¿Una alternativa al problema de la vivienda?
En el mes de junio el gobierno nacional anunció un plan de acceso a la vivienda, denominado PRO.CRE.AR bicentenario.
El mismo otorga la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario a los trabajadores en blanco, tengan o no terreno y que no posean vivienda propia. El plan prevé otorgar 100.000 créditos de hasta 30 años con tasas del 2% al 14% y montos de hasta 350.000 pesos, con una relación cuota/ingreso máxima del 40%. Y sin requerimientos de salario minino. Y el Estado nacional aportaría 1.700 has. de terrenos fiscales para construir las viviendas. Los créditos se otorgarían por sorteo entre los solicitantes.
El gobierno dice que esto creará unos 100.000 puestos de trabajo directo en la construcción y 100.000 indirectos.
Evidentemente, este plan es un paso adelante que mejorara la calidad de vida de miles de personas en caso de que el mismo se ejecute tal como está planeado.
Gran cantidad de trabajadores y sus familias podrán acceder a un hogar donde vivir por lo cual, a pesar de sus limitaciones, saludamos esta iniciativa y llamamos a impulsarla.
En la Ciudad de Bs. As. el Gobierno de la Ciudad también anunció un plan de acceso al crédito para vivienda única destinado a la compra de unidades usadas, que cubren solo el 85% del valor de la propiedad y con condiciones de admisión y financiamiento más duras que el plan PRO.CRE.AR.
Las limitaciones que debemos superar
Como mencionamos, los planes que intentan facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores siempre son un paso adelante ya que tienden a paliar el déficit habitacional. Pero al analizar este problema, primero debemos tener en consideración que el acceso a la vivienda es un derecho básico y elemental para todo trabajador, incluso está garantizado por nuestra Constitución Nacional. Pero la realidad dura y cruda es otra para millones de personas en nuestro país.
El déficit habitacional que padecemos es altísimo, se calcula que un 25% de los hogares argentinos posee algún tipo de insuficiencia (la cifra trepa al 35% si se considera el hacinamiento, según el Banco Interamericano de Desarrollo). Este plan es un paliativo, y no soluciona el problema de fondo.
Miles de personas habitan en viviendas de característica precarias y/o padecen falta de luz, agua potable, gas, saneamiento público, tienen pisos de tierra suelta o poseen techos y/o paredes de chapa y cartón.
Y también estáa el padecimiento de quienes deben destinar gran parte de su salario para pagar alquileres altísimos.
A esto debemos sumarle el parasitismo absoluto de la banca privada que se niega a otorgar créditos hipotecarios, ya que prefieren volcarse al financiamiento del consumo que les da acceso a ganancias astronómicas, a través de la usura.
Cuando insertamos los planes de crédito y construcción dentro de esta realidad quedan claramente a la vista la insuficiencia y limitaciones de los mismos.
Y siempre está el riesgo de que éstos queden entrampados en una maraña de burocracia que termine por dejar inconclusos dichos planes. De hecho, si revisamos un poco nos encontraremos que casi la totalidad de planes de vivienda anunciados por el gobierno en los últimos años no se cumplen, se frenan o se subejecutan.
En la Ciudad de Buenos Aires vemos cómo la administración macrista destina recursos para alimentar el boom inmobiliario de la construcción de torres y propiedades a las que solo accede aquella minoría de mayores ingresos y produce millonarias ganancias para las constructoras y demás sectores ligados a la especulación inmobiliaria. Mientras tanto, no se avanza en la construcción de viviendas sociales.
Somos los trabajadores los que sufrimos esta realidad que nos impide, a todos, acceder a algo que se entiende como esencial, una casa para nuestra familia. Dejando a la vista de todos que el problema de la vivienda es un problema de clase.
Es necesario comprender que el déficit de vivienda no es sólo un desajuste en el mercado habitacional o un problema organizativo si no que su origen está directamente relacionado con la estructura económica de la sociedad. O sea, no podemos encontrar soluciones a problemas sociales complejos sin atacar la raíz de fondo de los mismos: los intereses y la propiedad de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que viven de nuestra explotación y lucran con nuestras necesidades elementales básicas.
Son estos sectores los que poseen el monopolio de los medios de producción (empresas, fábricas, tecnología, tierras) obligando a la gran mayoría de la sociedad a vivir en condiciones indignas, ya que sin vivienda digna no puede haber vida digna.
La realidad nos muestra que empresarios, banqueros y terratenientes no producen para satisfacer las necesidades de la población sino que producen con el único fin de obtener ganancias. O sea, si construyen viviendas lo hacen para sacar el mayor provecho económico, por este motivo se vuelcan a construir torres lujosas o barrios privados antes que viviendas para todos.
Es en el afán de lucro indiscriminado donde descansa la estructura económica de la sociedad y he ahí la principal limitación con la que chocamos al buscar una solución definitiva al problema de la vivienda.
Cómo superarlas
Es por todo esto que, a la vez que extendemos el debate para romper con este orden de las cosas y que nos permita llegar a una solución definitiva al problema de la vivienda, debemos impulsar una serie de medidas, de aplicación inmediata, que empiecen a revertir la situación. Es una necesidad que reviste carácter de urgencia dado la gravedad del problema.
Por eso proponemos:
Un plan integral de viviendas construidas por el Estado a través de una empresa estatal de construcción con un precio que no sobrepase el 10% de los ingresos familiares.
Obligar a los bancos a destinar una línea especial de créditos hipotecarios cuyo monto complete el plan integral de financiación para la edificación y compra de viviendas sociales a interés reducido, y cuyas cuotas no superen el 10% de la canasta familiar. Expropiación sin indemnización de los bancos que incumplan o boicoteen esta disposición.
Obligar por ley a las grandes constructoras a que destinen el 50% de la construcción edilicia a la edificación de viviendas sociales. Expropiación de las grandes constructoras que incumplan o boicoteen el cupo planteado.
Implementar el control obrero y de las organizaciones barriales para garantizar el cumplimiento de estas medidas como únicos interesados reales en su aplicación.
