Entre el “pacto social” y las elecciones del 2007

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La postulación casi segura de Roberto Lavagna como candidato para las elecciones presidenciales del 2007 ha agitado el panorama político del país. Sería un error ver en esta decisión de Lavagna, procedente del ala derecha del peronismo y hombre afína Duhalde, simples ambiciones políticas y personales.

Editorial de El Militante nro.22

La postulación casi segura de Roberto Lavagna como candidato para las elecciones presidenciales del 2007 ha agitado el panorama político del país. Sería un error ver en esta decisión de Lavagna, procedente del ala derecha del peronismo y hombre afín a Duhalde, simples ambiciones políticas y personales.

Lavagna, candidato de la burguesía

Lavagna no es un político cualquiera. Como funcionario del Ministerio de Economía tomó parte en algunas de las políticas económicas de los gobiernos de Alfonsín y Menem, y luego se desempeñó como Ministro bajo los gobiernos de Duhalde y de Kirchner, hasta su cese a fines del año pasado. En su paso por el gobierno se destacó por su actitud conciliadora con el FMI y a favor de los incrementos de tarifas solicitados por las empresas de servicios privatizadas. Además se opuso con vehemencia contra los aumentos salariales por encima de la inflación. Es decir, se desempeñó como el agente más confiable de los empresarios y de las multinacionales, dentro del gabinete.

La burguesía argentina está muy preocupada por la casi total ausencia de una oposición política a Kirchner. Como hemos explicado muchas veces, aunque Kirchner es un político burgués que no representa un peligro para el sistema, la situación social argentina lo obliga a jugar el papel de árbitro supremo entre las clases. Para amortiguar las contradicciones sociales y mantener los intereses de conjunto del capitalismo argentino, tiene que disciplinar a algunos sectores de la burguesía más parásitos y ávidos de ganancias (privatizadas, sector agropecuario, etc), y otorgar algunas concesiones a los trabajadores. Esto irrita a los empresarios. De ahí que quieran una oposición por derecha fuerte para marcarle la cancha al kirchnerismo y acelerar su desgaste.

Hasta ahora, fracasaron todos sus intentos en este sentido. Lo intentaron hace un año con el duhaldismo (el ala peronista más directamente vinculada a la burguesía) pero fue barrido en las elecciones de octubre. Paralelamente, pusieron sus fichas en políticos como Macri, López Murphy y Sobisch. Pero las dificultades de esta tropa para acumular una base de apoyo social suficiente, parecen haber convencido a los sectores decisivos de la burguesía de apostar por Lavagna, un hombre de su total confianza, como alternativa opositora a Kirchner. Pretenden explotar la imagen de Lavagna como político no referenciado con la "derecha", a diferencia de Macri o López Murphy, además de reivindicar para él la paternidad del auge económico de los últimos años, "amenazado" por la política "irresponsable" de Kirchner.

Por supuesto, no está garantizado que el "experimento Lavagna" tenga éxito. Dado el ambiente social dominante, a Kirchner le resultaría relativamente fácil anular las pretensiones de un personaje que no tiene carisma en los trabajadores ni demás sectores populares. Sus discursos alertando por el "giro a la izquierda" de Kirchner y los vínculos comerciales con Venezuela, contra las subas "desmedidas" de los salarios, o contra la reestatización de Aguas Argentinas y la anunciada participación accionarial del Estado en Aerolíneas e YPF, difícilmente encontrarán eco popular. Tampoco lo ayuda a Lavagna el basarse en los descompuestos y desacreditados aparatos radical y duhaldista como plataforma para su candidatura. Probablemente, la burguesía deberá explorar otras alternativas a futuro.

Kirchner como árbitro entre las clases

Esta debilidad política de la burguesía argentina no es sino la expresión de su debilidad social. Con un aumento creciente de la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, sólo puede limitar el alcance de sus luchas y reclamos recurriendo al arbitraje del gobierno y de la burocracia sindical.

