“La justicia siempre es eficiente cuando se trata de los pobres” (Alí Primera)
El Poder Judicial, que se suele identificar como “justicia” es una herramienta de la democracia burguesa, un sistema de impartir penas y sentencias que desde su creación conjuntamente con la institucionalización del Estado siempre ha estado concentrado en los grupos de poder que defienden los intereses de la clase dominante; en nuestros días se puede decir que el código penal es para los pobres y código civil y comercial, para los ricos, demostrado en los simples hechos que quien roba un celular va tras las rejas, mientras que los grandes estafadores y desfalcadores de la nación, ladrones de “cuello blanco” permanecen en sus mansiones mientras actúa la “eficiente justicia”, que tarda días, meses y hasta años en dictar sentencia para estos casos, mientras los hijos de la clase trabajadora llevan el mismo tiempo en espera de un juicio justo y la aplicación de un veredicto ajustado a los delitos cometidos; es de dominio público las múltiples historias al respecto y el retardo procesal que existe en todo el mundo para estos casos, las detenciones prolongadas en lugares inadecuados y hacinados; el uso excesivo de la prisión preventiva; detenciones en la vía pública en base a criterios discriminatorios; el trato desigual del sistema judicial a manifestantes y personas en situaciones de vulnerabilidad; el encierro indefinido de personas con discapacidad psicosocial, la justicia patriarcal, componen la lista de los casos más comunes por los que la clase trabajadora atraviesa en torno al tratamiento de la justicia.
La puja política por controlar el Poder Judicial es un fenómeno que este sistema arrastra desde sus inicios, y responde precisamente a intereses de clase, sus intereses económicos y políticos; los intentos y emprendimientos por modificarla y reformarla no son excepciones, por el contrario, son recursos de los gobiernos de turno para hacerse de ciertos espacios de poder, el ejemplo más cercano es el del 2013 en el gobierno de CFK cuando también se impulsó una reforma del Poder Judicial. Pero también tenemos la famosa “mayoría automática” de Menem, que amplio el número de integrantes de la Corte Suprema cinco a nueve, con el Juez Eduardo Moliné O’Connor a la cabeza o la “mesa judicial” de Macri. Nada nevo bajo el sol.
El actual proyecto de ley de reforma judicial ha ocupado el centro de los debates y las miradas políticas en el país en las últimas semanas, entre el coro de voces que van y vienen entorno a esta ley, haciendo mucho ruido, con una virulencia mediática y un contundente rechazo se haya prendada la derecha más rancia de la Argentina como lo son los sectores cercanos al anterior presidente Mauricio Macri, quienes lejos de cualquier bien común lo que desean es perpetuar las mafias y grupos de poder que controlan actualmente el Poder Judicial siendo el mayor ejemplo Comodoro Py; es así como la oposición ha convertido este nuevo intento de reforma en su caballo de batalla para abrir otros flancos desde donde intentar golpear al gobierno de Alberto Fernández en su intento por diciplinarlo. La histeria de estos sectores solo es comparable con el tamaño de su hipocresía.
Esta reforma se propone, en palabras del gobierno, descentralizar la Justicia Federal porteña ya que esta se encuentra concentrada en los tribunales de Comodoro Py, para ello proponen la inclusión de 23 juzgados en un intento de masificar las tomas de decisiones en otros espacios; unificar fueros y las cámaras, de modo tal que se puedan articular entre sí, pudiendo simplificar los procesos burocráticos limitantes y obstructores del ejercicio de la justicia oportuna y eficiente, a su vez que pretende crear fiscalías y defensorías, conectadas al mismo sistema y dependencia institucional, como una herramienta facilitadora del objetivo anterior; transferir competencias a CABA este punto supone una deuda histórica de permitir que el aparato de justicia federal porteña encargado de CABA intervenga en asuntos no federales ocurridos dentro de su territorio que están pendientes desde la reforma de 1994; restablecer las pautas necesarias a fin de procurar la independencia de los jueces, evitando que grupos de poder ejerzan coacción o presión alguna a los jueces torciendo la justicia en favor de sus intereses; la creación de un consejo consultivo que se mantenga en permanente actualización y debate para generar propuestas que ayuden a fortalecer y mejorar el Poder Judicial y el Ministerio Público; esto es lo que en teoría podría llegar aspirar el proyecto de ley que hoy el gobierno pone sobre la mesa.
