Para nosotros, lo principal no es quiénes están en las rutas, sino qué reclamos se defienden, quiénes apoyan las protestas, qué clases e intereses políticos se benefician con la misma y, lo que es esencial, qué gana o pierde la clase obrera con ello. Esta es la forma marxista de abordar la lucha de clases. Agarrarse a la presencia de pequeños productores y de la Federación Agraria en la protesta, abstrayendo de la realidad los demás factores presentes, es un esquema vacío que le da la espalda a los ilos intereses de clase reales presentes en el conflicto. El conflicto del campo ha polarizado la situación política nacional a niveles impensados hace unos meses.
En otros artículos ya dejamos sentada nuestra posición, cuando nos opusimos al lock-out patronal del campo (Leer: Frenar a los monopolios agroexportadores y a la derecha. Basta de chantajear al pueblo ; Conflicto del campo: La clase obrera y el pequeño productor deben unirse ; y No al lock-out patronal agropecuario).
El objetivo de este nuevo artículo es responder a aquellos compañeros que, desde posiciones de izquierda y progresistas bienintencionadas, mantuvieron un apoyo más o menos explícito a la “protesta” del campo amparándose en la presencia en la misma del “pequeño productor” y la Federación Agraria, que tradicionalmente fue considerada parte del “campo popular”.
Quiénes están detrás del “paro” agropecuario
No negamos la presencia de estos actores en el llamado conflicto del campo que, lamentablemente, formaron un bloque reaccionario con los grandes capitalistas agropecuarios (particularmente la Sociedad Rural y la Confederación Rural Argentina-CRA), enemigos jurados de la clase obrera de la ciudad y del campo y sostenedores de cuanto gobierno antiobrero y antipopular tomó las riendas de nuestro país.
Pero para nosotros, lo principal no es quiénes están en las rutas, sino qué reclamos se defienden, quiénes apoyan las protestas, qué clases e intereses políticos se benefician con la misma y, lo que es esencial, qué gana o pierde la clase obrera en todo esto. Esta fue siempre la forma marxista de abordar cualquier acontecimiento de la lucha de clases. Agarrarse a la presencia de pequeños productores y de la Federación Agraria en la protesta, abstrayendo de la realidad los demás factores presentes, es un esquema vacío sacado de un manual que le da la espalda a los intereses de clase reales presentes en el conflicto.
Todo trabajador con conciencia de clase debería hacerse la siguiente pregunta: Si el reclamo del “campo” es tan razonable para los intereses populares ¿cómo es posible que los grandes empresarios nacionales, los medios de comunicación burgueses, los políticos a la derecha del gobierno (Macri, Duhalde, UCR, Carrió), y hasta los principales medios de comunicación de países imperialistas como España o EEUU apoyaran a rabiar los piquetes del “campo”? ¿Por qué razón los llamados “cacelorazos” encontraron un eco tan entusiasta en los barrios de clase alta de Buenos Aires, y solamente en ellos? Basta hacerse la pregunta para encontrar, sin gran esfuerzo, la respuesta.
Nunca apoyaremos una protesta basada en un frente único con los terratenientes, la Sociedad Rural y otras organizaciones agrarias reaccionarias. No apoyamos una protesta que está siendo utilizada por los grandes empresarios argentinos para fortalecer una alternativa política a la derecha del gobierno (Macri, Carrió, Duhalde, UCR) y, por consiguiente, más antiobrera que la actual. No apoyamos una protesta que está sacando a la luz los prejuicios más reaccionarios de la pequeña burguesía de la ciudad y el campo, explotados por la gran burguesía y los políticos de derecha, contra los gastos sociales del Estado (sean muchos o pocos, estén mejor o peor distribuidos), los desocupados, etc. No apoyamos una protesta que no levanta una sola demanda a favor de los trabajadores, de la ciudad y del campo, ni plantea ninguna alternativa a las subas de los precios de los alimentos.
Un “paro” reaccionario
Hablemos claramente. El fin de la protesta era mantener o acrecentar las ganancias de los grandes empresarios del campo y los exportadores por la venta de productos agropecuarios, vía exportaciones, en un contexto de precios internacionales muy altos que están desencadenando una suba de precios de los alimentos básicos en todo el mundo.
