Durante los dos últimos meses, en las provincias del Noroeste Argentino -NOA- se han desarrollado procesos de auto convocatorias como formas primarias de organización de las luchas. En particular, en Salta y Jujuy, estas auto convocatorias han dado un paso mayor en su desarrollo.
Estas luchas continúan al día de hoy, pero por una serie de factores presentan un amesetamiento, teniendo un peso importante en ello las luchas intestinas que han resultado de la composición misma de estos órganos.
Por otra parte, estos organismos autónomos son constantemente atacados por el gobierno, con el objetivo de desviarlos hacia salidas institucionales, tratando además de desmoralizar al movimiento. El gobierno busca aislar y bloquear a los luchadores, imponiendo penalizaciones y multas contra los mismos.
La lucha tuvo un pico máximo de expresión aglutinante cuando el oficialismo -PRO junto al PJ-, puso en el tapete de los convencionales la cuestionada reforma constitucional, con el fin de dar un rango legal a la explotación laboral y al saqueo de los RRNN -recursos naturales-, y al mismo tiempo ilegalizar y criminalizar las protestas. La necesidad de la clase capitalista de poder explotar el litio y a los trabajadores, bajo la tutela legal, es decir, contando con suficiente seguridad jurídica, está plasmada en la reforma constitucional. La misma no tiene ningún respaldo popular, más que el de los empresarios mineros y testaferros locales, que han utilizado al Estado y sus fuerzas represivas para desplegar la represión contra trabajadores y las comunidades originarias.
Poder comprender correctamente el proceso de la lucha de los trabajadores y comunidades indígenas de Jujuy, nos obliga a ir mucho más allá de cualquier análisis limitado a los términos electorales. Al obrar así corremos el riesgo de caer en un grave error político. Sin embargo, no negamos que la lucha tenga una expresión en las elecciones generales, pero debemos ir más allá.
El oficialismo de Morales se impuso por casi un 50%, seguido por el peronismo con el 23%, quien declaró que el parto de la reforma constitucional sería sin inconvenientes.
Hacemos notar que el abstencionismo llegó a casi el 40% y el voto blanquismo al 10%. Estos porcentajes demuestran que el pueblo está en lucha y no se referenció en las elecciones, sino que apostó a mantener las asambleas obreras y de los pueblos originarios, junto a las auto convocatorias de los trabajadores estatales. Estos órganos de debate y deliberación son los que han marcado el pulso de la lucha, dando pequeñas victorias en el camino de la impugnacion o caída de la maldita reforma, en manos de la movilización popular.
Si bien los partidos del régimen se encuentran de cara a las PASO, desplegando sus campañas hacia la carrera presidencial y parlamentaria, los trabajadores de Jujuy no se han dejado llevar por los cantos de sirena de las elecciones.
Las y los trabajadores se mantienen firmes en su lucha por tirar abajo la reforma y todo tipo de ajuste contra ellos. Con la reforma constitucional la clase capitalista está marcando a fuego el terreno, y los partidos patronales se disputan regular el control de la explotación de los recursos naturales de la provincia.
El oficialismo del FdT pretende maniobrar y utilizar los DDHH al denunciar judicialmente la represión, pero no podemos olvidar que son los partícipes necesarios de esta reforma, y los que impulsan como única salida las elecciones. Presentan la contienda electoral como el campo de “batalla” para dirimir los problemas de los terrenos fiscales donde se encuentran asentadas las comunidades, desconociendo las auto convocatorias, en asambleas democráticas, como instancias no válidas.
Trágicamente, la izquierda también se ha volcado hacia esta postura, planteando que la solución es tener más parlamentarios o ganar las PASO para garantizar los derechos de los trabajadores y comunidades, la defensa de los recursos y las conquistas obreras. ¡Pero el pueblo obrero y las comunidades de Jujuy estaban movilizados apenas planteada la reforma e iniciado el circo de los convencionales del capital! Aunque una parte del pueblo trabajador fue a las urnas y votó por la izquierda con esperanzas de cambiar la situación, la mayoría se fue a las calles, y ahí continua.
El régimen de Morales está siendo golpeado por la lucha obrera-comunidades, y este responde con la represión, desatando una caza de brujas contra artistas, activistas, sindicalistas y trabajadores, en aras de amedrentar a los huelguistas y todos aquellos que participan en los cortes de rutas.
