Toda la educación pública nacional está en pie de guerra contra las políticas de ajuste implementadas por los gobiernos nacional, provinciales y de la Capital. Con huelgas, marchas y ocupaciones de los centros de estudio, todos estamos unidos por las mismas demandas: salarios dignos para los docentes y el personal no docente, por aumento del presupuesto educativo, por mejores infraestructuras, por el ingreso irrestricto a la universidad, por la defensa de la autonomía universitaria y la democratizaciización del cogobierno.
Trabajadores y estudiantes unidos
Toda la educación pública nacional está en pie de guerra contra las políticas de ajuste implementadas por los gobiernos nacional, provinciales y de la Capital. Con huelgas, marchas y ocupaciones de los centros de estudio, todos estamos unidos por las mismas demandas: salarios dignos para los docentes y el personal no docente, por aumento del presupuesto educativo, por mejores infraestructuras, por el ingreso irrestricto a la universidad, por la defensa de la autonomía universitaria y la democratización del cogobierno. Por la derogación de la Ley de Educación Superior (LES) y de la Ley Federal de Educación, por la defensa de la educación pública, laica y gratuita, que frene la descentralización con sus secuelas de creciente influencia privada, clerical y de punteros regionales.
El reclamo de los docentes y no docentes es irrenunciable, como la incorporación al básico de las sumas no remunerativas ni bonificables que se han ido acumulando como adicionales. Aproximadamente un 40% del salario docente está "en negro". Pero incluso así la inmensa mayoría de los salarios seguirían quedando por debajo de la línea de la pobreza. Hay que elevar el salario de bolsillo hasta la media de la canasta familiar ($1.600), y terminar con la mano de obra esclava docente ad honorem que deben ser integrados a planta con todos sus derechos.
La LES deja abierta la posibilidad del arancelamiento, restringe el ingreso y la permanencia en la universidad. La maniobra de justificar los bochazos masivos en los exámenes por el mal rendimiento de los estudiantes, oculta el objetivo premeditado de dejar afuera a la mayoría, con el manejo arbitrario de los exámenes y de sus correcciones. Una nueva ley tendría que sostener la gratuidad y el ingreso irrestricto. Pero además debe avanzar hacia una real democratización, con claustro único docente, derechos políticos para los profesores interinos, representación para los docentes preuniversitarios y ampliación de la representación estudiantil hasta un 50% en los cogobiernos.
El presupuesto universitario debe asegurar el pago de salarios dignos y mejorar la infraestructura universitaria, además de posibilitar la incorporación de medios técnicos y materiales necesarios para el mejoramiento de la educación. Pero con el actual presupuesto universitario de $2.300 millones resulta insuficiente. Necesitamos su duplicación. Mientras tanto, el Estado sigue transfiriendo millonarias sumas en dólares al FMI y a los supuestos acreedores de la deuda, a las privatizadas (con aumentos de tarifas y subsidios), y a los empresarios con subsidios millonarios. Lo que demuestra que sí hay plata para recuperar la educación y los salarios.
Por eso, sólo la unidad y extensión de la lucha a nivel nacional de los trabajadores y los estudiantes, como hoy lo estamos demostrando, con un plan de movilizaciones sostenido en el tiempo, puede terminar con esta política que hace pagar la salida de la crisis a los docentes, estatales y estudiantes con sus bajos sueldos y una educación cada vez más deteriorada.