Por eso, uno de los reclamos centrales de la protesta fue la anulación o reducción de las retenciones (impuestos) aplicadas a las exportaciones agropecuarias, y otro el de exportar sin restricciones. El rechazo inicial a la suba móvil de las retenciones por la exportación de soja y girasol (cuando estos productos superen los precios internacionales vigentes a fines de febrero, que ya eran bastantes elevados), se extendió ahora a las retenciones en general y a las limitaciones introducidas por el gobierno a las subas de precios y a las exportaciones de productos básicos (leche, carne, trigo).
La disyuntiva que plantean los empresarios del campo y los exportadores es clara: que los trabajadores paguemos alimentos básicos más caros o que el Estado se haga cargo de la diferencia entre el precio que se les paga en Argentina y el que se les paga en el extranjero. En ambos casos se trata de una confiscación al salario de los trabajadores, ya sea de manera directa vía sueldos, o de manera indirecta vía presupuestos del Estado.
No es casual que organizaciones campesinas que organizan a miles de pequeños campesinos genuinos en el norte y el centro argentino, como el Mocase, Mocafor, Mocami, Mnci, y otros, se hayan opuesto al lock-out agropecuario, e incluso hayan denunciado a integrantes de las 4 organizaciones agrarias convocantes de participar en el desalojo violento de comunidades campesinas de base para cultivar soja.
Los dirigentes de las organizaciones empresariales son pródigos en declaraciones demagógicas. Ahora descubrieron las bondades del “federalismo”, dicen que las ganancias extraordinarias del campo deben permanecer en el interior (provincias y pueblos) en lugar de ir a un Estado centralista derrochador. Pero su demagogia no nos engaña. Lo que quieren decir realmente es que esas ganancias se queden en el “interior” de sus bolsillos. El interior del país les importa en la medida que sus ganancias se acrecienten. Esa preocupación por el interior brilla por su ausencia en el caso de los peones rurales, explotados con los salarios más bajos del país y la mayoría trabajando “en negro”.
Por lo tanto, como socialistas, no encontramos nada de progresivo en los reclamos del “campo”.
No obstante, sí nos hemos mostrado a favor de que el gobierno diferenciara o segmentara las retenciones, para que carguen su peso sobre los grandes propietarios y los monopolios exportadores y lo alivie a los productores más pequeños. Pero llama poderosamente la atención que los dirigentes de la Federación Agraria ni siquiera levanten este reclamo tan elemental a favor de los productores más pequeños. Y mucho menos están de acuerdo con algunas concesiones ofrecidas por el gobierno, como la devolución de las retenciones móviles extraordinarias para los productores que cosechen hasta 500 toneladas de soja y/o girasol (explotaciones de hasta 150 hectáreas) o el subsidio a estos sectores de los fletes del transporte de granos hasta los puertos de embarque ¿Por qué? ¿Y por qué la Federación Agraria (FA) defiende sin vacilar su frente único con la Sociedad Rural, la CRA y Coninagro, la disminución de las retenciones para todos, chicos y grandes, las exportaciones de alimentos sin restricciones, etc.; es decir, por qué defiende los reclamos de los terratenientes y los grandes empresarios agrícolas?
Curiosamente, dirigentes de la FA, como Eduardo Buzzi, dicen en público mostrarse a favor de las políticas de nacionalizaciones de Evo Morales en Bolivia, pero en todas estas semanas no consideró conveniente exigir este mismo tipo de demandas para Argentina, y mucho menos exigir la expropiación de los terratenientes.
¿O con los “pequeños productores”, o con el gobierno?
Se nos reprocha a quienes, desde la izquierda, nos oponemos al lock-out agropecuario de colocarnos en la misma vereda que el gobierno. Nada más lejos de la realidad. Hemos denunciado la política de subvenciones del gobierno al “agro”, más de $1.000 millones anuales, que van en su mayor parte a los grandes monopolios exportadores (Cargill, Dreyfus, etc.) y a los grandes productores agroindustriales (como La Serenísima, Aceitera General Deheza, Molinos Río de La Plata, etc.). La política de retenciones del gobierno ha sido un fracaso porque no impidió en estos años subas promedio de los alimentos del 25%-30% anual. Denunciamos que el superávit fiscal (10.000 millones de dólares anuales) se dedique al pago de la deuda externa, cuando ese dinero debe destinarse a gasto social (salud, educación), a obras de infraestructuras sociales (rutas, autopistas sin peaje, cloacas), y a un sistema de transporte público moderno y eficiente (subtes, ferrocarril). Por esa misma razón nos oponemos a un proyecto faraónico, como el Tren Bala, destinado al disfrute de los ricos y a colmar la vanidad pequeñoburguesa del matrimonio Kirchner, que pretende pavonearse por América Latina para mostrar el carácter “pionero” del país en este tipo de infraestructuras.
