El pasado jueves 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria a Milagro Sala a 13 años de prisión, convalidando así la decisión previa del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, una decisión que fue la conclusión infame de un proceso judicial viciado, llevado adelante por un Poder Judicial funcional a los intereses capitalistas del gobernador de Jujuy.
La defensa de Sala había presentado un recurso extraordinario federal por las violaciones al debido proceso durante el juicio, pero fue calificado como inadmisible por los magistrados de la Corte Suprema sobre la base de argumentos formalistas, ratificando de esta forma la naturaleza de clase del Poder Judicial, que es también la misma naturaleza de clase de todo el Estado en su conjunto. Un Estado que legisla y castiga a las masas trabajadoras a favor de la minoría propietaria del poder económico en la sociedad.
Un proceso judicial escandaloso desde el principio
Desde el principio, la detención y posterior juicio de Milagro Sala estuvo plagada de claras violaciones a sus derechos constitucionales.
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 durante un allanamiento a su vivienda por parte de personal policial del gobierno de Jujuy que no estaba debidamente identificado y sin presencia de funcionario judicial alguno, según señalaría posteriormente su compañero, Raúl Noro. Sólo hicieron acto de presencia decenas de policías provinciales y funcionarios del gobierno de Jujuy, o dicho en otras palabras, operadores políticos del gobernador radical Gerardo Morales. La detención de Sala fue consecuencia de la protesta que la Organización Barrial Tupac Amaru llevó a cabo en forma de un acampe frente a la sede del gobierno provincial, ante las intenciones del gobernador Morales de comenzar a controlar desde su gobierno los planes de desarrollo habitacional, que hasta entonces venían siendo organizados de forma independiente por organizaciones como la Tupac.
Luego del allanamiento, Sala fue trasladada a la sede de la policía de Jujuy, donde estuvo retenida por varios días y ante lo cual inició una huelga de hambre como forma de protesta. Su abogado solicitó al juez Gastón Mercau un habeas corpus pero este lo rechazó. El mismo habeas corpus fue presentado en varias instancias, llegando incluso ante la Corte Suprema de Justicia, pero todas las instancias lo rechazaron o se declararon incompetentes para tomar una decisión.
El día 20 de enero, aunque los cargos por los que se imputaba a Sala eran delitos excarcelables, es decir, delitos que no ameritaban la privación de libertad, Sala fue trasladada hasta un penal de mujeres. Cinco días después, el mismo juez Gastón Mercau señalaría que en el expediente de aquella primera causa por la que se había detenido a Sala no existían otras denuncias en su contra, salvo el de “instigación a cometer delitos y tumulto”, que como hemos señalado no obliga por ley a la privación de libertad del acusado.
Más aún, es importante destacar que en aquella primera causa había otros tres imputados, entre ellos, el dirigente de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ), Emilio Cayo, quien a diferencia de Sala no fue criminalizado. Muy posiblemente, el hecho de que Cayo estuvo tres días después de la detención de Sala acompañando al gobernador Morales durante una visita del presidente Macri al barrio de la ODIJ en Alto Comedero, explica muy bien por qué Cayo no fue posteriormente criminalizado.
De forma bochornosa, y evidenciando cómo la criminalización de Sala siempre obedeció a los intereses políticos y económicos del gobernador Morales en Jujuy, el 29 de enero el juez Mercau firmó la excarcelación de Sala por la primera causa, pero le mantuvo detenida por una segunda causa -defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita-, que habría sido abierta el día 15 de enero, luego de que nueve personas presentaran una denuncia contra Sala ante la Fiscalía provincial, un viernes por la noche, durante período de feria administrativa. Normalmente, durante feria sólo se atienden casos que ameritan atención urgente. La fiscal Fernández de Montiel les tomó declaración a los denunciantes hasta 5 minutos para las 22:00 de un viernes por la noche. Milagros Sala sería detenida al día siguiente, sábado 16 de enero. Todo lo anterior evidencia cómo se preparó un bochornoso montaje jurídico para criminalizarla por razones absolutamente políticas.
