Lo más urgente es poner en pie una campaña nacional, que incluya al activismo clasista, la CTA y las organizaciones de izquierda y populares. Todas ellas deben exigirle a la CGT, la convocatoria a un paro nacional activo junto a la CTA, para exigir la readmisión de todos los despedidos y evitar la destrucción de la comisión interna de Terrabusi, porque si tocan a uno nos tocan a todos.
El 25 de septiembre personal de infantería y caballería de la policía reprimieron de manera brutal a los obreros de la multinacional Norteamericana Kraft (ex Terrabusi) dejando un saldo de 65 detenidos (golpeados en el interior de la fabrica que fue utilizada como una comisaría) y varios heridos producto de las balas de goma, los palazos, los perros y los gases lacrimógenos.
El conflicto tuvo su origen cuando la empresa, arbitrariamente y con falsas acusaciones, decidió dejar sin trabajo a 160 obreros sin derecho a indemnización lo que llevó a los trabajadores y a su comisión gremial interna a comenzar, el 18 de agosto, una huelga con toma de fábrica para revertir la medida.
Mediante la represión, reclamada insistentemente por la Unión industrial Argentina (UIA) y la patronal norteamericana, buscaban desalojar la fábrica y quebrar la solidaridad de cientos de activistas obreros y populares que se encontraban en las inmediaciones de la fábrica apoyando a los trabajadores en su reclamo.
Kraft manda, el gobierno obedece
El gobierno de Cristina Fernández (quien paseaba por EE.UU. buscando un acuerdo con el FMI y se reunía con los dueños del monopolio Kraft que reclamaban "seguridad jurídica" ) se ha mostrado veloz y obediente a la hora de reprimir a trabajadores que defienden el pan para su familia y que no se callan los atropellos patronales, pero se mostró incapaz y distraído para hacer cumplir a la empresa la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo que dispuso el reingreso de los 160 despedidos y el pago del 100% de los salarios a todos los trabajadores cosa que la empresa no hizo.
Nuevamente, el Estado ha mostrado su verdadera razón de ser: administrar y salvaguardar los negocios de la clase burguesa.
Si algo ha quedado claro es que éste no es un conflicto laboral si no que tiene un carácter netamente político, ya que mientras la patronal intenta descargar el peso de la crisis capitalista sobre los trabajadores con despidos, busca a su vez evitar lo inevitable: impedir, en los lugares de trabajo, la aparición de comisiones gremiales internas que defienden los intereses de los trabajadores, que no los entrega y que no responden a la corrupta dirigencia sindical encabezada por Hugo Moyano. Es el mismo trasfondo que existe detrás del conflicto del Subte, y de los que hubo el año pasado en Sancor Rosario, la autopartista Dana, la textil Mafissa, o el Casino de Buenos Aires.
Con la patronal o con los trabajadores
Con el visto bueno de la patronal argentina y la embajada norteamericana el gobierno apuesta fuertemente al desgaste de la lucha, busca prolongar la situación el mayor tiempo posible para quebrar a la base obrera y canalizar los reclamos por vía judicial.
Es por eso que los Ministerios de Trabajo, nacional y bonaerense, se muestran displicentes ante la violación sistemática de la empresa de las resoluciones que la intiman a permitir el acceso a la comisión interna para que puedan desarrollar sus tareas gremiales con normalidad.
Recientemente, la empresa anunció que sólo permitirá el ingreso a 30 trabajadores (entre suspendidos y despedidos) en una clara provocación y como acción dilatoria.
Lo que ellos son incapaces de comprender es que a medida que pasan los días la solidaridad de las organizaciones obreras, populares, de desocupados y estudiantiles se agiganta como quedó demostrado en la masiva movilización a Plaza de mayo del día lunes 28 de septiembre y en la gran cantidad de acciones solidarias impulsadas en todo el país a pesar de la campaña de los monopolios informativos que buscan convertir la lucha en un problema de tránsito.
Mención aparte merece la actitud adoptada por sectores de la oposición burguesa, tanto Radicales, como el PRO, la Coalición Cívica de Carrió, y los peronistas anti-K quienes avalan a la multinacional norteamericana con sus declaraciones o sus silencios según les convenga.
Construir desde abajo para derrotar a la burocracia
Si alguien ha jugado un papel escandaloso es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Rodolfo Daer, quien intentó aislar el conflicto siendo abiertamente funcional a los intereses de la patronal norteamericana, al igual que Hugo Moyano, quien se encargó de tildar públicamente de "grupos de ultraizquierda" a los trabajadores, utilizando los mismos argumentos que los grupos de tareas durante la dictadura para secuestrar y matar compañeros.
Ha quedado a la vista de todos cómo la burocracia sindical, el gobierno y la patronal una vez más han unido fuerzas para golpear como un solo puño buscando destruir la organización democrática de los trabajadores, y es en este sentido que debemos sacar las conclusiones de este conflicto.
Es necesario establecer corrientes sindicales opositoras, de ámbito nacional, en cada gremio, que tengan un carácter amplio y democrático. Esto ayudaría a crear las condiciones que permitan una respuesta unificada de la mayor cantidad posible de trabajadores, en cada rama o sector, cada vez que se ataque a los compañeros de una fábrica o empresa determinada y evitar la pelea empresa por empresa.
Lo más urgente es poner en pie una campaña nacional, que incluya al activismo clasista, la CTA y las organizaciones de izquierda y populares. Todas ellas deben exigirle a la CGT, la convocatoria a un paro nacional activo junto a la CTA, para exigir la readmisión de todos los despedidos y evitar la destrucción de la comisión interna de Terrabusi, porque si tocan a uno nos tocan a todos.