Aunque la burocracia sindical de la CGT aprovechó la coyuntura para ponerse a la cabeza de algunos conflictos y obtener concesiones para restaurar su autoridad sobre los trabajadores, teme como a la peste una escalada de las luchas obreras que vaya más allá de ciertos límites. Prefiere apoyarse en un gobierno que, mediante decretos y acuerdos parlamentarios, los premie con algunas concesiones antes que conquistarlas con la lucha en la calle.

Esta es la razón de que, tanto la patronal como la burocracia de la CGT, reclamen al gobierno como aliado y éste emerja como árbitro de los intereses en disputa. Pero en este paralelogramo de fuerzas, la "resultante" necesariamente debe orientarse en el sentido donde la fuerza es mayor; y ésta está siendo ejercida actualmente por la clase obrera.

Así, aunque alcanzaron un "pacto social" que impuso un "techo salarial" del 19%, este "techo" finalmente quedó fijado como "piso" en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo. Las tratativas que están teniendo lugar en el Congreso para aprobar algunas reformas en la legislación laboral, a instancias de la CGT (derecho del trabajador a oponerse a cambios en su régimen laboral, aumento de las indemnizaciones por despido y por accidente laboral, ampliación del tiempo para iniciar juicios laborales, computación en el tiempo de trabajo de las licencias por enfermedad o actividad gremial, poder exigir constancia de aportes mientras dure el vínculo contractual, y otros), también tienen que ver con esta situación, pese al enojo empresarial.

Ahora se habla de fijar el salario mínimo en los $800. Esto, que a primera vista puede parecer un paso adelante, huele más bien a maniobra, ya que el salario mínimo de los trabajadores en blanco promedia o supera esa cantidad, por lo que el impacto de esa medida en este sector de la clase obrera será insignificante, no alcanzando a los trabajadores "en negro" (el 45% del total), que carecen de contrato legal. A cambio de esto, transcendió que los empresarios exigieron al gobierno y a la dirigencia de la CGT cambios mínimos en las reformas laborales antes citadas.

Estos son los límites de la política de pactos y consensos. Pequeños "sacrificios" para los patrones y migajas para los trabajadores.

Fortalecer el MIC

Desde luego, tanto los empresarios como el gobierno tienen instrumentos para comprar la docilidad de la dirigencia sindical. Así, es una vergüenza que en muchos convenios colectivos de trabajo se acordaran aportes directos de las patronales a la caja de los sindicatos; o que se utilicen algunas partidas de los llamados "fondos fiduciarios" (dinero gestionado por el Gobierno destinado a obra pública e infraestructuras) para el financiamiento de empresas privadas y de sindicatos.

Los dirigentes de la CTA, correctamente, han denunciado esta connivencia de los dirigentes de la CGT con el gobierno y la patronal. Pero no han tomado ninguna iniciativa práctica para abanderar un movimiento de oposición entre los trabajadores para movilizar a sus bases y aumentar sus puntos de apoyo en la CGT. De la misma manera, deberían dar el ejemplo abandonando prácticas similares en la Nación y en las provincias con sindicatos como ATE y CTERA.

El activismo sindical, como el nucleado en el Movimiento Intersindical Clasista (MIC), puede aprovechar esta coyuntura para emerger con un perfil claro y definido. Debería exigirles a los dirigentes de la CGT y la CTA que abandonen cualquier política de "pacto social", que rompan el techo salarial del 19% y coordinen las luchas; debería popularizar consignas como la formación de Comisiones de Inspección, elegidas en asambleas de delegados por sector, para hacer un relevamiento de las empresas que emplean a trabajadores "en negro" y organizar a estos trabajadores para luchar por el "blanqueo" del empleo, exigiendo la intervención de la Inspección de Trabajo; y hacer campaña por la independencia de los sindicatos del Estado, fuente permanente de corrupción y burocratismo, bajo las consignas de: que ningún cargo sindical sea funcionario del gobierno y ningún financiamiento gobierno-patronal de los sindicatos.

Con estas y otras demandas básicas, y una orientación audaz a las bases sindicales y a los conflictos obreros, el MIC podría y debería aumentar sensiblemente sus puntos de apoyo en CGT y CTA, preparando las condiciones para la inevitable radicalización sindical y política que se avecina en la clase obrera argentina.