Como hemos señalado, desde el principio el proceso judicial ha estado plagado de graves irregularidades y arbitrariedades de todo tipo. Hacer un recuento sucinto de todas las irregularidades va más allá de los objetivos del presente artículo, pero podemos resumir numerando algunas: Aunque Sala no estuvo implicada en los hechos de los que se le acusa –un escrache contra Morales-, ni ningún otro miembro de la Tupac, porque simplemente no estuvieron presentes en la acción correspondiente, Sala fue mantenida en prisión a la fuerza hasta que Morales consiguió un testigo funcional y fraudulentopara incriminarla. El testigo era un empleado reciente del Gobierno de Jujuy -un empleado de Morales-, que recién había ingresado a la nómina del Gobierno a mediados de 2016, es decir, meses después de la detención de Sala. Este testigo jamás dio a conocer su vinculación con Morales ante el tribunal, lo que significa una violación escandalosa al debido proceso.
La defensa de Sala solicitó al tribunal la declaración de este testigo para actuar legalmente en su contra –con absoluta razón legal-, pero el tribunal desestimó esta solicitud. Además, fue el único testigo que dio testimonio contra Sala, y la sentencia en su contra fue dictada a partir de ese único testimonio.
Por otro lado, tanto el funcionario que llevó adelante la acusación contra Sala, como el juez que dictó la sentencia en esta causa, fueron ambos designados por el gobernador Morales. Otra grave irregularidad, fue la inhabilitación a Sala por más de tres años a participar en asociaciones, no obstante, de acuerdo a la ley esta pena sólo puede alcanzar un máximo de tres meses. Aunque la Tupac, en tanto persona jurídica, no tenía causa abierta vinculada a la causa contra Sala, le fue clausurada su sede en la capital de Jujuy por tres meses. Más aún, esto viola lo contemplado en el código contravencional, porque la causa que motivó esa condena –el acampe-, ya había concluido un año antes de la sentencia en contra de la Tupac, lo que al igual las demás irregularidades, también resulta escandaloso.
Lo que está detrás de la judicialización de Sala
Milagro Sala es el principal referente de la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), una organización que surgió como frente barrial de la CTA en la provincia de Jujuy hacia finales de los años noventa, en el contexto de la política de privatizaciones y despidos masivos en la región, como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste del FMI bajo el gobierno Menem. El trabajo social de la de la OBTA comenzó con la provisión de copas de leche para las y los niños de trabajadores desocupados, y continuó desarrollándose como un importante elemento de intervención política y organización social en el barrio, en los años siguientes.
Con el ascenso del kichnerismo al poder político, la Tupac, al igual que muchas otras organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, comenzaría a recibir financiamiento directo del EstadoNacional, sin necesidad de la intermediación de los gobiernos provinciales. Esto permitió a la organización expandir su trabajo social y político a otros ámbitos, logrando así construir un poderoso aparato que le convertiría en el referente fundamental de la organización popular en Jujuy.
Con el apoyo de fondos estatales se establecieron fábricas textiles, de materiales de construcción y otros ramos productivos. Construyeron seis fábricas que para 2009 empleaban a aproximadamente 600 ex desocupados de la provincia.
Las fábricas de materiales de construcción potenciaron el trabajo de construcción de viviendas y barrios obreros enteros, una política que se convertiría en un símbolocentral de su actividad. Organizando cooperativas de vivienda lograron construir miles de viviendas a todo lo largo y ancho de la provincia, empleando tres veces más trabajadores que cuando eran construidas por empresas privadas, y casi un 30% más económicas en los costes de venta.
Todos los barrios que han construido tienen piletas de natación, así como un minimercado, telecabinas, cibercafé, y polideportivo con canchas de fútbol, basquet, hockey y rugby.
Asimismo, han construido cuatro instituciones educativas: dos escuelas primarias, una secundaria y una terciaria, atendiendo a miles de estudiantes, niños, jóvenes y adultos de la comunidad; y dos centros de salud, que atienden una serie amplia de patologías.
