El 1 de agosto Santiago Maldonado desapareció a manos de la Gendarmería Nacional y del Estado.
Por orden del juez de la ciudad de Esquel, Guido Otranto, la Gendarmería inicia una represión para despejar un corte de la ruta 40. Sin embargo, sin orden judicial, se adentra en el territorio de Pu Lof Cushamen reprimiendo a los manifestantes. Testigos aseguran que Santiago Maldonado –presente en el lugar– fue detenido y subido a una camioneta de las fuerzas de seguridad.
“Las camionetas que circulaban también eran de la estancia Leleque de Benetton. Se metían en la comisaria, iban y venían, se volvían a meter en la estancia, iban al Pu Lof en resistencia. Ellos también daban órdenes, indicaciones. Estaban al corriente de lo que pasaba. Así que además de las camionetas de Gendarmería y de Noceti, también circulaban las de Benetton.” denuncia Soraya Maicoño testigo clave en la causa por la desaparición de Santiago. (Fuente: Revista Cítrica / http://www.revistacitrica.com/las-camionetas-de-benetton-tambien-participaron-del-operativo.html)
En el operativo, también estaba el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, que antes había anticipado a los medios que todos los integrantes de la comunidad mapuche serían detenidos: “Con el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) no tenemos nada que dialogar; lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos (…) Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, dijo. (http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=259548)
Pablo Noceti fue defensor de Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Concordia entre 1975 y 1977, condenado a prisión perpetua por el secuestro de cuatro personas y las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar y Julio Alberto Solaga, delitos cometidos en el marco del “segundo genocidio nacional”, como lo calificó el Tribunal Oral Federal de Paraná en su sentencia. También fue abogado de otros represores que no llegaron a ser juzgados, pero que estuvieron imputados en la denominada causa Área Concordia. (http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=259548)
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ese mismo día un ‘habeas corpus’ por los detenidos en Pu Lof Cushamen.
Los pueblos originarios pelean por el reconocimiento de tierras que han sido adquiridas por capitalistas europeos, como es el caso del magnate Luciano Benetton. El terreno donde ocurrió el desalojo está ocupado por mapuches desde 2015 y pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino, empresa productora de lana adquirida por la compañía italiana. Los originarios fueron despojados de sus tierras ancestrales, lo que es rechazado por el empresario Benetton con el apoyo del gobierno de Mauricio Macri. Ese 1ro de agosto, la comunidad mapuche protestaba exigiendo la liberación del lonco (jefe) Facundo Jones Huala y contra la usurpación de sus tierras llevadas a cabo por la empresa multinacional.
Por su lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que unos 100 agentes dispararon balas de plomo y goma y quemaron pertenencias de las familias del grupo que realizaba los cortes de carreteras en protesta por la detención de Facundo Jonas Huala, quien tiene un pedido de extradición de la Justicia chilena por haber cometido supuestamente delitos de terrorismo.
El abordaje periodístico radial, escrito y televisivo sobre la detención y desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut, resulta simplemente repugnante. El secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, declaró que la familia y la comunidad no están colaborando. Por su parte la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso el foco en la comunidad mapuche, a la cual acusa de no reconocer al Estado argentino.
Nueve días después, utilizando la carátula de ‘persona desaparecida’ –en lugar de ‘desaparición forzada’– el Gobierno argentino pone una recompensa de $500.000 pesos (USD29.000) para quienes aporten información sobre Maldonado. El Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj sostuvo que: “El artesano Santiago Maldonado sigue sin aparecer y un camionero dice que lo vio en Entre Ríos”, lo cual rápidamente es desmentido.
La desaparición de Santiago Maldonado no solo incluye la responsabilidad del Estado, sino también el papel que han jugado los medios de comunicación para dar un blindaje mediático al Gobierno macrista; diarios como Infobae, Clarín o incluso La Nación, han ido variando y han tenido que dar una cobertura al llamado “Caso Maldonado” ante la presión y tensión que fue ganando este caso de la mano de las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos, que denunciaron la desaparición forzada y que hizo explosión en las redes sociales.
Tanto el Gobierno como los medios han querido desvirtuar y estigmatizar la lucha de la comunidad mapuche, como así también la imagen de Santiago Maldonado.
Así fue dándose en el transcurso de los días un sin número de pistas falsas. Fue visto en la provincia de Entre Ríos, como así en la provincia de Mendoza o inclusive fue visto en Chile. Todo avalado por la brutal Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sostuvo y sostiene a Gendarmería Nacional, dando todo el apoyo a este cuerpo de seguridad tanto desde su Ministerio como por la totalidad del Gobierno de Cambiemos.
El 10 de agosto, por primera vez la Justicia ordena allanar sedes de la Gendarmería en Esquel y El Bolsón donde son hallados cabellos y una soga guardados como prueba para cotejar con el ADN de Santiago. El Defensor Público reconoce que los vehículos de la fuerza de seguridad habían sido limpiados, lo cual perjudica la investigación, y por ello, estas pruebas son puestas en tela de juicio.
La primera movilización nacional para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado se realiza el 11 de agosto. El acto principal se realiza en la Plaza de Mayo de Buenos Aires con presencia de familiares y organismos de derechos humanos.
