Lo que comenzó como protestas juveniles contra una reforma de pensiones escaló rápidamente en Perú hasta transformarse en una crisis política de enormes proporciones. Con el trasfondo de una inseguridad desbordada, corrupción persistente y hartazgo social, los movimientos populares forzaron la salida de la presidenta golpista Dina Boluarte, pero el intento de recambio por arriba, con el nombramiento de José Jerí, no detuvo las protestas. El 15 de octubre fue un día crítico: un manifestante llamado Eduardo Ruiz fue asesinado por la policía y hubo cientos de heridos.
Las protestas tomaron fuerza en septiembre de 2025, con movilizaciones lideradas mayormente por la “generación Z” a quienes golpeaba particularmente la contrarreforma previsional. El ejemplo de las protestas juveniles masivas en Asia, y particularmente la quema de instituciones públicas en Nepal, sirvieron de inspiración. A las protestas pronto se unieron de manera intermitente otros sectores: sindicatos, transportistas (particularmente golpeados por la inseguridad), y estudiantes.
Las razones iban más allá de la reforma de pensiones: la incapacidad del Estado para contener la delincuencia, las extorsiones, y la sensación de impunidad generalizada fueron detonantes centrales. La percepción por parte de la población que tanto el gobierno como el congreso forman parte de la delincuencia organizada, que se dedican a actividades criminales y mafiosas. Esta percepción se basa en los hechos observables: la presidenta golpista, el gobierno y los congresistas tratan de llenarse los bolsillos con el dinero público.
Uno de estos hechos es la aprobación de la bicameralidad y reelección por el congreso, a pesar del rechazo del 90% de la población en el referéndum de 2018. Esta reforma era vista como una forma para que más «ratas» entren al Estado, o mantengan sus privilegios pasando de una cámara a otra, para robar más dinero y darse más privilegios.
A todo ello se une la exigencia de justicia para las más de 50 víctimas mortales de la represión a través de la cual Boluarte se consolidó en el poder aplastando las protestas contra el golpe al presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Este es además el gobierno que liberó a Alberto Fujimori y que promulgó la ley de amnistía a policías y militares que violaron derechos humanos durante la guerra sucia.
Las movilizaciones empezaron el 27 y 28 de septiembre y fueron enfrentadas con brutal represión policial, registrando al menos 19 heridos en Lima.
Las marchas, bloqueos de carreteras y manifestaciones en Lima y otros departamentos denunciaban la falta de respuestas del gobierno, el deterioro de las condiciones de vida y reflejan una crisis de legitimidad de todo el poder establecido, que se expresa en una de las consignas centrales de las protestas; “que se vayan todos”. La reforma de los artículos más sensibles de la ley de pensiones no detuvo al movimiento.
El 8 de octubre, un atentado criminal contra el grupo de cumbia Agua Marina cuando estaba actuando dentro de un local de recreo de suboficiales del ejército de nuevo puso la cuestión de la inseguridad en el centro del tablero político. Este incidente ha sido la chispa que hizo explotar la pólvora de ira y hartazgo de la gente.
El 9 de octubre, el candidato presidencial del partido derechista Avanza País, Phillip Butters, sufrió un intento de linchamiento durante su visita electorera a Puno, una de las regiones más golpeadas por la represión durante las protestas contra el golpe de 2022. Butters, en las protestas del 2022, culpaba a los muertos y la población de Puno en general de causar desmanes sin razón.
La destitución exprés de Dina Boluarte
Mientras crecía la indignación, congresistas de diferentes bancadas presentaron mociones de vacancia contra Boluarte por “incapacidad moral permanente”, en parte alimentadas por escándalos como el llamado “Rolexgate”, el escándalo de abandono del puesto para hacerse cirugía estética, el aumento de sueldo para recibir una pensión presidencial más alta y denuncias de enriquecimiento ilícito. Dina “Balearte”, como la rebautizó el pueblo rebelde, era, por su actitud arrogante y de desprecio, un insulto constante para las amplias masas de la población.
La idea era deshacerse de la presidenta, cuyo nivel de aprobación llegó a ser el más bajo del mundo, apenas el 2% (menor que el márgen de error de las encuestas), para lavarle la cara al sistema.
Al igual que en los otros países que se han visto envueltos en la oleada de la llamada “revolución de la Generación Z” la corrupción y la ostentación opulenta de lujo de los de arriba contrasta de manera violenta con las condiciones generales de pobreza, miseria y falta de perspectivas de futuro para los de abajo. Y eso se manifiesta de manera más aguda en la generación que ha crecido después del inicio de la crisis capitalista en 2008.
En la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Congreso de la República de Perú declaró la vacancia presidencial con 121–124 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra — un gesto político poco común dada la amplitud de apoyos interpartidarios. Boluarte, quien no asistió al debate ni presentó defensa ante el pleno, fue declarada removida bajo la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”.
La maniobra tenía ciertos parecidos con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en 2020, que desató protestas masivas de la juventud en Lima contra la toma de posesión de Manuel Merino. Ya en aquél entonces existía un profundo hartazgo con todo el establishment político y las masas rechazaban una salida por arriba a la crisis política.
De no haber sido destituida, es posible que la ira popular la hubiera derrocado.
La diferencia con la situación de 2020 es el acercamiento de las elecciones de 2026, para las cuales ya han empezado las campañas electorales. En este contexto, Dina Boluarte se convirtió en la cabeza de turco útil, el ronsoco (rata mas grande del mundo) tapando la corrupción y delincuencia de las demás ratas.
Es más conveniente desde la perspectiva de los delincuentes del Congreso empezar la campaña haciendo parecer que siempre han querido sacar a Dina y que por fin lo lograron, cuando en realidad en su gran mayoría son cómplices.