El gobierno ni siquiera cuestiona el modelo sojero agroexportador, y lo favoreció en todos estos años. La aparente “intransigencia” del gobierno (que está deseando alcanzar un acuerdo para sacarse esta papa caliente de las manos) se explica porque si ceden a los reclamos del “campo”, la suba de precios resultante podría disparar los reclamos salariales, haciendo saltar por los aires el pacto social que tan trabajosamente anudó con la UIA y la CGT. Hay que hacer notar que la carne ya subió entre un 30% y un 50% en lo que llevamos de 2008, según el tipo de corte. Nuevas subas de precios harían insostenible el dibujo de los índices de precios del INDEC y la burocracia sindical no podría detener las demandas de los trabajadores.
Es decir, la disputa de fondo es que mientras que el gobierno trata de sostener la estabilidad social de conjunto del capitalismo argentino, al sector agroexportador no le importa desestabilizar este frágil equilibrio social para defender sus intereses de clase exclusivos.
La perfidia de la burguesía y sus medios de comunicación
Ahora vemos desarrollarse la película al revés. Aunque los grandes capitalistas apoyaron la protesta para defender las superganancias del sector agropecuario y agroindustrial y, de paso, debilitar políticamente al gobierno de Cristina, han llegado a la conclusión de que el conflicto llegó demasiado lejos y sin un final claro a la vista. Están preocupados porque la extensión de la protesta está provocando algunos cimbronazos en el conjunto de la economía que puede afectar a sus negocios. Además, aunque la protesta tuvo un eco en las zonas rurales y las ciudades medianas, no consiguió un apoyo significativo en los trabajadores de las grandes ciudades, más preocupados por el efecto del conflicto en la suba de precios que se come sus salarios, lo que podría desatar próximamente un estallido de reclamos salariales.
Por eso, medios como Clarín y La Nación giraron 180º en sus títulos de tapa para reclamar a gritos el final del lock-out. Ahora vemos el espectáculo nauseabundo de estos medios de comunicación burgueses, que durante semanas ensalzaron a los dirigentes de la Federación Agraria, como De Angeli y Buzzi, y ahora los responsabilizan por la duración del conflicto y los califican de “intransigentes” y “extremistas”. Buzzi y De Angeli les resultaron muy útiles a los terratenientes de la Sociedad Rural para ocultar sus intereses de clase en al actual conflicto, tras la pantalla del “pequeño productor” y la presencia protagónica de la Federación Agraria. Ahora ya no les resultan útiles y tratan de desacreditarlos ante el conjunto de la población. La imagen de la Sociedad Rural y la CRA quedan intactas, mientras que el desgaste del conflicto recaerá enteramente sobre la Federación Agraria y sus integrantes.
Sea cual sea el acuerdo que finalmente alcancen el gobierno y las organizaciones patronales estamos seguros de que satisfará en mayor medida a los grandes capitalistas agroindustriales que a los pequeños y medianos. Sea cual sea el acuerdo que se alcance de una cosa estaremos seguros: los trabajadores de la ciudad y el campo saldremos perdiendo. Implicará subas adicionales en los precios de los alimentos básicos y nuevos desembolsos del Estado para garantizar ganancias extras a los empresarios del campo. No detendrá la sojización del campo ni liberará al pequeño productor de las garras del gran capital agroexportador y bancario.
La pata “progresista” de la protesta del campo
Pero, se nos dice, ¿es que ustedes no apoyan los reclamos del pequeño productor? Sí los apoyamos, en tanto y en cuanto no atenten contra los intereses ni el nivel de vida de la clase obrera y sus familias, que constituimos la aplastante mayoría de la sociedad argentina. El problema es que la Federación Agraria, supuesta representante del pequeño productor, se unió a los grandes terratenientes para defender los intereses de estos últimos. Ese es el punto.