Este breve recuento sobre el enorme trabajo social que ha empujado durante años la Tupac, para mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras de la provincia, generando a su vez un importante saldo político organizativo en la comunidad, nos permite entender por qué el gobernador Morales y el aparato de justicia provincial atacan con tanta virulencia a esta organización.
Por un lado, la Tupac llegó a convertirse en su momento de mayor auge, en uno de los tres primeros empleadores de la provincia. Una enorme corporación de trabajo local independiente del Estado capitalista regional, con una tradición histórica de luchas populares, forjada al calor de los enfrentamientos entre las masas trabajadoras y los gobiernos locales de los 90, iba a constituirse en un obstáculo inevitable al momento de que fuese necesario para los capitalistas aplicar un nuevo plan ajuste fiscal. La crisis mundial y argentina que llegaría en la segunda década de este siglo sentó las condiciones para ello, tomando cuerpo bajo el gobierno Macri. Lógicamente, para los capitalistas locales y nacionales y sus políticos, iba a ser necesario darle palo a organizaciones de este tipo hasta lograr desmontarlas.
Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema, Morales señaló que éste ratificaba el “proceso de transformación de la matriz productiva”, es decir, que desmontar una organización obrera y popular significa para él progreso y desarrollo de las fuerzas productivas. Luego añadió que el fallo de la Corte Suprema “nos interpela en el sentido que pone en debate el asistencialismo como política pública que no resuelve el problema de la pobreza, sino que la consolida. Lo que lo resuelve es el trabajo decente con transformación productiva”. Lo quequiere realmente decir Morales es que el fallo contra Sala es un paso adelante en la política sistemática de ataques a la Tupac, hasta lograr destruirla por completo.
Lo mismo expresa cuando señaló que el kichnerismo debe abrir un debate sobre las organizaciones sociales como Estados paralelos al Estado capitalista, o “los riesgos de una política que se viene consolidando y destruyendo la estructura del esfuerzo y el trabajo”. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál estructura de esfuerzo y trabajo? ¿La que implica la explotación salvaje e inmisericorde de la mayoría para el enriquecimiento de unos pocos? ¿La cultura del severo ajuste sobre los estómagos de la clase que trabaja para que los parásitos capitalistas aumenten sus ganancias? Sí, esa es la cultura a la que se refiere Morales en realidad, aunque trate de disfrazarlo con las palabras “progreso” o “avance” ante el país de las mayorías, el país de la clase obrera argentina, el país que sufre el ajuste y come menos y peor cada día.
Por otro lado, está la propia descomposición de la clase capitalista y sus representantes políticos, hecho que se expresa en el fenómeno omnipresente de la corrupción estatal. Quienes acusan a Sala de corrupta, por ejemplo, el gobernador Morales o sus allegados, hicieron corruptos negocios millonarios con los planes de vivienda en la provincia.
Una investigación del periodista Franco Mizrahi dio a conocer cómo los hermanos del gobernador Morales, Freddy Morales –secretario de gobierno- y Walter Morales –cabeza del instituto regional de vivienda-, compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720 mil pesos y las revendieron meses después al Estado provincial por un momento de 30 millones de pesos, a fin de ser utilizadas en un plan regional de vivienda.
Se entiende entonces claramente, que el ataque a la Tupac trata también de cómo la banda Morales y allegados junto a la burguesía del sector inmobiliario y construcción en la provincia, hacen de los planes de vivienda jugosos negocios.
Democracia obrera y corrupción: Una posición de clase contra el sectarismo
La Tupac, más allá de los errores de su dirección o de las limitaciones de su programa y fundamentos políticos, se ha convertido sin duda alguna en un referente opositor a la lógica del negocio capitalista y en beneficio de los de abajo, en una de las provincias con expresiones de pobreza más graves del país en términos históricos. Sobre la base de la solidaridad entre los oprimidos, la organización política de la clase trabajadora y la lucha contra la clase que nos explota, lograron forjar un potente aparato organizativo y al mismo tiempo, mejorar de manera importante los niveles de vida de la clase trabajadora de la región.
