La Autonomía que sostenemos no es en relación a la sociedad, ya que la universidad es parte de ella, sino al Estado, al gobierno de turno y a sus partidos políticos.
La lucha por la restitución de la Autonomía supone la lucha contra todo tipo de arancelamiento. La Ley Federal de Educación (LFE) y la Ley de Educación Superior (LES) desliga al Estado de toda res¬ponsabilidad en la educación pública, privilegiando la educación privada y rescatando la ideología de la iglesia católica y la libre empresa.
A finales de 2005 se sancionó la Ley de financiamiento educativo que promete llevar en cuatro años el presupuesto del 4 al 6 por ciento del PBI para toda la educación pública: primaria, secundaria, terciaria y Universitaria. Pero a la vez esto significó la profundización del relegamiento de la Universidad frente a los demás niveles de la educación pública: el Estado la deja proporcionalmente más desfinan¬ciada, cada vez más expuesta a la intromisión del capital privado (1). Según un reclamo firmado por recto¬res de 6 de las 37 Universidades públicas “la Ley de financiamiento educativo es un corsé que limita toda iniciativa para mejorar el funcionamiento de las Universidades Nacionales”.
En 2005 el presupuesto total fue de $2.400 millones, de los cuales el 91% iba para salarios de docentes (2) y empleados. En 2006 se incrementó a $3.359. Esta cifra significa un 0,57% del PBI, mientras Brasil destina a sus Universidades públicas un 0,84% y España un 0,92%. Y habría que ver cuán satis¬factorio es el presupuesto en estos países. Y se mantiene por encima del 90% del presupuesto total ¡lo destinado a salarios!
Claro que no sólo salarios se necesitan para el funcionamiento universitario. Con menos del 10% restante se deben afrontar las necesidades de desarrollo y fortalecimiento de las actividades de ense¬ñanza, generación y transferencia de conocimiento, la investigación, los programas de extensión y el mantenimiento de la infraestructura edilicia, y el equipamiento de ciencia y técnica (congelado hace 10 años con lo que, restando la inflación, se redujo al 44% de lo destinado a Ciencia y Técnica en el presu¬puesto 1996). Además habría que contemplar nuevas infraestructuras, becas estudiantiles, bibliografía, informatización, laboratorios, becas de formación docente, comedores, etc.
Esta política de ahogo presupuestario empeora las condiciones de cursada en todas las facultades. En las masivas, por ejemplo, hay un sistema de sorteo para conseguir los mejores horarios o solamente para poder cursar una materia; o directamente, en otros casos, la oferta horaria se reduce a la tarde-noche, y el que trabaja en ese horario, no puede cursar. Nuestra Corriente defiende, por lo tanto, que exista diversidad de horarios en todas las materias, que haya siempre comisiones a la mañana o a la tarde-noche, etc. En el caso del sorteo, exigimos que haya cantidad suficiente de cátedras y horarios para garantizar que los estudiantes puedan cursar en las materias y en los horarios que les interesan.
Otra cuestión es la infraestructura, los edificios, bibliotecas, laboratorios, institutos, etc. Hoy en día dan lástima en la mayoría de nuestras facultades. En general, las bibliotecas son paupérrimas. Debemos exigir un programa especial de actualización y reforma de bibliotecas e institutos. No es sólo en los referente a manuales (los libros), sino también el funcionamiento, la informatización, el acceso de los estudiantes, docentes e investigadores al material.
Los edificios languidecen. Defendemos una reforma integral edilicia para dar mejores condiciones de hábitat a estudiantes, profesores y personal no docente. Como tantos otros temas, este depende de la situación y las prácticas concretas de cada facultad. Algunas están mejor atendidas pero en otras, las aulas son horribles. En muchos casos hay poca ventilación o no hay agua, falta calefacción en invierno, etc.
Mientras que docentes, no docentes y algunas autoridades universitarias reclamaban aumentos de entre el 50% y el 75% luego de la devaluación, los estudiantes pedían triplicar el presupuesto para mantener el funcionamiento de años atrás. Si continuamos con la comparación con Brasil, este invierte 24 veces más por alumno/año: 11.946 dólares frente a 478 en Argentina.
Claro que todas estas cifras son manteniendo la bajísima proporción de ingreso a la Universidad donde acceden muy pocos de los estudiantes que terminan el secundario. Para que todo hijo de trabajador pueda cursar estudios superiores es necesario ampliar las unidades académicas existentes y crear otras nuevas, con lo que no alcanza con multiplicar este presupuesto tres o cuatro veces, sino cambiar todas las prioridades del Presupuesto Nacional. Y esto es posible sólo dejando de pagar la fraudulenta deuda externa y recuperar las ganancias fabulosas que se llevan las privatizadas, renacionalizándolas bajo control obrero.
La venta de recursos a terceros (en la UBA representa cerca del 40% del presupuesto general y va en crecimiento) revela la ausencia de Autonomía Universitaria. Cuando hablan de Autonomía, en realidad se trata de Autogestión económica que implica el desentendimiento del Estado en el presupuesto educativo para hacer uso de los fondos de manera discrecional. ¿Por qué?
1. el Estado se desentiende de sostener la educación pública, con lo que esto significa: falta de cargos docentes y no docentes, becas para estudiantes, infraestructura edilicia, desarrollo científico independiente, etc.