Si los dirigentes de la Federación Agraria hubieran levantado reclamos exclusivos, y hubieran roto el bloque reaccionario con la Sociedad Rural y la CRA, denunciando a éstas por pretender cabalgar sobre los reclamos de los pequeños productores, entonces sí habría motivos para creerles y habría estado justificado darles un apoyo a sus demandas y movilizaciones. Pero no fue el caso.
Lo peor es que aquellos grupos y dirigentes de izquierda que dicen defender en esta protesta exclusivamente al “pequeño productor” y que, de palabra, denuncian a los terratenientes y a la Sociedad Rural, en ningún momento han exigido a la Federación Agraria que rompa su bloque con aquélla. En ningún momento, estos compañeros han denunciado la manipulación de la protesta del campo por los grandes empresarios y la derecha.
De nada valen que estos compañeros exijan la Reforma Agraria “en general”, la expropiación de los terratenientes “en general”, cuando no exigen la ruptura del frente pequeño productor-terrateniente en lo concreto, aquí y ahora.
Estos compañeros se limitan a cargar sus tintas contra el gobierno de Kirchner, sin denunciar al mismo tiempo la demagogia de los políticos y partidos a su derecha.
Se puede y se debe pegarle al gobierno, pero de la misma manera o más fuerte aún hay que hacerlo con el enemigo de clase que, circunstancialmente, lo enfrenta, y también a la derecha que en este contexto trata de llevar agua para su molino para conseguir réditos políticos. Al no hacer esto, el kirchnerismo se permite aparecer como el campeón en el combate a la derecha y a la oligarquía, y abona el argumento demagógico y falso de que cierta izquierda es funcional a ambas.
Creemos que los compañeros en la izquierda y en la CTA que están defendiendo este tipo de posiciones políticas en el conflicto del campo, deberían reconsiderar su actitud y avanzar hacia una genuina posición de independencia de clase.
¿Por qué la Federación Agraria no rompe con la Sociedad Rural?
Después de todo lo que hemos explicado, esta es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. Si descartamos que eso se deba a la estupidez o a la incompetencia de Buzzi y De Angeli, la única explicación posible es que gran parte de los sectores que dice representar la Federación Agraria deben tener puntos de contactos, intereses y negocios comunes con los grandes terratenientes y monopolios exportadores, nacidos al calor de la división del trabajo operada en el campo argentino en los últimos 20 años, particularmente en la pampa húmeda, con la “sojización” del campo y la aparición de nuevas técnicas de cultivo y maquinarias más modernas.
Así, aparecieron grandes inversiones por medio de los llamados “pools” de siembra de semillas (fondos de inversión que agrupan a grandes capitalistas nacionales y extranjeros en la producción de granos, ya sea con tierras propias o ajenas mediante alquiler), y la venta del grano de miles de pequeños y medianos productores a grandes acopiadores, a un precio fijado según el precio internacional de la soja y el nivel de retenciones del gobierno. A mayores precios internacionales y menores retenciones, más dinero reciben esos pequeños y medianos productores por sus granos. Si es al contrario, reciben menos.
Muchos productores arriendan sus tierras a productores grandes o “pools” de siembra, con alquileres ajustados al precio final de la cosecha, donde también entran como variables los precios de exportación y las retenciones estatales. Por último, muchos pequeños productores se han convertido en subcontratistas que trabajan con sus máquinas en las tierras de otros productores para sembrarles y cosecharles el grano.
De manera que se ha formado una tupida red de intereses comunes entre los pequeños, los medianos y los grandes productores, en determinadas regiones del agro argentino, y entre éstos y los monopolios exportadores, que son los que explican esta unidad, aparentemente granítica, de todas las clases poseedoras del campo.
Hay que decir además, que tanto el primer lock-out agropecuario como este segundo, ha sido ajustado a las necesidades de siembra y cosecha de los granos. Como afirma Víctor Barbarito, director de la firma Talensur, una compañía de producción y comercialización de productos agropecuarios: “los productores están reteniendo granos porque están más relajados después del primer paro. Entregaron el grano comprometido y ahora pueden esperar” (iECO Clarín, 11 de mayo). Como se ve, el sacrificio que supone para los empresarios agropecuarios el “paro” es mínimo. Barbarito señala, además, la comunidad de intereses entre los productores de granos y los monopolios agroexportadores, algo negado hasta ahora por los dirigentes de la Federación Agraria: durante este segundo lock-out “los grandes exportadores están entregando ‘silos-bolsas’ gratis a los agricultores, para que no vendan por obligación o necesidad” (Íbid.).