Hacia el año 2009 la Tupac tenía 400 organizaciones de base barriales en Jujuy, además de presencia en otras 15 provincias del país. Las decisiones fundamentales de la organización se tomaban en una asamblea semanal en la que participaban 900 delegados.
Dentro de la organización se ha luchado contra la discriminación de género y la opresión patriarcal, por ejemplo, so pena de ser expulsados aquellos miembros a los que se les compruebe el ejercicio de la violencia contra su compañera o compañero en el ámbito doméstico. Asimismo, en la organización siempre se ha buscado elevar el nivel cultural y político de todas y todos los miembros de la comunidad, y a la vez manteniendo vivo el sentido de identidad para con las culturas indígenas, en una región con fuerte presencia de comunidades indígenas.
Si fuese cierto que durante los planes de construcción de viviendas la dirección de la Tupac, y en particular Sala, participaron de actos de corrupción, aún así ello no justificaría jamás la judicialización y criminalización de esta compañera por parte de funcionarios del Estado capitalista.
En primer lugar, el ataque a Milagros Sala es un ataque al conjunto de la clase para desarmarla ante el voraz ajuste fiscal. Es un ataque que busca hacer a la clase más indefensa, ante las medidas de ajuste que necesitan seguir aplicando para su propio beneficio.
Por lo tanto, desde la clase obrera debemos luchar contra estos ataques que minan nuestras libertades democráticas como clase, aquellas que debemos empuñar en el marco de la lucha de clases, sobre todo en la medida en queesta continúa agudizándose día tras día.
Posiciones como las de la organización Razón y Revolución, que atacan a Sala y a la Tupac so pretexto de la corrupción que le acusan políticos corruptos de la mano de funcionarios del Estado capitalista, además con una virulencia inusitada y bochornosa, son completamente ajenas a los intereses de la clase obrera y se ponen del lado de la clase dominante contra la clase trabajadora. No debemos permitir que el enemigo nos confunda.
En segundo lugar, el Estado es una estructura en la que -como explicaba Marx- la corrupción es precisamente una moneda de uso corriente, muy útil para los capitalistas a la hora de alcanzar sus fines, ya sea a través de la compra de las lealtades de políticos que representan a diversas facciones de su propia clase, o de políticos de partidos de base obrera.
Hemos visto en las secciones anteriores cómo la clase capitalista ataca a la Tupac no por razones de orden moral, sino para poder profundizar el ajuste fiscal en beneficio de sus propias ganancias y riqueza, y para poder meter sus manos sucias y corruptas en la masa de los jugosos negocios vinculados a los planes públicos de viviendas o al negocio inmobiliario en general –Gerardo Morales, familia y compañía, por ejemplo-. Por ello, todo lo que digan para embellecer esos fines, es pura hipocresía.
En tercer lugar, volviendo a plantear la hipótesis de que fuese cierta la existencia de actos de corrupción, es necesario entender que, de ser así –hasta ahora el juicio ha sido una farsa y no se han llevado a cabo procedimientos técnicamente correctos para probarlo-, esto habría ocurrido como consecuencia de la ausencia de una democracia obrera genuina en el seno de la organización, o como consecuencia de cierta degeneración política en la misma, que también puede explicarse al existir la Tupac en un contexto social que está sustentado en relaciones sociales capitalistas.
Justamente la experiencia indica que la falta de mecanismos democráticos al interior de las organizaciones políticas o sociales genera inevitablemente un sistema verticalista, que al final termina por arrastrar al movimiento social hacia la reproducción de las prácticas políticas clásicas del sistema capitalista. La hipocresía sale también a la luz cuando queda claro que todos los procesos judiciales contra la Tupac no ponen la lupa sobre los intendentes, tanto radicales como pejotistas, ni sobre los empresarios. Pero, sin la participación directa de estos, el supuesto desfalco no se podría haber producido.