El trasfondo de la reforma
Mas allá de los discursivo y lo mediático el trasfondo de este proyecto de reforma, evidencia la pugna interna que existe entre los partidos del régimen político por controlar el Poder Judicial, que se expresa por quien toma las decisiones judiciales. Es así como desde la oposición más mafiosa, corrupta y dominante del país se oyen posturas como de que no es el momento por la crisis sanitaria por la que atraviesa el continente, mientras por otro lado llaman a las calles para repudiar la cuarentena. Se dicen preocupados por la no elección libre de los cargos que serán incluidos, pero la realidad es que esto siempre ha pasado en la justicia burguesa, no existen convocatorias libres y democráticas para dichas elecciones, acá la diferencia es desde que “jurado” se eligen estas autoridades, que en este caso ellos no controlan. Dicen que agrandar el sistema judicial como este proyecto de ley propone, lejos de atacar el problema de la centralización del poder, la agranda, abriendo nuevos centros del poder, puesto que el sistema es más complejo de lo que parece, es decir que ellos saben, están conscientes, pero además reconocen que el problema de la justicia es que está concentrada, es mafiosa, pero además llegar a derrocarla parece un plan imposible, para lo cual una reforma como la que se plantea, es insuficiente por demás.
La hipocresía de la derecha más podrida que expresa a la burguesía y al imperialismo llega al punto de hacerse de una bandera con los privados de libertad de la clase trabajadora, quienes no por casualidad, sino debido a este sistema desigual y hambreador llenan las cárceles del país, declarando que esta propuesta de reforma judicial poco y nada hace por estas personas. A sabiendas que aspirar a la transparencia en estos procesos no se logra por las vías propuestas, así como tampoco logra demostrar a ciencia cierta, como crear más instancias judiciales podría agilizar los casos que llevan años esperando una sentencia.
Otro punto declara que les preocupa el costo económico que supone emprender este proyecto, hemos de imaginar que estos costos deben ser más exorbitantes que los causados por la timba financiera y las burbujas especulativas llevadas a cabo con gran éxito por los ladrones de cuello blanco ligados al gobierno anterior y a los capitalistas de todas las épocas, seguramente ha de “preocuparles” los millones de argentinos y argentinas que a diario sufren hambre, que son arrastrados a la miseria, la desidia y el abandono por parte del Estado al que los somete este sistema capitalista.
Por su parte el gobierno considera que en la gestión anterior la justicia estuvo actuando en favor del gobierno de turno, utilizando además la prisión preventiva como un recurso que atenta contra los derechos humanos y la presunción de inocencia; las escuchas ilegales, el encarcelamiento de líderes políticos, son algunos de los puntos de partida para defender el emprendimiento de este proyecto de ley; sin embargo aguas abajo, los aspirantes a las autoridades que se abrirían con la aplicación de esta reforma judicial, de igual forma representan una casta y un sector político, lo que en definitiva pareciera no alterar en ningún sentido la realidad de la clase trabajadora en su relación con la justicia. El poder que el gobierno actual espera relevar que se haya enquistado en los muros de Comodoro Py, poco tiene que ver con los casos más urgentes a resolver para la clase trabajadora, lo que entre estas paredes se debate es como se reparte la torta entre los grandes poderosos y quienes pueden quedar impunes o no ante los delitos de desfalco, quiebra y estafa a la Nación; aun así las sentencias y penalidades que eventualmente son cumplidas, en los casos en que la “eficiente justicia” así dictamine, se llevan a cabo en su mayoría en condiciones de beneficios al que ningún privado de libertad de clase trabajadora en Argentina accede.
El Gobierno de Alberto Fernández habla de un anhelo de procurar la transparencia en el sistema judicial argentino, pero no explica cómo, ni a través de que hechos concretos; peor aún en un intento de guiño conciliador a las mafias, que les garantiza seguir allí y seguir sosteniendo los mismos casos que venían trabajando hasta ahora. Tomemos como ejemplo los 26 años del atentado terrorista a la AMIA, por mencionar un caso emblemático que se haya en manos del poder judicial, y que aún espera por un esclarecimiento y justicia; ¿Cómo es que podría agilizarse la justicia en este marco? ¿habrá un tratamiento distinto de ahora en más que sí cumpla con agilizar los procesos? En este sentido ¿Qué pasará con lo anterior a la reforma, cuanto más duraran encajonados en los juzgados? La pregunta del millón y la gran apuesta seria entonces ¿Cómo hará el gobierno para dar trasparencia, descentralización y agilidad a la justicia con la histórica carga a cuestas con todos los jueces carroñeros del osificado sistema judicial, a quienes además no se atreve a tocar?
“Omisiones” del sistema judicial
El problema de la desigualdad y la falta de acceso a la justicia de los sectores populares, lamentablemente es moneda corriente para la clase trabajadora, la justicia actúa en correspondencia con los grandes poderes de quienes gobiernan los países; el ajusticiamiento a jóvenes pobres, la violación y feminicidios de mujeres trabajadoras, el encarcelamiento, los malos tratos, la extorción y robo de pertenencias a manos de los cuerpos represivos parecen no figurar dentro de las urgencias de ningún proyecto de ley o política pública en este país ni en ningún otro del mundo.