Rechazo al nuevo presidente
Con la vacancia consumada y sin vicepresidentes disponibles, la Constitución establecía que el presidente del Congreso asumiría la Presidencia de la República. Así, José Enrique Jerí Oré, hasta entonces titular del Parlamento, juró como presidente interino la madrugada del 10 de octubre.
Jerí, de 38 años, abogado de profesión y dirigente del partido “Somos Perú”, pasó de presidir el Congreso (desde julio de 2025) a asumir la jefatura del Ejecutivo. En su discurso inaugural prometió “reconciliación”, un gobierno de transición y la declaración de “guerra a la delincuencia”.
Hubiera sido difícil encontrar a otro candidato peor calificado para resolver una crisis de legitimidad en las instituciones burguesas. Jerí cuenta en su haber una denuncia por violación sexual (archivada) y varias denuncias (en trámite) por enriquecimiento ilícito y por cobros irregulares.
La destitución de Boluarte y el ascenso de Jerí no han apagado las llamas sociales. Al contrario, el nombramiento de un personaje tan desacreditado no ha hecho sino avivar las llamas del descontento.
El 15 de octubre, en el marco de un nuevo llamado a paro nacional, miles marcharon por las calles de Lima enfrentándose otra vez a un dispositivo policial y represivo enorme y brutal. La policía estaba dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para impedir la llegada de los manifestantes al palacio presidencial.
Durante los enfrentamientos, un agente de policía de paisano (terna) asesinó al artista de hip hop Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 31 años, conocido artísticamente como “Trvkoo” (o “Trvko”), que pertenecía a un colectivo cultural del distrito de San Martín de Porres en Lima. Hay otro manifestante en estado grave y decenas de manifestantes resultaron heridos por disparos de perdigones, gas lacrimógeno, etc. En ese día, las fuerzas de represión se ensañaron particularmente con los periodistas.
En 2020, el presidente Merino se enfrentó inmediatamente a una oleada de protestas, su represión dejó dos jóvenes muertos y su mandato colapsó en apenas 5 días. Jerí podría ir por el mismo camino.
El movimiento de protesta en Perú ha demostrado su valentía, coraje ante la represión y persistencia con movilizaciones sostenidas por casi un mes. Ha acelerado la partida de la odiada Boluarte, pero hasta el momento no tiene la fuerza necesaria para tumbar a todo el régimen.
Para avanzar es necesario sacar las lecciones de las experiencias recientes, tanto de las movilizaciones contra la corrupción de 2020, como de la elección del gobierno de Pedro Castillo, como de la resistencia de masas contra el golpe en 2022-23.
En primer lugar, es crucial entender que la corrupción no es algo accidental, sino que es consustancial al régimen capitalista, y existe en países dominados por el imperialismo, con una burguesía débil y parasitaria, como Perú, pero también en países capitalistas “avanzados” como España, Gran Bretaña y EEUU, donde el cabildeo, el pago de coimas y la entrega de contratos al entorno cercano de ministros y políticos es también cosa habitual.
La exigencia de un gobierno “limpio” entra en contradicción con la existencia del régimen capitalista mismo.
El gobierno de Pedro Castillo (2021-22), elegido por las masas obreras y campesinas del Perú profundo e indígena que anhelaban un cambio sustancial de sus condiciones de vida mediante el control de los recursos naturales (gas y minería) también contiene lecciones importantes. La principal lección es que la oligarquía capitalista no va a permitir que se toquen, ni en lo mínimo, ni su poder, ni su propiedad, ni sus privilegios. Cualquier intento de moderar el programa para complacerle, lo único que logra es desmoralizar a las masas, desmovilizarlas y así preparar el camino al desastre. Su eslógan electoral “no más pobres en un país rico” solo se podía llevar a cabo mediante un enfrentamiento frontal con los dueños del país.
Se puede, y se debe, utilizar la lucha parlamentaria, pero siempre siendo consciente de sus limitaciones, y como auxiliar de la lucha de las masas en las calles.
El movimiento insurreccional contra el golpe, en 2022-23, también contiene lecciones importantes. La movilización de masas llegó muy lejos y en algunos momentos desafió el poder del Estado en todo el sur del país. Pero nunca logró implicar a la clase obrera en su conjunto y particularmente no en la capital. La dirección de la CGTP nunca tuvo ninguna intención de movilizar de manera decidida la fuerza de la clase obrera, y particularmente del proletariado minero. Se hicieron convocatorias, pero tenían como objetivo disfrazar la falta de movilización real.
Ahora, el movimiento es más fuerte en la capital, aunque su base principal sigue siendo la juventud, y las regiones, tanto del sur como del norte, permanecen en gran medida al márgen debido quizás a un resentimiento histórico con la capital, debido a que cada vez que se manifiestan, sienten que los “dejan solos”.
Para tumbar al régimen corrupto y putrefacto de la oligarquía capitalista y a sus representantes políticos (ya sean los del fujimorismo, como los de la derecha bruta y achorada y también los de la izquierda caviar que les hacen el juego) es necesaria la más amplia movilización de la clase obrera y el campesinado indígena pobre.
Para lograrlo es necesario un programa que apele a todos. Las consignas del momento son:
Cierren el Congreso – ¡Que se vayan todos!
Asamblea Constituyente Revolucionaria, con representantes elegidos de las fábricas, barrios, escuelas y organizaciones campesinas
Paz, trabajo y tierra
Expropiación de la oligarquía capitalista y recuperación de los recursos naturales
Y para lograrlo:
Paro nacional y bloqueos carreteros, en una acción simultánea, hasta que caiga la oligarquía y sus representantes.
Comités de lucha de todos los sectores en las diferentes regiones, con una coordinación nacional de lucha.
Todo el poder al pueblo trabajador.
