El movimiento de las fábricas ocupadas exige al presidente Lula y al ministro de Seguridad Social, Luis Marinho, la retirada de la intervención de Cipla-Interfibra, la reincorporación de los despedidos y el derecho al funcionamiento del Consejo de Fábrica elegido por los trabajadores. Además de esto, la asamblea de Flaskô pide el apoyo nacional e internacional de la clase trabajadora para “blindar” la empresa contra la intervención, que pretende cerrar las fábricas recuperadas y derrotar este ejemploejemplo histórico de lucha por una sociedad sin explotados y explotadores.
No a la intervención judicial y policial de Cipla, Interfibra y Flaskô
El 31 de mayo, un juez federal envió 150 policías fuertemente armados para que ocuparan las fábricas CIPLA e INTERFIBRA, en Joinville (Santa Catarina), tomadas y puestas a producir por sus trabajadores desde el año 2002. Esta decisión se basó en la deuda con la Seguridad Social que los antiguos propietarios de las empresas mantenían con el Estado, pese a los intentos previos de los trabajadores para alcanzar un acuerdo.
El Consejo de Fábrica elegido por los trabajadores ha sido reemplazado por un interventor. Sus miembros, así como algunos de los trabajadores más combativos, han sido despedidos por carta y se les impide entrar en las fábricas. En las fábricas se ha impuesto un régimen de terror, con vigilantes armados circulando y asediando a los trabajadores. La primera medida del interventor fue derogar jornada semanal de 30 horas acordada por los trabajadores a fines del año pasado.
Se ha instalado una carpa delante de las fábricas con los despedidos y los trabajadores que vienen a dar su apoyo. Hay en marcha un campaña internacional, "Saquen las manos de Cipla-Interfibra", reclamando el fin de la intervención judicial-policial de las empresas y el reingreso de los despedidos.
Los trabajadores de Flaskô resisten la intervención
A su vez, el 20 de junio, el interventor de Cipla-Interfibra, Rainoldo Uessler, se presentó ante la fábrica ocupada de Sâo Paulo, Flaskô, para intervenirla judicialmente y despedir al coordinador del Consejo de Fábrica, Pedro Alem Santinho, y a otros dos representantes de los trabajadores.
En respuesta a la visita del interventor, los trabajadores pararon las máquinas durante todo el día. Al inicio de la noche, el interventor, presionado, salió de la fábrica, pero amenazó con traer a la Policía Federal para asumir el control de Flaskô, tal como hizo en Cipla e Interfibra. Al día siguiente se repitió la misma escena. Los trabajadores de Flaskô obligaron a retirarse a los interventores judiciales y, después retomaron la producción.
El movimiento de las fábricas ocupadas exige al presidente Lula y al ministro de Seguridad Social, Luis Marinho, la retirada de la intervención de Cipla-Interfibra, la reincorporación de los despedidos y el derecho al funcionamiento del Consejo de Fábrica elegido por los trabajadores. Además de esto, la asamblea de Flaskô pide el apoyo nacional e internacional de la clase trabajadora para "blindar" la empresa contra la intervención, que pretende cerrar las fábricas recuperadas y derrotar este ejemplo histórico de lucha por una sociedad sin explotados y explotadores.
El Consejo de Fábrica de Flaskô ha publicado una carta a los trabajadores de todo el mundo en la que se puede leer:
"(…) No aceptaremos ninguna intervención judicial con el objetivo de cerrar Flaskô o transformarla en una cooperativa, despidiendo a los trabajadores y acabando con los derechos, como se está haciendo en Profiplast, en Joinville, y con ayuda del aparato militar se quiere hacer en Cipla e Interfibra.
"(…) Ocupamos la fábrica hace más de cuatro años y hemos conseguido mantenerla abierta con nuestro sudor y con el apoyo del movimiento obrero, democrático y popular de todo el mundo. Hicimos cuatro marchas a Brasilia para reivindicar que el presidente Lula cumpla su promesa de salvar los empleos de las fábricas ocupadas. Organismos públicos como el BRDE y BNDES proponen tras un estudio que el gobierno asuma las fábricas (a través de la nacionalización). Pero el gobierno Lula calla ante todo esto (…).
"(…) Sabemos que las fábricas ocupadas son la prueba viva de que los trabajadores no necesitamos de parásitos destruyendo y robando a la sociedad, como prueba la lista pública de los deudores del INSS, entre ellos el Banco Itaú, Unibanco y Vale do Rio Doce (…).
Mantendremos Flaskô bajo el control democrático de los trabajadores (…) ¡No aceptaremos la intervención! ¡No aceptaremos ningún despido! ¡Ningún ataque a cualquiera de los trabajadores! ¡Un ataque a uno es un ataque a todos!".