Los grandes medios de comunicación capitalistas, como herramienta de disociación, impulsan información sesgada y maliciosa: señalan la detención de 40 activistas/agitadores a quienes acusan de “foráneos”, que además tampoco pertenecerían a las comunidades originarias, y disparan hacia ellos como infiltrados de izquierda. El gobierno de Morales trata de bloquear la solidaridad, que tanto necesitan la lucha de Jujuy y todas las luchas obreras en curso. Sus fuerzas represivas persiguen al azar, imputando incitación a la violencia, daños contra el bien público y agresión a funcionarios, en un cuadro de agudización de la lucha donde se pide la cabeza del gobernador y su gabinete.
Hasta el día 5 de julio, se mantuvieron cortes de rutas en más de 10 ciudades de Jujuy. Algunas, como la ruta 66, se volcaron hacia el corte total. En estos momentos hay localidades que, producto de la movilización hacia los Concejos Deliberantes, han rechazado la reforma constitucional, siendo los casos de Libertador Gral. San Martín, Perico, Uquía, Maimará, Humahuaca, Abra Pampa, Tilcara, Purmamarca, Mina El Aguilar, Rinconada, Cochinoca, La Quiaca, Valle Grande, Tres Cruces, Puesto del Marqués y Abralaite. En varios distritos los autoconvocados han reclamado el uso de la “banca del pueblo”, para poder expresar el repudio a la reforma y las graves consecuencias que trae su aplicación, así como pedir la expresión pública de los concejales. No obstante, debemos explicar que, en el actual contexto, este acto sólo tendrá carácter declarativo.
El Sindicato docente de ADEP, ha declarado en asamblea la continuidad del paro docente por tiempo indeterminado, rechazando las ofertas realizadas por el gobierno, que no pasan de ser las mismas propuestas para mantener la miseria, donde el básico sigue siendo $65.000- y el salario de bolsillo $200.000-. Esta noche -07 de julio- la docencia volvió a marchar en el centro de la capital provincial. El sindicato de SEOM mantiene también la movilización permanente contra la reforma y el apoyo a la docencia. Los estudiantes autoconvocados han promovido la toma de escuelas secundarias, repudiando la agresión sobre los jóvenes. Aunque el acicate de la derecha genera las más de las veces una respuesta de rebelión, es claro que se utiliza la represión como herramienta de disciplinamiento hacia el conjunto del movimiento.
Las luchas obreras han tomado el camino de la organización y de la democracia directa, priorizando las acciones colectivas. Las elecciones quieren llevar a vía muerta la lucha y los izquierdistas quieren llevar las luchas al parlamento. El estado de ánimo de las masas tiende a la potencialidad de la gestación de la huelga general, ante el agotamiento del régimen. La burocracia sindical intenta ser el dique de contención a esta tendencia.
No obstante, para el día jueves 29 de junio se lanzó una iniciativa de asamblea contra la reforma por iniciativa del PTS en el aula magna de la facultad de humanidades. Esta asamblea tuvo una participación importante de trabajadores, integrantes de comunidades originarias, docentes y estudiantes, y debe reunirse nuevamente para el día 12 de julio. La consigna central de su convocatoria es la lucha contra la reforma y el paro general hasta tirarla abajo. Esta asamblea puede y debe convertirse en la herramienta de dirección y coordinación política de todas las acciones de protesta, cortes y piquetes, para llevar la lucha hacia la victoria. Parte de la dirección de esta instancia ha sido tomada por figuras representativas del Jujeñazo, como el tercer Malón por la paz, organización de base indígena, que a su vez hace un llamado a la necesidad de considerar la participación de las diversas organizaciones y sectores obreros y populares en la lucha, dejar de lado los sectarismos y resolver acciones en base a la deliberación colectiva.
Ante una crisis de representatividad política y sindical. La responsabilidad política y de clase está en brindar a estos órganos la orientación y acompañamiento necesario para hacer confluir en unidad de acción de las asambleas, logrando su coordinación política. Es insuficiente centrar la agitación en que los paros y planes de lucha deben orientarse únicamente en tirar abajo la reforma levantando consignas economicistas. La tarea fundamental de la izquierda es elevar a los trabajadores, campesinos y comunidades indígenas hasta comprender la necesidad de transicionar y desarrollar estas asambleas, como organismos de doble poder, hacia la administración social y política de los recursos naturales y el conjunto de la economía, y hacia la transformación social dirigida por los que viven de su trabajo.