Los marxistas entendemos y abogamos por el desarrollo de la democracia obrera en el seno de nuestras organizaciones. Esto significa que, aunque existe una dirección, debe haber un control democrático, amplio y transparente de esta por la base. Debe existir el libre derecho a elección de la dirección en consonancia con los fines programáticos de la organización, y también a la revocatoria de miembros de la dirección que no cumplan con el mandato de la organización. Debe haber libre derecho de discusión de las diferencias políticas y de las cuestiones organizativas y prácticas fundamentales, pero también unidad en la acción en torno a las decisiones de la mayoría.
Que pudiera haber ocurrido algún caso de malversación de fondos en la organización, llama a la necesidad de fortalecer las bases políticas de esta, a desarrollar la democracia obrera en la misma, a abrir el debate programático y fortalecer teóricamente a sus cuadros, pero jamás a liquidarla. Y es esto lo que busca la clase capitalista con la connivencia tácita del Frente de Todos en el caso Sala, a fin de poder seguir aplicando el plan de ajuste del FMI. Contra ellos nos oponemos rotundamente, y ante ello expresamos nuestra solidaridad de clase con las y los compañeros de la Tupac. No obstante, al mismo tiempo creemos necesario sacar las conclusiones correctas y realizar un balance sobre los límites de esta experiencia. La necesidad de independencia organizativa y financiera del Estado resulta fundamental para poner en pie una herramienta de la clase trabajadora. Al no haber desarrollado independencia de clase como un elemento constitutivo, como un principio político central, las organizaciones obreras y populares que fueron penetradas e intervenidas por el kichnerismo, desde y mediante las instituciones políticas del Estado, fueron al final absorbidas por el Estado capitalista, y en última instancia, sus políticas terminaron por subordinarse a la política del Estado capitalista. Uno de los mecanismos principales en este proceso ha sido el financiamiento estatal de estas organizaciones mediante la intervención del gobierno Kirchnerista. La obtención de una distribución discrecional de recursos pone a la organización a manejar un volumen considerable de dinero, creando así un terreno fértil para la llegada de arribistas y advenedizos que se habitúan a la plata fácil y a servirse de la organización para su uso personal.
A la corrupción del sistema capitalista, adopte la forma que adopte, debemos oponerle la lucha por la transformación radical de la sociedad, la lucha por el socialismo y la desaparición de los privilegios, la explotación, los abusos, y las injusticias inherentes a este sistema hecho a la medida de unos pocos.
La implementación de un Plan de Obras Públicas que dote de infraestructuras plenas a nuestros barrios y localidades (viviendas, canalizaciones, cloacas, instalaciones educativas y de ocio, hospitales y Centros de Salud, rutas, etc.), sólo se puede lograr con la plena participación de los trabajadores en el control y la gestión social y económica del país.
Perspectivas para la lucha: debemos confiar en nuestras propias fuerzas
Después del fallo de la Corte Suprema el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejando Garfagnini, anunció la realización de un acampe en la Plaza de Mayo para solicitar al presidente Alberto Fernández el otorgamiento de un indulto a Sala.
El acampe duró 72 horas y fue levantado el 24 de diciembre sin resultados positivos.
En palabras de Garfagnini durante una entrevista a página 12, “este gobierno vino a resolver dos cosas: el problema de los humildes y el problema de la persecución política. Le pedimos que resuelva una”. Pero, la verdad es que el gobierno del Frente de Todos no tiene interés en resolver ni lo primero, ni tampoco lo segundo, y así lo evidencia su propia política.
Garfagnini señaló que el fallo emitido por la Corte Suprema en la causa contra Sala, faculta legalmente al presidente para que le otorgue el indulto. Sin embargo, el 21 de diciembre, Alberto Fernández declaró en una entrevista a Radio La Voz, que la Corte Suprema había ratificado el carácter provincial y no federal de la causa.Sobre la base de ese argumento, Fernández se excusó señalando queconstitucionalmente sigue sin estar facultado para otorgarle el indulto: “La solución no pasa por el indulto, la constitución me lo prohíbe, con mucho pesar”. Como si no fuera suficiente, luego elevó una solicitud al gobernador Morales, -sí, al mismo que montó el juicio contra Sala y la privó de libertad de forma absolutamente arbitraria, violando los derechos democráticos más elementales-, proponiéndole que, si no desease indultarla, bien podría conmutarle la pena, por los años que estuvo detenida arbitrariamente. Estas palabras de Fernández lo dicen todo sobre la posición del Frente de Todos ante el caso Sala.
