Proyecto de Ley de Tierras: Una oportunidad para discutir la propiedad y la utilización de un recurso fundamental

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La propuesta gubernamental de Ley de Tierras puede abrir un importante debate sobre la necesidad de planificar la propiedad y la utilización de la tierra para fines sociales. Es imprescindible garantizar que el uso de este recurso fundamental asegure una vida digna para todos y contemple los derechos de los campesinos y trabajadores rurales, por sobre los privilegios de grandes propietarios terratenientes y sociedades comerciales y especulativas, sean nacionales o transnacionales.

La propuesta oficial

El proyecto de la llamada ¨Ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales¨ busca poner límites a la extensión de la propiedad extranjera de las tierras no urbanas. Pone como topes el 20% del total, el 30% de esto para un mismo país, y 1000 hectáreas por propietario.

Crea un indispensable Registro nacional de tierras rurales, ya que hasta hoy sólo existen catastros provinciales, sin que se pueda constatar si un propietario posee tierras en varias jurisdicciones y a cuánto asciende el tamaño total de sus posesiones. Aquí también entra a jugar el segundo objetivo del proyecto, el ¨interés fiscal¨ sobre las grandes propiedades extranjeras, para que dejen de evadir impuestos.

Además de algunos artículos que buscan evitar que la ley sea burlada utilizando testaferros, el proyecto intenta que la tierra ¨no sea objeto de especulación financiera¨. Para esto quedaría fuera de los acuerdos transnacionales de inversión: ¨no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país que recibe la inversión¨.

También prohibiría la propiedad extranjera en ¨zonas de seguridad¨ aunque no menciona las zonas de frontera. El último artículo resguarda los derechos adquiridos, por lo cual no rige para las propiedades extranjeras ya existentes.

Algunas ideas para discutir

Saludamos este intento de poner límites a la gran propiedad rural, aunque no entendemos porqué sólo sería para la propiedad extranjera. ¿Qué diferencia tiene un propietario extranjero con ¨nuestros¨ oligarcas terratenientes? En este sentido proponemos se extiendan esas mismas limitaciones a toda la gran propiedad rural y rechazamos la no retroactividad, ya que mantendría los privilegios actuales.

En consecuencia planteamos la nacionalización sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, de las propiedades mayores a 1000 ha. para que se integren a un plan nacional de producción, bajo control de trabajadores y técnicos rurales. Este plan debería contemplar las necesidades básicas de la población (alimentación, vestimenta, vivienda, empleo, salud, etc.) Se podría comenzar expropiando a los grandes propietarios que tengan sus tierras abandonadas, improductivas, subutilizadas, los que evaden impuestos o saboteen la producción.

De esta manera también se socavaría el poder real de la oligarquía, el que está dispuesto a utilizar ante la menor oportunidad, como históricamente lo hizo, para propiciar y organizar golpes militares, sabotajes a la producción y corridas especulativas, con ayuda de las empresas transnacionales y el imperialismo.

Creemos necesario dar un marco legal que contemple tres tipos de propiedad rural: estatal, cooperativa y privada, esta última con límites de extensión. Es fundamental garantizar el acceso a la tierra de campesinos y comunidades originarias. También la promoción de las asociaciones cooperativas (de la que existe una gran tradición) y la posibilidad de que los pequeños propietarios con dificultades puedan integrarse a las unidades productivas nacionalizadas, dentro del mencionado plan nacional de producción. Además se deben garantizar los derechos laborales de los trabajadores rurales, que deben estar bajo convenio colectivo, sin discriminación legal respecto a los trabajadores urbanos.

Para llevar adelante esto es imprescindible el control del comercio exterior, hoy en manos de un puñado de transnacionales, que debería ser nacionalizado. Con los recursos que hoy se embolsan, de la fabulosa diferencia entre costos internos y altísimos precios de nuestros productos en el mercado internacional, se podrían subsidiar los precios internos de productos básicos de la canasta familiar y también sostener precios de la producción de pequeños productores y la continuidad de los cultivos en retroceso, asegurando la diversidad productiva.

En el marco de la integración latinoamericana debería privilegiarse el intercambio solidario con los países del ALBA, por fuera del mercado mundial, aportando cada país de acuerdo a sus capacidades y productos, a los sectores más necesitados del continente, en el camino hacia una federación socialista latinoamericana.

Además resultaría necesaria la centralización de la banca en un gran banco nacional para poder otorgar créditos baratos a la producción e impedir la actual fabulosa especulación financiera y fuga de capitales, posible por la incidencia de la gran banca transnacional en nuestra economía.

Si se aplicaran estas medidas, entonces sí la tierra comenzaría a dejar de ser una mercancía, y volvería a ser un recurso al servicio de necesidades sociales. Se terminaría con la adquisición especulativa, la tendencia al monocultivo sojero y el proceso de concentración de la propiedad, que se ha acelerado en los últimos años. El plan general debiera contemplar el cuidado del medio ambiente y la preservación de este valioso recurso natural.

Por una amplia discusión

Sería importante que el gobierno impulsara un amplio debate sobre este proyecto de ley, como se hizo en ocasión de la Ley de Medios, donde se discutan propuestas en decenas de foros con la participación de organizaciones de trabajadores, comunitarias, sociales, campesinas, profesionales, etc. Estamos seguros que habría importantes aportes que podrían ser incorporados a la nueva legislación, como lo fueron en aquella oportunidad.