La administración Kirchner produjo en estos días el reemplazo del Ministro de Justicia Horacio Rosatti, colocando en su lugar a Alberto Iribarne. La sustitución se produjo a través de la formalización de la renuncia por parte del ministro saliente mediante una nota que cursó al presidente, señalando que se distanciaba de la gestión por razones de orden personal. La administración Kirchner produjo en estos días el reemplazo del Ministro de Justicia Horacio Rosatti, colocando en su lugar a Alberto Iribarne. La sustitución se produjo a través de la formalización de la renuncia por parte del ministro saliente mediante una nota que cursó al presidente, señalando que se distanciaba de la gestión por razones de orden personal.
Los medios de comunicación, comentando el suceso, especularon en torno a que la dimisión que en los mentideros políticos era un secreto a voces, pero era esperada para luego de las elecciones de octubre- obedeció a la mala situación en que se había colocado Rosatti luego de rechazar la propuesta presidencial para que se posicionara como primer candidato a diputado por la lista del partido justicialista de la provincia de Santa Fe de donde es oriundo,
Con explicaciones de ese tenor, el aparato mediático apunta a presentar el hecho político como un simple recambio de figuras posicionando a la opinión pública dentro de un caso de mínimo enfrenamiento dentro del poder sin trascendencia en el diseño general, resultando funcional a los propósitos gubernamentales.
Sin embargo, reparando en la identidad del ministro entrante, y las expresiones con las que inauguró su gestión, estimamos posible una lectura diferente de lo ocurrido. La designación inmediata de Alberto Iribarne como nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos es por sí misma reveladora de un nuevo rumbo en la cartera que regula la relación del poder político con la agencia judicial encolumnada tras la Corte Suprema de Justicia.
Iribarne, ostenta en su haber el tránsito por distintos estamentos del poder: viceministro de Carlos Corach, viceintendente de Grosso , ministro de Ruckauf, subsecretario de Juan José Álvarez durante la presidencia de Duhalde y jefe de la campaña a presidente de este último
Aquellos que se detienen a escuchar al presidente en sus alardes de una nueva política deberían reparar en semejante currículum y advertir cómo los cuadros políticos que la burguesía gesta, se ocupan de moverse por los distintos espacios del poder, encontrándose cual bombero, siempre listos para cuando se los requiera a la hora de serle funcional a los intereses de la clase dominante.
Así es que, a poco de asumir, Iribarne se ocupó de adelantar la postura negativa del gobierno ante la posibilidad de que puedan prosperar, por la vía de los juicios de extradición que se encuentran en curso, los pedidos para el traslado de los militares genocidas acusados por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. Alegó que tras el fallo de la Corte Suprema, al no existir más las leyes de Obediencia Debida y Punto final, corresponde que los militares sen juzgados en nuestro país, y por nuestros jueces.
Con esto, el gobierno termina de cerrar el círculo de impunidad, corriendo en auxilio de los genocidas para darles cobijo, dentro de las estructuras jurídicas del Estado Nacional, siendo esa la pretensión de la burguesía dominante, que expresando independencia política asume un criterio propio frente a la pretensión de las potencias imperiales de tomar en propias manos la solución de esas situaciones aberrantes generadas por la represión capitalista en el período 1974-1983.
También frente al persistente cuadro de exclusión social que genera la lógica reproductiva del modo de producción capitalista, el Estado Nacional procura dotar de mayores instrumentos al aparato judicial para consolidar su dominación de clase por vía de la criminalización de la protesta social. Por eso el flamante ministro se ocupó de enviar señales concretas en torno a la necesidad del dictado de un nuevo Código Penal de la Nación definiendo un nuevo catálogo de delitos dirigidos fundamentalmente a la protección de la propiedad privada y al castigo de los sectores no incorporados a la producción, condenados a la marginalidad social .
En ese orden, también dejó expresamente sentado, que se inclina afirmativamente por la baja de la edad para imputar delitos a las personas, ampliando de tal forma el elenco de aquellos a los que potencialmente se los pueda encuadrar dentro de la categoría delincuente.Es bueno recordar que esta cuestión figuró como uno de los principales reclamos de Blumberg en los no tan lejanos tiempos en que convocaba a importantes contingentes de la pequeña burguesía aterrorizados por la falta de seguridad.
Finalmente también en estos días, se han conocido cifras que revelan que Kirchner en lo que lleva de gestión firmó un decreto de necesidad y urgencia cada cinco días. Esto significa que se generan normas con rango de ley desde el ejecutivo, órgano que con ello asume facultades que son propias del congreso.
La burguesía dominante, al diseñar jurídicamente el Estado Nacional en la reforma constitucional de 1994, advirtió que debía contar con un Poder Ejecutivo fuerte capaz de timonear situaciones de crisis de hegemonía, para garantizar el ciclo de reproducción capitalista. Por ello dotó al presidente de este instrumento que le permite distorsionar aún más el ficcional esquema clásico de la división de poderes. El uso habitual por parte del gobierno de los decretos de necesidad y urgencia, revela que aún la burguesía no ha consolidado un esquema hegemónico de dominación y debe funcionar con estas modalidades distorsivas para imponer su esquema de explotación al conjunto de los trabajadores restándole los más mínimos espacios de participación popular en la toma de decisiones políticas que quedan así reservadas a un núcleo reducido de cuadros políticos funcionales a los intereses de los sectores capitalistas dominantes.
Es clara la necesidad que tiene el Capital de avanzar hacia la consolidación social de su esquema de dominación, buscando un nuevo modelo de Estado, que resulte funcional a la extracción y realización de la plusvalía obtenida del esfuerzo del trabajador y en ese objetivo estratégico no deja puntada sin hilo, de forma tal que junto a la búsqueda de plebiscitar a Kirchner por vía electoral y de consenso, instrumenta esquemas superestructurales que le permiten a este último contar con el reaseguro de respuesta uniforme por los restantes poderes del Estado a la hora de atacar los síntomas de la exclusión social generados por la propia lógica de acumulación capitalista.
Frente a este diseño que se consolida como tendencia desde los sectores capitalistas de dominación, la lucha de clases exhibe a los trabajadores asumiendo protagonismo en la defensa del nivel adquisitivo de su salario y el objetivo de poner freno a los ritmos intensivos de producción a los que se los somete, cuestionando de tal manera ese pretendido esquema de dominación.
De esa lucha emerge un importante sector del activismo obrero con creciente interés por expandir esa disputa económica y llegar al conjunto de la clase trabajadora por la vía de sus órganos naturales, los sindicatos, estructurando una corriente sindical clasista. Esa perspectiva debe ser consolidada como vía para la formulación ulterior desde el conjunto de la clase de una herramienta política de los trabajadores que cuestione decisivamente los fundamentos del régimen capitalista y les ponga fin con órganos de poder propio.