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declara que en Argentina “las personas detenidas sin condena representan el 60% de los presos en el país y la prisión preventiva se usa por períodos excesivamente largos, que incluso han superado los 6 años”, así como también que “las detenciones policiales se realizan de forma discriminatoria, en perjuicio de niñas y niños de la calle, miembros y dirigentes de comunidades indígenas, migrantes, personas lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual”, la gran mayoría se extienden por un tiempo mayor de horas, y aun así figuran en los expedientes como “retenciones”, como si se tratase de una demora y no de un traslado, encarcelamiento e incluso decomiso de pertenencias de valor a estas personas en pequeñas comisarías y lugares de detención menor.
El uso excesivo de las fuerza y el ajusticiamiento, así como la violación contante de derechos humanos a comunidades indígenas, rurales, y pobres, y un nuevo grupo que cada vez suma victimas lastimosamente como lo son los migrantes, hace saltar las alarmas de como estos se han convertido en los blancos de la más brutal represión que ejerce el Estado a través de sus aparatos armados; la desaparición de Facundo Castro en democracia, en donde todas las pruebas apuntan a un caso de violencia policial y represión, aun no esclarecido por la Justicia a meses de su trágica desaparición supone una triste muestra del carácter de clase de la justicia, lo inoperante e ineficiente que se vuelve, así como impune cuando se trata de los hijos de nadie.
El carácter de clase de la justicia
Si bien este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, podría resultar un atenuante a la concentración de poder de la mafia judicial, el mismo no representa un cambio en las estructuras de poder del Estado capitalista y su justicia de clase. Cierto es que las falencias del sistema judicial actual son reales y palpables, y de ahí la importancia de una mejora en el mismo, en el marco de un Estado burgués, pero el enfoque que nos resulta necesario es identificar el problema muy por encima del asunto burocrático derivado de una gestión ineficiente. La cuestión pasa por realizar un análisis político que desarrolle el carácter de clase con el que actúa el Poder Judicial en los diferentes gobiernos bajo el sistema capitalista, para ello es oportuno repasar los orígenes del poder judicial, a fin de comprender a qué intereses responden históricamente y cuál es el rol de la casta judicial que sobrevive y mantiene concentrado este poder.
El poder Judicial de la Nación (PJN) no nació para impartir justicia, sino para darle forma a la superestructura jurídica que se deriva de las relaciones de clase y producción en el capitalismo; No es casualidad que la conformación de la primera Corte Suprema de Justicia en 1863 se configure con miembros de un marcado corte liberal, conservador, europeísta y acérrimos defensores de la propiedad privada. Si miramos la historia vemos como el Poder Judicial se construyó a imagen y semejanza de las necesidades políticas y económicas de la oligarquía porteña, la burguesía comercial y estancieril de Buenos Aires quienes a sangre y fuego impusieron un modelo de país capitalista semicolonial, y sometido al capital comercial inglés. Vemos así que históricamente el Poder Judicial responde a las necesidades de la clase dominante en sus diferentes variantes.
A su vez los jueces se reclutan en su gran mayoría, en la clase alta y están vinculados por lazos familiares y económicos a los grandes empresarios, terratenientes y banqueros.
Nos resulta necesario avanzar en la democratización del Poder Judicial, pero no por ello hay que perder de vista que lo verdaderamente importante y capaz de generar una real justicia para la clase trabajadora es un cambio de sistema, una nueva legalidad. Esa es la discusión de fondo que hay que abordar.
La caída de las hegemonías judiciales, para ser remplazadas por otras, no garantiza justicia, no suprime el carácter de clase del Poder Judicial.
Los límites de cualquier reforma dentro del marco de la institucionalidad capitalista, empiezan en que en ella no se contempla el generar hambre y miseria como un delito de lesa humanidad, para los que la discriminación y vulneración a la que es sometida a diario la clase trabajadora que habita en los barrios, no compone sus listas de urgencias. Un sistema que encarcela a los pibes pobres que estigmatiza como chorros, confinándolos en lugares “correccionales” que no son más que campos de concentración, mientras que los ricos que roban por millones están en sus mansiones.
La pobreza y el hambre son un delito burgués que el Estado capitalista legaliza.
En última instancia el debate que debemos plantear en nuestros barrios, lugares de trabajo, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, escuelas y fabricas es que la democratización de la justicia pasa por terminar con las relaciones de producción que le dan sustento a todo el andamiaje jurídico que tiene como objetivo central legalizar la explotación de la clase trabajadora en beneficio de una minoría que se enriquece a costa de nuestro trabajo.
Si la justicia es capitalista, no es justicia.
