A la medida de la burguesía y del imperialismo
La "Ley Antiterrorista" aprobada por la Cámara de Diputados supone un nuevo endurecimiento de la legislación represiva y refuerza el alineamiento del gobierno de Kirchner con la política exterior de los países imperialistas.
A la medida de la burguesía y del imperialismo
La "Ley Antiterrorista" aprobada por la Cámara de Diputados supone un nuevo endurecimiento de la legislación represiva y refuerza el alineamiento del gobierno de Kirchner con la política exterior de los países imperialistas.
Esta ley fue aprobada a instancias de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dependiente del Grupo de los 8 (G-8), que integran las 7 potencias imperialistas más fuertes del planeta, más Rusia.
La excusa para promulgar esta ley es perseguir a quienes financien a grupos terroristas, pero el objetivo final es criminalizar la protesta social y a las organizaciones revolucionarias.
La ley plantea perseguir "al que tomara parte" de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Dejando a un lado la expresión "aterrorizar a la población", introducida para ganar el favor de la opinión pública, esto es precisamente lo que persigue cualquier reclamo popular con marchas, huelgas, cortes de ruta, tomas de fábricas, escuelas o edificios públicos: cambiar las políticas de los gobiernos reaccionarios y sus leyes, e imponer la voluntad de la mayoría. Y estas son las actividades habituales que propugnamos y estimulamos las organizaciones revolucionarias en todas partes.
Las penas previstas por estos "delitos" son de 5 a 20 años de prisión.
La ley se aplicaría contra "aquellas asociaciones que tuvieren un plan de acción que apunte a promover el odio étnico, religioso o político", estar organizado en "redes internacionales", y dispongan de "armas de guerra, explosivos o armamento bacteriológico".
Pese a las frases demagógicas destinadas a engañar a la opinión pública, este apartado también podría aplicarse a las organizaciones populares y revolucionarias.
Por supuesto, rechazamos el odio étnico y religioso, pero sí apuntamos nuestro combate contra los políticos burgueses y sus instituciones, y como organizaciones de clase sí estimulamos el justo odio de clase hacia nuestros explotadores y el imperialismo.
Los marxistas siempre hemos combatido los métodos contraproducentes del terrorismo individual contra nuestros enemigos, porque desprecian la acción colectiva de las masas trabajadoras, rebajando su nivel de conciencia, y siempre consiguen lo contrario de lo que persiguen, fortaleciendo el aparato represivo contra el pueblo trabajador. Sí defendemos, en cambio, la violencia revolucionaria que improvisan las masas trabajadoras y sus organizaciones, como medio de autodefensa frente a la violencia organizada del aparato represivo burgués y de las bandas fascistas.
Más allá de esto, es conocido que, incluso en la persecución de los llamados "delitos comunes", la policía y los servicios secretos “plantan” armas y explosivos en sus operativos destinados a apresar a delincuentes, ficticios o reales; más aún lo harán tratándose de activistas populares y de organizaciones revolucionarias.
No es casual que Lavagna y la UCR se unieran al gobierno en la aprobación de esta ley reaccionaria. Los intereses de la burguesía y el imperialismo tienen prioridad sobre las disputas de estos políticos profesionales. La derecha de Macri se opuso por cálculos demagógicos: para aparecer como oposición al gobierno y, sobre todo, porque no había peligro de que la ley fuera rechazada, aún con sus votos en contra, ya que el gobierno se había asegurado una mayoría cómoda en la votación.
Ninguna ley reaccionaria puede frenar la lucha revolucionaria de las masas trabajadoras contra la explotación capitalista. Pero este hecho sí es un llamado de atención de cómo la burguesía argentina e internacional se preparan para combatir nuestras luchas futuras.
Los sindicatos obreros y las organizaciones populares deberían diseñar un plan de acción destinado a concientizar a las masas trabajadoras de estos planes represivos y promover todo tipo de movilizaciones para conseguir la derogación de esta ley reaccionaria.