De esta manera, los grandes exportadores pretenden que los productores retengan su grano lo máximo que puedan hasta forzar al gobierno a que dé marcha atrás, total o parcialmente, en las retenciones móviles y así, con retenciones más bajas, ellos puedan beneficiarse de un negocio extra estimado en 5.000 millones de dólares.
Por una alternativa independiente de clase para el campo
Ni el gobierno ni los empresarios agropecuarios tienen una solución a la anarquía de la producción agropecuaria (incremento de la producción de soja, y de grano para biocombustibles, a costa de la reducción de la producción alimentaria: carne, leche, trigo y aceites comestibles) ni, por lo tanto, a la suba de precios. Ambos defienden la propiedad privada de las grandes explotaciones, causa de la sed insaciable de ganancias de unas pocas decenas de miles de propietarios a costa de las necesidades alimentarias de millones de trabajadores.
No negamos que hay una parte importante de pequeños productores y sectores de la Federación Agraria que, potencialmente, podrían y deberían ser aliados naturales de la clase obrera y que interiormente se consideran progresistas, e incluso de izquierda. Pero estos sectores deben diferenciarse del ala derecha de la Federación Agraria y exigirle un cambio radical de política.
Lamentablemente, a toda esta confusión ayuda que, dentro del movimiento obrero, se expresen un abanico de posiciones políticas que no aciertan en desarrollar banderas de independencia de clase que agrupen tras de sí a los millones de trabajadores que padecen las subas de precios y a las decenas de miles de pequeños productores genuinos que sufren la presión despiadada de los grandes productores y el costo elevado de insumos básicos de producción (semillas, abono, máquinas, productos fitosanitarios, combustible, etc.).
La CGT va detrás del gobierno y alguno de sus integrantes detrás de los terratenientes. La CTA está fracturada con un sector, minoritario, junto al gobierno y otro (De Gennaro, Michelis, Lozano) que expresa un cierto grado de confusión, mostrando simpatías hacia la Federación Agraria y con una posición ambigua hacia el lock-out agropecuario. También hay que señalar que existen seccionales del interior que han tenido una clara posición en defensa de los trabajadores de la ciudad y el campo.
Las organizaciones sindicales, particularmente las seccionales y regionales, deberían organizar asambleas democráticas en las ciudades y pueblos, abiertas a los pequeños productores genuinos, para forjar una verdadera alianza de los de abajo contra los grandes propietarios y la política del gobierno. Hay que responder a la demagogia de los grandes empresarios y la derecha con movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el lock-out agropecuario, y establecer comités populares de abasto para garantizar el abastecimiento y frenar las subas de precios.
Sólo un programa socialista que incluya, en primer lugar, las demandas de la clase obrera de la ciudad y el campo, y las demandas más progresivas del pequeño agricultor pueden cortar de raíz el bloque reaccionario en el campo que ata al pequeños productor, y a sectores de la clase obrera del interior, tras los reclamos de los ricos y los grandes capitalistas agropecuarios.
A la demanda clásica de expropiación de los terratenientes y de la gran propiedad (el 80% de la tierra cultivable en Argentina), debemos sumar la nacionalización de los monopolios agroexportadores y de las redes de comercialización que se comen gran parte de la renta agraria del pequeño productor.
Para abaratar insumos básicos como semillas, abonos y productos fitosanitarios debemos exigir la nacionalización de los monopolios agroindustriales; también la nacionalización de la Banca permitiría otorgar créditos baratos a un interés mínimo para trabajadores y pequeños productores.
Todo esto permitiría, además, la integración de los pequeños productores en unidades de producción más grandes por medio de la creación de cooperativas de producción agropecuarias, estrechamente asociadas a un plan nacional de producción con la gran propiedad territorial e industrial en manos de un Estado controlado por los trabajadores en interés de la mayoría de la sociedad.
