Con gigantescas movilizaciones de cientos de miles de secundarios y universitarios (como la del 5 de junio), protestas masivas en todo el país, huelgas de varias semanas y tomas de colegios, los estudiantes chilenos rompieron con una etapa de más detres décadas de reacción dictatorial, de continuismo político y socioeconómico bajo la Concertación, y de fragmentación de las luchas de trabajadores, pobladores y campesinos. Con gigantescas movilizaciones de cientos de miles de secundarios y universitarios (como la del 5 de junio), protestas masivas en todo el país, huelgas de varias semanas y tomas de colegios, los estudiantes chilenos rompieron con una etapa de más de tres décadas de reacción dictatorial, de continuismo político y socioeconómico bajo la Concertación, y de fragmentación de las luchas de trabajadores, pobladores y campesinos.
La explosión de combatividad estudiantil en reclamo de una educación digna, igualitaria y de calidad se da en el marco del giro a la izquierda que se observa en todo el continente. Se manifiestan en contra de un sistema educativo que segrega, margina, y quita perspectivas de futuro a la inmensa mayoría de la juventud chilena.
Las demandas comenzaron con el reclamo de Gratuidad y Extensión del Pase Escolar (para el transporte) y la Revisión del régimen de Jornada Escolar Completa (unas 8 horas y media). Pero luego de sucesivos saltos de conciencia se pasó a solicitar la Gratuidad de la Prueba de ingreso a la Universidad (PSU), cuyo arancel atenta contra la igualdad de oportunidades, y la Derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), aprobada por Pinochet un día antes de abandonar la presidencia. Y finalmente, en un importante intento de unificar a los sectores perjudicados por la crisis social, se suma el reclamo de Aumento del salario mínimo de $127.500 a $200 mil para todos los trabajadores.
La LOCE fomenta el traspaso de las escuelas a los municipios o agentes privados, convirtiendo a la educación en un mercado más para la obtención de ganancia capitalista y fragmentando las organizaciones sindicales. También promueve la creación de nuevas escuelas privadas (que hoy ya son mayoría) con subsidios estatales por alumno (vouchers) iguales a los fondos que reciben las escuelas públicas y permitiendo el cobro de cuotas adicionales, de hasta un 50% más, a los padres, con lo que aseguran ganancias y, si los invierten, con mejor calidad que las estatales, aumentando la discriminación.
El gobierno de Bachelet, producto él mismo del giro a la izquierda de las masas, como lo habían anticipado nuestros compañeros en artículos anteriores va a estar sometido a tensiones opuestas. Primero respondió con represión, pero luego debió remover a los jefes carabineros implicados en la misma y tuvo que mostrarse dispuesto a negociar, cediendo en la extensión del pase escolar, en otorgar becas para el PSU, y en aceptar la participación estudiantil en una comisión que analiza la crisis. El movimiento estudiantil ha festejado estos logros y se ha replegado temporalmente luego de varias semanas de lucha. Pero el proceso privatizador de la educación y las causas de fondo de la crisis social continúan intactos.
Claro que no es sólo la educación lo que está en crisis. Todo el sistema económico-social implantado por la burguesía en alianza con los intereses imperialistas durante la dictadura, y continuado bajo la democracia burguesa, responde a la búsqueda del beneficio privado, profundiza la desigualdad y extiende la pobreza. Se privatizaron los fondos de pensión (AFP). Las tres transnacionales que poseen las AFP administran unos 70 mil millones de dólares pero no pueden asegurar ni un jubilación mínima al 45% de los afiliados, por lo que el estado debió financiarlas con un aumento del IVA establecido a partir de la firma del TLC. Además queda un 50% de los trabajadores fuera del régimen. También se privatizaron los servicios públicos y las empresas ligadas a la principal riqueza del país, el cobre, de cuya exportación poco y nada queda para las arcas públicas. Las privatizadas recuperaron en un sólo año los 6 mil millones de dólares que invirtieron a lo largo de quince años (en un negocio mundialmente inédito) . Se cumple religiosamente con el pago de la deuda externa y con la lógica de superávit y ajuste permanente del ¨gasto¨ social como recomiendan el FMI y Banco Mundial. Y el gasto militar se mantiene altísimo como en la dictadura.
El que venía siendo presentado como modelo de desarrollo capitalista entre los países emergentes, y de conciliación y paz social, quedó expuesto en sus aspectos más crudos a partir de la extraordinaria combatividad de los estudiantes chilenos . La extensión de la pobreza y la desigualdad fue posible mediante la represión de la dictadura a las organizaciones obreras: hoy solo el 8% de los trabajadores está sindicalizado en la central sindical (CUT), el 80% está subcontratado (tercerizado) y sin derechos de huelga, de seguridad ni previsionales iguales a los pocos “en blanco”.
Esta continuidad de las políticas de la dictadura se realizó mediante la expropiación de la voluntad política de las masas realizada por los dirigentes del Partido Socialista mediante la Concertación con la derechista Democracia Cristiana. Colabora en esta situación la limitación electoral del sistema binominal que excluye terceros partidos de los cargos legislativos concentrándolos en la Concertación y la derecha.
La lucha de los estudiantes, donde la Juventud Comunista ha desempeñado un papel dirigente con sus limitaciones y dudas, ha despertado gran simpatía de sus padres trabajadores, de los docentes y no docentes. Es necesario que las bases del PS exijan romper con el gobierno de la Concertación y formar un gobierno Socialista-Comunista (el PC también tiene posiciones dirigentes en la CUT) con un claro programa socialista de recuperación de las privatizadas, el cobre y demás palancas de la economía (banca, tierra, comercio exterior) para ponerlas al servicio de las urgentes necesidades sociales.
