El proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2009 refleja un deslizamiento claro de la política económica del gobierno hacia la derecha, orientada a satisfacer como nunca los intereses de los empresarios y el capital imperialista a costa de los trabajadores y el gasto social.
El proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2009 refleja un deslizamiento claro de la política económica del gobierno hacia la derecha, orientada a satisfacer como nunca los intereses de los empresarios y el capital imperialista a costa de los trabajadores y el gasto social.
Para empezar, los pagos de la deuda pública y externa se llevarán unos $24.000 millones ($10.000 millones más que hace dos años). Los subsidios y ayudas directas a las empresas se reparten y esconden en numerosos ítems resultando imposible cuantificarlos exactamente, pero basta decir que este año 2008 superarán los $35.000 millones (iECO Clarín, 20 julio). Sólo las empresas ferroviarias están llevándose 5 millones de pesos diarios; esto es, unos $1.800 millones al año.
El dinero público destinado a la importación de combustibles subirá en el 2009 hasta los $4.685 millones, cuando hace 5 años no existía este gasto. Se muestra así el grado de saqueo del país por las multinacionales petroleras, cuyas exportaciones de gas y petróleo, unido a la ausencia de inversiones en nuevas exploraciones, obligan al gobierno a importar para suplir el faltante. Estos $4.685 millones bien podrían destinarse a salud, educación, infraestructuras, transporte o a subir el salario de los empleados públicos, pero se malgasta así para mayor gloria de las multinacionales petroleras.
A estas partidas deben sumarse otros $24.000 millones que el estado dejará de ingresar por exenciones y reducción de impuestos a los empresarios ($3.300 millones más que en el 2008). De este dinero, $3.118 millones corresponde a las reducciones de las contribuciones patronales por zona geográfica y por las reformas laborales aprobadas en el 2000 y 2004.
El gobierno se ufana diciendo que habrá un aumento del gasto público de $31.600 millones y que el 80% del mismo se destinará a gasto social, educación e infraestructuras. En realidad, estos $31.600 millones suponen un incremento del gasto del 15,6%, por debajo de la inflación anual real estimada en el 25%. Es decir, el gasto real medido en poder de compra descendería casi un 10%.
Lo que el gobierno no puede ocultar es que estos presupuestos no contemplan aumentos salariales para los empleados públicos, lo que muestra de entrada el desprecio y la falta de respeto que este gobierno y sus funcionarios tienen hacia los trabajadores. Nadie duda de que habrá aumento salarial el año próximo, pero el gobierno tratará de que sea lo menos posible y sólo si los trabajadores se movilizan para conseguirlo. En cambio, todo es dispendio y generosidad cuando se trata de pagar la deuda externa a los grandes financieros nacionales y extranjeros, o de otorgar subsidios millonarios a los empresarios, o de entregar la obra pública al apetito voraz de las grandes constructoras.
Los sindicatos deberían encabezar una lucha seria contra estos presupuestos y el tope salarial que están proponiendo gobierno y empresarios, exigiendo el no pago de la deuda externa y ni un centavo en subsidios a los empresarios. Esta es la única manera seria de contar con recursos suficientes para salud, educación, jubilaciones, salarios e infraestructuras.