El 16 de agosto, la Ministra de Seguridad Bullrich comparece ante el Senado sobre el caso de Maldonado y relativiza la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición.
Recién el 24 de agosto, el Juzgado Federal de Esquel reconoce que el caso de Santiago se trata de una “desaparición forzada”, tal como reclamaban los familiares. Al día siguiente, Gendarmería, a través del comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, reconoció que el accionar de la fuerza se realizó siguiendo “órdenes precisas” del Ministerio de Seguridad.
Desde la desaparición forzada el día 1 de agosto, en Argentina se han registrado cinco ataques con bombas molotov y explosivos, además de protestas anarquistas que provocaron un atentado con una bomba incendiaria en el edificio Anexo del Senado provincial, sin víctimas. (La Vanguardia, 29/08/2017)
Frente a estos incidentes el gobierno de Cambiemos ha decidido reforzar las medidas de seguridad. La Ministra de Seguridad manifestó que “Hay violencia política”, y afirmó que al gobierno le “preocupa” que grupos opositores “quieran generar una ingobernabilidad cuando no pudieron hacerlo con marchas ridículas”. (La Vanguardia, 29/08/2017)
Los medios masivos de comunicación han disparado una serie de disparates políticos que solo buscan generar un ambiente de desorden social, intentando estigmatizar a las fuerzas políticas opositoras. Después de las próximas elecciones de octubre, el gobierno de Macri viene por todo. Desde la reforma laboral a la modificación de la edad jubilatoria. Los capitalistas ante la crisis mundial necesitan trabajadores que trabajen muchas horas, por muchos años y con salarios bajos.
Un “alto funcionario” que prefirió el anonimato, declaró al diario La Nación 30/08/2017, que “estamos en presencia de grupos anarquistas y kirchneristas que están instalando un clima de violencia utilizando políticamente la desaparición de Maldonado”. La Ministra de Seguridad, informó al gabinete sobre “el intento de esos grupos de alterar el orden público” y supuestos “contactos” entre “anarquistas argentinos y chilenos”. En la línea siguiente los sospechosos alcanzan a “facciones trotskistas, kirchneristas y revolucionarios” (sic), que según “la Justicia” serían autores de 70 hechos de violencia”. (La Nación 30/08/2017)
O barbaridades como que Facundo Jones Huala, hoy preso en Neuquén, es uno de los ideólogos del grupo. Según el Ministerio de Seguridad la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) “mantiene reuniones cotidianas con la Cámpora y la Universidad de las Madres, y recibe financiamiento y apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos extremistas kurdos de Turquía”. (Clarín, 26/08/2017)
O que una destacada fuente del Ministerio de Seguridad aseguró a Infobae 08/08/2017 que “el grupo (mapuche) RAM mantuvo en los últimos años reuniones con la agrupación terrorista ETA. También existen reuniones con sectores de la izquierda setentista que reivindican la violencia”.
Con todo este andamiaje de mentiras sostenido por los medios más poderosos del país, se intenta generar o preparar un ambiente propicio para avanzar más en la represión y generar opinión en los sectores de masas de que las organizaciones políticas opositoras se encuentran vinculadas al terrorismo de todo color.
Sin embargo, la desaparición forzada de Santiago representa un punto de inflexión en la situación política nacional y se expresa de manera clara en los cientos de miles de jóvenes y trabajadores en la jornada del viernes 1ero de septiembre dieron una respuesta popular al gobierno que no sólo es incapaz de decir adónde está Santiago Maldonado, sino que ha puesto todos los recursos del Estado –bajo la dirección de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich- para proteger a la gendarmería que ejecutó la represión. No sólo actúan para proteger a las fuerzas represivas, cuyos servicios necesita más que nunca este gobierno que está aplicando un ajuste brutal contra las mayorías populares, sino también para defender el acaparamiento de tierras por parte de los Benetton y los intereses petroleros y mineros que actúan en la Patagonia y contra quienes reclaman la comunidad mapuche.
Esta lucha ha calado hondo en la población porque en un país donde el terrorismo de Estado desapareció a 30.000 compañeros, no se puede tolerar desapariciones forzadas. Tan solo en Capital Federal marcharon más de 500.000 personas y hubo una respuesta nacional en las principales ciudades de cada provincia; mostrando, las reservas para pelear por las libertades democráticas que tiene el pueblo argentino.
Hacemos un llamamiento a los trabajadores y la juventud internacional a solidarizarse con la lucha del pueblo trabajador argentino, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en defensa de las libertades democráticas y para derrotar el plan represivo que el gobierno necesita para imponer su programa de hambre.
Solo conquistando una nueva legalidad hacia el Socialismo se podrá satisfacer las necesidades más acuciantes y sentidas por los trabajadores y sectores populares. Solo la lucha obrera hacia su objetivo final, su propio gobierno, podrá satisfacer la lucha por la recuperación de la tierra de los pueblos preexistentes ligada indisolublemente a las luchas obreras y campesinas. Las vías muertas del capitalismo no pueden ni podrán satisfacer cualquiera de estas demandas.
Socialismo o Barbarie