2. al tener que “vender” el conocimiento surge la división entre facultades “rentables” y no rentables, con la consiguiente desfinanciación estatal y/o privada.
3. la “libertad de cátedra” pasa a ser una consigna a restituir, ya que una numerosa capa de docentes se vende al mejor postor. Esto conlleva la concentración de las prebendas en el claustro, donde la mayoría de los docentes ad-honorem o con dedicación simple están obligados a cumplimentar una serie de requisitos para permanecer en la universidad, y muchos de ellos les rinden pleitesía a los “bronces” a fin de acceder y “ser parte de…”
4. los estudiantes se “forman” en ese concepto de “intelectual”, con el consiguiente estrechamiento de miras en lo que se refiere a la profesión y al rol que debería cumplir.
5. los trabajadores de la universidad se limitan a garantizar este funcionamiento y han asumido una posición funcional a la pulverización de la universidad pública.
6. en nombre de la “autonomía” se liquida la universidad estatal al mejor postor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una agencia financiera del imperialismo, a través de planes de financiamiento llamados FOMEC, proponía, entre 1994/95, ampliar la autonomía universitaria para disponer con total libertad de sus fondos, mientras que le daba al Estado el papel de “evaluador académico”. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: a) disminuir los aportes del Estado a la Universidad para lograr más aportes al pago de los servicios de la deuda externa; b) flexibilizar las condiciones de trabajo entre los no docentes y generar el clientelismo entre los docentes e investigadores, con la certeza de que el control sobre la distribución de los recursos universitarios recae en una exclusiva elite.
7. el Ministerio de Educación no tiene un relevamiento sobre la cantidad y calidad de prestaciones y “transferencias científico tecnológica” de las Universidades Nacionales. El gobierno asumió a partir del 2003 el “canje de deuda externa por educación”. Lo que implicaría, en caso de ser aceptado, el abrir de par en par las puertas de la Universidad pública a los grandes financieros internacionales que poseen bonos de la deuda externa.
8. Todo esto tiene una incidencia directa sobre el gobierno universitario. La LES garantizó que los estudiantes fueran separados de los órganos de decisión y se terminó de acentuar la participación del “graduado”. La concentración de las decisiones en el pequeño y poco representable claustro docente terminó de sellar y cohesionar esta política educativa.
9. disminución de la calidad educativa del grado. Elitización no sólo por el deterioro económico social de amplias capas que antes accedían a la universidad, sino también por la mercantilización de las herramientas de estudio. Así tenemos la explosión de carreras de postgrado, maestrías y doctorados pagos, con la consiguiente presión para acortar la carrera de grado. De esta manera el Estado sólo garantizaría la educación “gratuita” para la formación elemental/básica, mientras que la especialización y la profundización de las distintas disciplinas estarían privatizadas.
10. confidencialidad de la investigación es el recurso central de la privatización del producto que, en algunos casos, funciona como un patentamiento privado de una investigación pública. (Fac. Veterinaria UNT – leches fortificadas pensadas en la desnutrición – vendida a SANCOR, etc. etc.).
11. cientos de millones de pesos de recursos propios (como en e Rectorado de la UBA) que no se sabe de su destino
12. La fuerza de la “realidad”, impuesta por la burguesía y el imperialismo, al desfinanciar las universidades del país, empujan y establecen una aceptación pasiva de los gobiernos universitarios de la venta de recursos a terceros como una “necesidad” para sostener la educación. Así se naturaliza la privatización encubierta de la Educación Pública y Gratuita.
Esta síntesis apretada intenta poner blanco sobre negro, las ideas que deben motorizar la movilización del estudiantado, junto a docentes y trabajadores universitarios que quieran una educación radicalmente opuesta a la actual.
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1. "La UBA es la máxima empresa proveedora de pasantes del país. La mayoría de las facultades cierran acuerdos con las empresas para que sus alumnos hagan pasantías de trabajo con contratos basura. Estos contratos y los posgrados rentados son parte de las cajas chicas y los recursos propios que permiten vivir a la UBA", dijo el secretario gremial de CONADU Histórica (docentes), Néstor Correa, sobre uno de los temas polémicos. "Por cada pasantía las facultades pueden quedarse con un 5% para gastos —agregó un decano—. El problema es que todas deberían ser formativas y con control académico, cuando en muchos casos es "palo y a la bolsa" porque es el 5% y no importa para qué".
Mientras el presupuesto oficial de la UBA para 2006 es de $ 657.200.000, en recursos propios blanqueados genera entre $ 150 y $ 200 millones más. "Son unos $ 800 millones por ejercicio. Una gestión de cuatro años maneja la friolera de US$ 1.000 millones", sostuvo Marcos Britos, delegado de los no docentes del Rectorado. Decanos consultados aseguran que la cifra real sería, por lo menos, del doble. "Hay varias maneras de generar recursos —dijo uno de ellos—: el alquiler de los campos de deportes, la compra y venta de servicios e insumos de los hospitales universitarios, como el Clínicas, la oferta del Centro Cultural Rojas. Por estos recursos se pelea".
2. Según estimaciones de CONADU Histórica -sobre una base de Dedicación Simple ($250) haría falta unos $55 millones anuales para cubrir los salarios de los “ad honorem”.
