Inundaciones privatizadas

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Las inundaciones de principios de abril en Capital, gran Buenos Aires, La Plata y Santa Fe dejaron un saldo de decenas de muertos y miles de damnificados, que perdieron desde muebles y ropas hasta vehículos y gran parte de sus viviendas. Por supuesto, como siempre, los sectores más desprotegidos (pobres y personas mayores) las sufrieron más, por estar más expuestos y por la precariedad en la que viven. Pero las inundaciones también evidenciaron una serie de falencias que muestran la necesidad de un cambio social basado en un programa que contemple al conjunto de la comunidad, en tanto objetivo y como protagonista masivo de las acciones.

Las causas

En todos los casos fueron inundaciones ocasionadas por la abundancia de lluvias (de 100 a 400 mm, lo que usualmente cae en 5 meses) en un breve período de 4 o 5 horas. Entre las causas últimas de esto están el cambio climático (el llamado ¨calentamiento global¨) favorecido por la contaminación, y los desmontes y las alteraciones del medio ambiente, para favorecer el corrimiento de la llamada ¨frontera productiva¨, fundamentalmente sojera, que altera el régimen de lluvias, sumados al fenómeno cíclico del ¨niño¨.

Se agregan la construcción descontrolada en las ciudades, en lugares no aptos, bajos o incluso en márgenes (o sobre) cauces de arroyos y ríos, sin obras de infraestructura suficientes (desagües, agua, cloacas, etc.) y la falta de mantenimiento de las redes existentes. Los excesos constructivos quitan también espacios verdes que actúen como superficie de absorción. Además existen obras que impiden el fluir natural de las aguas como la autopista Buenos Aires-La Plata.

En todos los casos predomina la lógica del negocio privado y del ahorro presupuestario estatal, por sobre las necesidades sociales que quedan expuestas ante estos, ya hace tiempo previsibles, fenómenos climáticos.

El momento crítico

Describimos el caso de La Plata, pero muchos elementos estuvieron presentes en las demás regiones afectadas.

Durante el diluvio se manifestó también el abandono a los inundados: salvo algunas organizaciones de defensa civil y bomberos, no hubo una acción organizada para socorrer a los vecinos atrapados en sus hogares, ni ¨planes de contingencia¨ coordinados hasta 24 horas después de ocurrido. Con la interrupción del transporte público quedaron tirados cientos y cientos de pasajeros en las calles a merced de las inclemencias. También colapsaron la telefonía, los servicios de emergencia de salud y los medios de comunicación.

Quedan aún por aclarar las causas y consecuencias del episodio en la destilería de YPF en Ensenada: inundación, dos o tres explosiones, incendio y derrame de combustible.

Mientras gran parte de las autoridades veraneaban en el exterior, las tareas de salvataje improvisadas quedaron en manos de las iniciativas particulares, donde otra vez las diferencias de recursos se hicieron notar. Además se interrumpieron durante muchas horas los servicios de agua, electricidad y recolección de basura. Sólo la inmensa solidaridad popular despertada evitó que la catástrofe fuera aún mayor.

La ayuda

El caos se extendió los días siguientes en la ayuda a los damnificados, cuando decenas y decenas de organizaciones sociales, políticas y religiosas competían, cada una por su lado, en recolectar y acercar alimentos, ropa y elementos de limpieza a las víctimas. Todos estos elementos donados solidariamente por la población de todo el país.

El reparto se hizo de manera tan poco planificada que ahora no se sabe qué hacer con tanta ropa mientras faltan agua, leche y colchones, por ejemplo. Los evacuados fueron retornando a lo que quedaba de sus hogares con el mejoramiento del tiempo, salvo en La Matanza donde permanecieron hasta cuatro días después. Recién transcurrida una semana pudieron verse acciones coordinadas entre los diferentes grupos (fundamentalmente de Unidos y Organizados) con el apoyo del estado nacional.

A la par, se desarrollaba una vergonzosa disputa para repartir responsabilidades políticas y hasta por el número de muertos, con internas cruzadas, vedetismos personales y demás miserias. Y algo peor, la agitación -fogoneada por los medios de comunicación comerciales- contra supuestos saqueadores, que generó una paranoia generalizada y resquemores entre barriadas damnificadas.

Mientras los sindicatos docentes levantaban las medidas de fuerza (en su conflicto salarial) para colaborar en la contención de las familias damnificadas, otros dirigentes sindicales mostraban toda su perversión corporativa. Moyano aprovechaba para bloquear con camiones la destilería de Dock Sud, por un reclamo menor, y el Pata Medina de la UOCRA mandaba su patota a enfrentar a sectores juveniles que ayudaban en barrios carenciados.

La reconstrucción

El gobierno nacional dispuso duplicar jubilaciones, subsidios por desempleo y AUH durante un par de meses y los gobiernos locales algunas exenciones impositivas. Los bancos públicos otorgaron decenas de miles de ¨préstamos a tasas bajas¨ a los damnificados. En todos los casos el enfoque es el de una desgracia que le ha ocurrido a cada víctima, que cada familia deberá tratar de superar por su lado, con ayuda estatal en el mejor de los casos.

Incluso las primeras medidas que se están implementando son de seguridad, más patrullas policiales e instalación de lámparas de alumbrado público. También durante las noches siguientes a la inundación se había priorizado (desde el gobierno nacional y los provinciales) la seguridad, para impedir que los pobres, siempre prejuzgados como criminales, pudieran saquear viviendas y negocios.

Otro modelo

Tanto en lo ocurrido durante el diluvio, como en el salvataje, en la ayuda y ahora en la ¨reconstrucción¨ se evidencia un enfoque privatizado, desde los sectores que tienen responsabilidad gubernamental y otros, de los problemas y de los intentos de superarlos. Pero en la amplia solidaridad popular y en los gérmenes de autoorganización asoma otro modelo, donde el que tiene algo lo comparte con el que lo necesita, y donde el que puede ayudar y arriesgarse por otro lo hace sin mezquindades.

Si avanzamos en las transformaciones, que se reclaman masivamente desde el 2001, quitándole el control de la sociedad a los poderosos, a los especuladores, a los empresarios, banqueros y terratenientes, y desplazamos a sus sirvientes en los cargos políticos, se liberaría toda esa energía social solidaria. Desde la Corriente Socialista Militante luchamos por ese modelo distinto, que no esté dominado por el afán de lucro, por la lógica del beneficio privado, y por construir una sociedad solidaria e igualitaria: una sociedad socialista.