Ante la inocultable crisis de la educación en todos sus niveles, el gobierno nacional viene impulsando una nueva legislación que calme el descontento social de críticas y luchas contra el modelo educativo instaurado en los 90. Además, el deterioro es tal que llega a afectar a la calificación de mano de obra que necesita el empresariado, por lo que se busca implementar una educación técnica a su medida. Pero tanto el documento base como el proyecto presentado a mediados de septiembre, mantienen aspectspectos centrales de la contrarreforma menemista.
Se mantiene lo fundamental de la ley menemista
Ante la inocultable crisis de la educación en todos sus niveles, el gobierno nacional viene impulsando una nueva legislación que calme el descontento social de críticas y luchas contra el modelo educativo instaurado en los 90. Además, el deterioro es tal que llega a afectar a la calificación de mano de obra que necesita el empresariado, por lo que se busca implementar una educación técnica a su medida. Pero tanto el documento base como el proyecto presentado a mediados de septiembre, mantienen aspectos centrales de la contrarreforma menemista.
Si bien se critica la descentralización de los 90, el borrador mantiene las escuelas en manos provinciales, y anticipa la posibilidad de municipalizar y aumentar la parte privada. Y no menciona una palabra de un sistema público unificado. Sólo plantea una estructura común y contenidos equivalentes en todo el país. Pone entonces paliativos frente al caos actual y establece que el Estado nacional sólo fija la política educativa y el control de su cumplimiento.
El borrador concede al sector privado, principalmente a las confesiones religiosas reconocidas (léase a la Iglesia Católica), incrementos de subsidios y exenciones impositivas, y amplias atribuciones para la gestión. También establece un monopolio, en manos privadas subsidiadas, de la educación a través de la televisión e Internet (Portal educ.ar).
Al mantener la Ley de Financiamiento Educativo que establece para el 2010 un 6% anual del PBI entre aportes nacionales, provinciales y privados, pone un techo para considerar las necesidades edilicias, de equipamiento, salariales, etc. Con estos montos, se llegaría a la financiación que la educación tenía en 2001 ajustada por inflación, lo que en el fondo significa aceptar los recortes de la etapa Menem-De la Rúa.
La nueva Ley Nacional de Educación, que se pretende aprobar antes de fin de año, también ratifica la Ley de Educación Superior (que atenta contra la autonomía universitaria y favorece la injerencia de capitales privados) y la Ley de Educación Técnica (que subordina la formación de gran parte de la juventud trabajadora a las necesidades de las empresas privadas y les provee mano de obra gratuita mediante supuestas pasantías y prácticas). Incluso acredita aprendizajes en "ámbitos de educación no formales" y de experiencias laborales, sin control pedagógico.
Aunque amplía la obligatoriedad a 13 años, entre los 5 y 18 años (1 año de preescolar, seis o siete de primaria y seis o cinco de secundaria), deja en manos privadas, en su mayor parte, el sistema de jardines maternales y de infantes.
Si bien se menciona el respeto por los derechos adquiridos de los docentes, se establece una nueva modalidad de carrera, con premios y castigos según la subordinación a la política educativa del gobierno, creando competencia entre los docentes en una misma escuela y poniendo en riesgo la existencia de la antigüedad. Además, crea organismos de evaluación del sistema, integrados por "notables", dejando a la sociedad afuera del control de la educación.
Por todo esto, es lamentable que la dirigencia del sindicato docente CTERA apoye este proyecto de Ley, a espaldas de la opinión de sus bases, en lugar de ponerse a la cabeza de una amplia movilización de docentes y estudiantes contra el mismo.
Luego de la marcha federal del 15 de septiembre, los sectores en defensa de la Educación pública, laica y gratuita se encaminan a un Congreso Nacional Educativo en Lucha para discutir todos estos temas. Creemos que el gran desafío es llegar a la gran masa de alumnos, docentes, trabajadores de las escuelas y padres, que aún no encuentra canales de participación.
Desde la Corriente Socialista El Militante consideramos que se debe luchar por un sistema único educativo, público, laico, gratuito y científico. Por el derecho universal a la educación garantizado por el Estado. Por la obligatoriedad de 0 a 18 años. Contra todo tipo de descentralización, privatización e injerencia del capital o de las confesiones religiosas en la educación, recuperando así los cuantiosos subsidios. Por el respeto irrestricto de los derechos adquiridos por docentes y demás trabajadores de la educación. Por salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar. Por capacitación gratuita, estatal y permanente de los docentes. Por edificios y equipamiento dignos y adecuados a las necesidades. Por becas para los alumnos de escasos recursos. Por un presupuesto educativo adecuado a todas estas necesidades.