¿Acaso no escuchó el presidente Fernández las declaraciones de Morales justo después del fallo de la Corte Suprema? Morales aclaró que no otorgará el indulto a Sala y más bien solicitó que se le retire el beneficio de arresto domiciliario y sea pasada a una cárcel común. El beneficio de arresto domiciliario corresponde a casos donde aún no hay sentencia firme y hay razones de salud que lo ameritan. Para Morales lo primero fue resuelto con el fallo de la Corte, y en el caso de lo segundo -la cuestión del estado de salud del privado de libertad- Sala no cumple con lo contemplado en la ley. Morales dijo tener pruebas de que Sala goza de un perfecto estado de salud, y de que incluso hace fiestas en su casa. ¿Qué sentido puede tener solicitarle a Morales que le conmute la pena? Ninguno, más que quiera lavarse las manos como Poncio Pilatos.
Ante un proceso judicial que estuvo absolutamente viciado desde el principio, negarse a intervenir contra una medida que en realidad es una acción de disciplinamiento y ataque a los derechos democráticos del movimiento obrero y popular, muestra claramente que la política del Frente de Todos no es otra que la de sostener el ajuste capitalista contra las masas trabajadoras, en todos sus ámbitos. La falta de voluntad de Alberto Fernández y de la dirección del Frente de Todos de indultar a Sala, no es sólo una cuestión de cobardía, pusilanimidad o vacilación, sino más bien una expresión de su programa político en el marco de la crisis del capitalismo argentino y mundial. En última instancia, -aunque por momentos otorguen concesiones a las masas trabajadoras-, están gobernando para el beneficio de la clase dominante.
Más aún, hay sectores de la dirección del Frente de Todos que desde el principio han estado absolutamente de acuerdo con la política de disciplinamiento y desmantelamiento de las organizaciones obreras, en Jujuy y en general. Basta con recordar las infames palabras de Sergio Massa durante una entrevista con Mirtha Legrand en 2016 sobre la detención de Sala. En aquella oportunidad Massa señaló su apoyo a la política de Morales: con la detención de Sala se estaría corrigiendo la existencia de Estados paralelos a las provincias y gobiernos locales, Estados construidos con fondos públicos y que hacen de los planes sociales un negocio –exactamente la misma hipócrita y bastarda posición capitalista de Morales, pero en la boca de un dirigente hoy del Frente de Todos, para más colmo-.
Compañeras y compañeras, debemos confiar sólo en nuestras propias fuerzas.
No debemos esperar ayuda de aquellos que aplican el ajuste contra nuestra clase -no importa que lo expresen en un lenguaje más dócil o moderado-, para que logremos defender nuestras conquistas y arrancarle victorias a la clase capitalista y su Estado.
La lucha por la libertad de la compañera Milagro Sala, contra la criminalización del movimiento obrero y popular en general, y contra el ajuste capitalista, sólo podrá lograrse levantando un plan de lucha general, conformado comités en cada barrio, fábrica y centro de estudios; un plan que debe ser puesto en marcha a través de una poderosa movilización de nuestra clase, tan numerosa como la movilización popular que recibió a los pibes de la albiceleste con la pelota en sus manos, pero con total claridad programática de cuáles son nuestros intereses y fines como clase.
Para lograr la libertad de Milagro debemos luchar en las calles, y no debemos parar hasta lograr una huelga general contra el ajuste. Una huelga general que frene el ajuste infame y que abra paso a la conformación de un gobierno obrero, armado de un programa genuinamente socialista. La posibilidad de un futuro sin miseria, hambre y explotación reside sólo en nuestra movilización y lucha.