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Declaración del Tercer Malón por la Paz: al Gobierno nacional y de la provincia de Jujuy
A los siete días del mes de julio de 2023, en el cruce de Purmamarca, reunidas las comunidades indígenas del Tercer Malón de la Paz en protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial por ser inconstitucional y haber sido realizada y aprobada sin la participación de las comunidades indígenas ni de la población jujeña en general, denunciamos que el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia. Hasta el día de hoy, el Gobierno no se ha hecho responsable. Es por todo eso que exigimos:
A) Que se declare la nulidad de la nueva constitución provincial. Rechazamos tanto el procedimiento por el cual se realizó la reforma como su contenido, puesto que viola los derechos indígenas. Exigimos que se realice un nuevo proyecto de ley de necesidad de Reforma de la Constitución y que sea desde los marcos normativos vigentes dando cumplimiento a nuestra Constitución Nacional. A la consulta libre, previa e informada según el convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y demás tratados internacionales ratificados por Argentina.
B) Sobreseimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio del derecho a la protesta de forma pacífica. Y exigimos el cese inmediato a la represión, persecución, amedrentamiento de todas las personas que han participado en las diferentes actividades de manifestación en contra de la Reforma.
C) La renuncia del gobernador Gerardo Morales, del ministro de Seguridad de la Provincia, Guillermo Corro, y del jefe de Policía de la Provincia, Horacio Herbas Mejía, quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psicológicamente en toda la provincia. El Gobierno provincial tiene que responsabilizarse en cubrir la correspondiente atención médica de las víctimas de la represión de forma completa y debida en cada caso, con seguimiento, asistencia directa y resarcimiento a los familiares en medio de las pensiones vitalicias.
D) La renuncia de la ministra de Derechos Humanos y Pueblos indígenas y de la Secretaría de Pueblos Originarios, Sonia Ochoa; por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses políticos partidarios. Y exigimos la renuncia de Natalia Silvina Sarapura, actual diputada nacional, y la declaramos persona no grata.
E) Pedimos a jueces, fiscales, integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy y de la Nación que tomen conciencia de la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial como lo juraron al momento de aceptar los cargos para los que fueron designados.
Tercer Marón de la Paz, Purmamarca, 7 de julio de 2023.
Carta abierta de las comunidades del Tercer Malón de la Paz: respuesta al Gobierno de Jujuy
Ante todo comunicar al pueblo de Jujuy que las comunidades indígenas hemos abierto el camino del diálogo y la gestión por las vías correspondientes de nuestros pedidos, desde siempre y hasta ahora, ante todos los Estados y Gobiernos tal como existen hoy. Adecuándonos a sus condiciones, a sus políticas, a sus formas burocráticas. Siempre hemos considerado el respeto sobre todas las cosas, un legado que nos dejaron nuestros ancestros al cual hacemos honor. En ese aspecto y en este proceso se presentaron notas concretas a la legislatura y a la Convención Constituyente, solicitando se respete el proceso de consulta libre previa e informada
El gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne propia con el aval de su gobierno. Tanto para emprendimientos mineros, turísticos, emprendimientos privados disfrazados como emprendimientos del Estado en territorio de las comunidades. Y de eso hay varios casos: Tilquiza, Tuscapacha, Caspalá, Salinas Grandes y otros tantos. Con una Justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada en toda la provincia, por encima de los derechos de la propiedad comunitaria conquistado por las comunidades según la Convención 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que nos reconoce como dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y por derecho consuetudinario.
Casi ocho años de gestión dan cuenta de que no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria, a pesar de tantos pedidos que existen. Casi ocho años de gestión dan cuenta de que la política para las comunidades es el despojo, la represión, el saqueo, la persecución, las amenazas, la discriminación y el armado de causas a los integrantes de las mismas comunidades, solo por defender su territorio y ejercer sus derechos. Y esto no es un delito. Delito es violar los derechos constitucionales, delito es violar los convenios internacionales y las leyes nacionales. Delito es violar la misma Constitución de la Provincia de Jujuy, que en los artículos 100 y 131 prohíben que un gobernador ejerza otro cargo mientras dure su función. Por lo tanto, esta reforma constitucional es nula.
El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los perdigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia hacia nosotros, que estábamos reivindicando nuestros derechos de manera pacífica como siempre, son hechos de violencia de la Policía bajo las órdenes del gobernador. Y que por cierto, les costó los ojos a varios de nosotros. Aquí preguntamos, ¿cómo piensa el Gobierno devolverle la vista a nuestros hermanos? ¿Acaso el objetivo es enceguecer a todo el pueblo de Jujuy?
