los ajustes brutales con el fin de transferir inmensas riquezas a los sectores concentrados y trasnacionales, con su impacto consiguiente en salud, educación, precarización social y laboral, sólo es posible en un contexto fuertemente represivo, con aprietes a luchadores sociales y sindicalistas, división del campo obrero y popular, derechización de la clase media y una militarización progresiva de la sociedad. Prueba de esto último es el intento del gobierno de levantar la prohibición a las fuerzas armadas de intervenir en seguridad interior, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, sin pasar siquiera por el Congreso.
La respuesta del campo obrero y popular debe, imperiosamente, avanzar en la unidad de los movimientos sociales, partidos con claras consignas de lucha, sindicatos, estudiantes y organizaciones barriales y populares, teniendo en claro que la solución definitiva a estas calamidades es el Socialismo, con el poder en manos del pueblo trabajador. Las consignas deben incluir
JUSTICIA Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.
POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, NO A LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
DESPROCESAMIENTO Y LIBERACIÓN DE TODOS LOS LUCHADORES POPULARES ENCAUSADOS O PRESOS.
LIBERTAD A MILAGRO SALA, LIBERTAD A PABLO GIUSTO Y DIEGO PARODI, DESPROCESAMIENTO DE SEBASTIÁN ROMERO, DIMAS PONCE Y CÉSAR ARAKAKI.
FUERA PATRICIA BULLRICH.
NO AL ACUERDO CON EL FMI.
NO A LOS AJUSTES Y DESPIDOS.
NO A LA INTERVENCION DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD INTERIOR.
NO A LA LEY DE CALAMIDAD LABORAL.
POR LA UNIDAD Y MOVILIZACION POPULAR.