El Gobierno debería saber, cómo toda la sociedad de Jujuy lo sabe, que hubo un Tercer Malón, donde las verdaderas comunidades caminaron de sus territorios hasta la Casa de Gobierno. ¿Acaso se dignaron en recibirnos, al menos? Las comunidades que hacemos el Tercer Malón de la Paz, con el acompañamiento de los docentes, empleados públicos, gremios, sindicatos, movimientos, agrupaciones, empleados de la salud, autoconvocados y gran parte del pueblo de Jujuy, que vio que la esperanza que bajó de los cerros tocó las puertas de la Casa de Gobierno y de la Legislatura, recibiendo como única respuesta el ser ignorados, subestimados, odiados, extorsionados, amenazados y, para el colmo, reprimidos hasta dejarnos ciegos. Y ahora acusados penalmente como delincuentes, sediciosos y violentos.
Los pueblos no se alzan contra las instituciones. Los pueblos, simplemente, ejercen sus derechos exigiendo a sus representantes. Cabe destacar que son los del propio partido del Gobierno, quienes no se presentan a cumplir sus funciones. Entonces, ¿de qué diálogo nos hablan?
En nuestros cortes de ruta se garantizó el ejercicio de derechos, con el respeto al libre tránsito, sin demora para los servicios de salud, seguridad, bomberos, personas discapacitadas o con urgencias, sepelios, bancos y, en especial, a las mujeres embarazadas y niños. La responsabilidad y la modalidad con la que se ejerció la protesta, es reconocida como tal a través de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Naciones Unidas, desmintiendo rotundamente lo que los medios oficialistas y el Gobierno pretenden imponer y hacer creer falsedades a la población
Nunca quisimos llegar a esto. Y las comunidades sentimos un gran dolor por toda esta situación. Pero lamentablemente, el hecho de que nos ignoren, avasallen nuestros derechos, no traten de delincuentes y se mientas sobre las razones que nos llevó a tomar esta decisión de manera autónoma, reiteramos que no estamos vinculados con ninguna figura, ni movimiento, ni con un gobierno, ni partido político. Basta de mentiras sobre eso. Reconocemos que quienes se solidarizaron con nosotros fue el propio pueblo de Jujuy, el pueblo argentino y que seguramente lo hicieran porque están convencidos de que tenemos razón, y por eso se sumaron a esta lucha.
Esta reforma parcial de la Constitución viene a avalar legalmente el saqueo intensivo de los recursos y el agua que da vida a cientos de comunidades en la provincia y del Norte argentino. Apenas entró en vigencia, hoy ya existen cataratas de sentencias de desalojo a comunidades; ya se están vendiendo tierras al capitalismo internacional. Entonces, entendemos que detrás de todo esto, son los capitales extractivistas extranjeros, que ahora cuentan con una Constitución hecha para legalizar el saqueo. Una constitución debe defender los intereses del pueblo.
Debería saber también el gobierno, que hoy los lugares que ocupan, los territorios de los cuales se hacen uso y que quieren expropiarnos con esta reforma, han sido libertados a costa de vida y sangre indígena. Nuestros antepasados lucharon junto a Juana Azurduy, junto al capitán indígena Diego Cala; conformaron el regimiento peruano; lucharon junto a Belgrano; junto a Güemes; junto a Arias; junto a San Martín para darle la libertad a estas naciones. Lucharon por una libertad, que en 200 años de la vida del Estado, aún se nos niega.
La paz y el respeto no se logran con una invitación al diálogo, después del hecho consumado. Si se habla del respeto a la Constitución y las leyes, pues el gobierno debería cumplir con ellas. Cumpla con el derecho a la consulta libre previa informada, con el derecho al consentimiento, establecidos en la Constitución Nacional y convenios internacionales, ratificado con las leyes nacionales y vigentes en todo el territorio argentino. La paz se logra con realizar el proceso de consulta determinado por los protocolos reconocidos, como el Kachi Yupi de la Cuenca de Salinas Grandes y Lagunas del Guayatayoc; el protocolo Pacha Jarkaspa del Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoa; el Protocolo de Consulta del pueblo Ocloya. Se exige el respeto a los derechos y así todos viviremos en la paz anhelada.
Arriba los derechos A
Anulación de la Reforma.
Jallalla al pueblo plurinacional de Jujuy.
Asamblea del Tercer Malón de La Paz, cruce de Purmamarca
09-07- 2023
