Gobierno PSOE-Unidas Podemos: cómo hacer que cumpla su programa y cómo enfrentarnos a las provocaciones de la derecha

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La investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno abrirá paso al primer gobierno de coalición en España desde 1936. Entonces, como hoy, también era un gobierno de izquierdas. Sánchez fue elegido de la manera más agónica imaginable, con apenas dos votos de diferencia. Esto es una expresión de la polarización extrema y del profundo abismo que separa hoy a la izquierda y a la derecha españolas, de un alcance no visto, precisamente, desde la II República, a la que se hicieron numerosas referencias durante el debate de investidura. Y eso no fue una casualidad.

Ni siquiera en los turbulentos y dramáticos años de la Transición se vivió una polarización tal a derecha e izquierda, aunque sólo fuera porque entonces las direcciones del PCE y del PSOE se empeñaron en frenar las aspiraciones revolucionarias de la clase trabajadora, en “tender puentes” y en trenzar un acuerdo espurio con los herederos del régimen franquista que dio paso al régimen y a la Constitución del 78.

Ahora, como en 1936, reviven idéntica polarización y estructura de bloques: la izquierda y la derecha, sin un centro político amortiguador, así como reviven los mismos viejos demonios de la historia española contemporánea. De un lado, la esperanza de millones en una sociedad justa, democrática e igualitaria, y las aspiraciones democráticas irresueltas de las nacionalidades históricas; del otro, el atraso, la decadencia cultural e  intelectual ahumada por el incienso tóxico de cuartel y sacristía, el centralismo arrogante, el aparato reaccionario de militares, jueces y policías, la monarquía decrépita, el ejército de sotanas y, sosteniendo todos sus hilos, la oligarquía parásita de las 100 familias.

En los días previos a la investidura, se llamó abiertamente a un golpe de Estado para impedir la elección de Sánchez. Así lo hizo el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Palma, el general retirado Fulgencio Coll, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de 2008 a 2012, quien llamó aplicar el Artículo 8º de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En el mismo sentido se expresó un eurodiputado de Vox, ese reaccionario compulsivo llamado Herman Tertsch.

La Iglesia puso de su parte. El reaccionario cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, llamó a “rezar por España”, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, mostró su “inquietud” y demandó “estar muy alerta” si Sánchez era investido.

En una campaña orquestada de miles de correos electrónicos, mensajes de whatsapp, llamadas telefónicas y pintadas en pueblos y barrios de diputados socialistas y del  diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, favorable a investir a Sánchez, se profirieron las amenazas e insultos más desvergonzados y vejatorios para forzar un cambio en el voto de estos diputados. La propia dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamó implícitamente cobardes a los miembros de la bancada socialista y les instó a cambiar de voto.

En un lenguaje calcado de la Guerra Civil los dirigentes de la derecha: Casado, Abascal y Arrimadas, calificaron durante el debate parlamentario a los diputados de la izquierda y a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos de representar la “Anti-España”, de “enemigos de la patria”,  de “separatistas” y “comunistas”, y al gobierno PSOE-Unidas Podemos de “ilegítimo”. Avisaron de que estaba en peligro la monarquía, que “España se rompe” y avivaron en diversas ocasiones a sus huestes, como si estuvieran en un cuartel, con gritos de “Viva España” y “Viva el Rey”.

Los diputados independentistas de Bildu y ERC recibieron durante sus intervenciones los insultos más soeces desde las filas de la derecha: “asesinos”, “terroristas”, “hija de puta”, “muérete”, etc.

En la víspera de la primera jornada de investidura del sábado 4 de enero, el aparato judicial a través de la Junta Electoral Central calentó el ambiente con una resolución que excedía sus atribuciones y que planteaba el cese como eurodiputado de Oriol Junqueras, contraviniendo la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, y el cese de Quim Torra como diputado del Parlament y como President de la Generalitat, tras su condena no firme de inhabilitación por un año –en otra medida antidemocrática- del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya. Se trataba de dinamitar el acuerdo entre PSOE y ERC y que esta última cambiara su voto de abstención por el No a Sánchez.

Por supuesto, ya en las semanas previas la patronal se esforzó en presentar el acuerdo PSOE-Unidas Podemos como una catástrofe económica.

Así todas las fuerzas de la reacción se coaligaron para tratar de impedir por medios legales y alegales, parlamentarios y extraparlamentarios, la formación del gobierno de coalición PSOE-UP.

¿De quién es “España”?

Desde la tribuna parlamentaria, los dirigentes del PSOE y de UP, reprocharon a la derecha querer apropiarse de “España” y de las instituciones del Estado. En realidad, este reproche carece de fundamento. Efectivamente, España es suya. El Ibex35, las 100 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, y las 100 familias de la oligarquía que componen el grueso del accionariado de todas estas entidades, controlan no menos del 83% del PIB y de la riqueza del país. Contra lo que piensan los ingenuos e incautos en la pequeña burguesía y en sectores atrasados de la clase trabajadora, que cayeron estos años en la telaraña del nacionalismo españolista anticatalán, España no les pertenece ni una pulgada. La España por la que suspiran es la de aquellos otros. Todas las altas instituciones del Estado: judicatura, oficialidad del ejército, mandos policiales, Alta Administración y cuerpo diplomático, se reclutan casi sin excepción de entre la burguesía y las capas adineradas de la pequeña burguesía. Por no hablar de la familia Borbón. El Estado, como institución, es suyo. Y están dispuestos –aun siendo una minoría muy pequeña de la sociedad– a defender sus privilegios, intereses y riquezas con no menos determinación y arrogancia que 40 u 80 años atrás. De ahí la brutalidad, soberbia y violencia de su lenguaje y actitudes.

Una cosa relevante del debate es que el extremismo de la derecha obligó a los portavoces del PSOE y UP, quizás contra su voluntad inicial, y particularmente a la portavoz socialista Adriana Lastra, a afirmar el carácter “de izquierda” del nuevo gobierno y a responder en líneas de clase con una firmeza y radicalidad no vista en un representante del PSOE en el Congreso, desde los años 70; haciendo referencia a las raíces franquistas del PP y alentando a mandar a Vox “al basurero de la historia”, mencionando que entre sus diputados existen “explotadores”.

En las filas independentistas, frente al discurso estrictamente nacionalista de la representante de Junts per Cat (Puigdemont), Laura Borràs, quien se limitó a justificar su No a Sánchez por su complicidad en la represión al movimiento democrático en Catalunya y por oponerse al derecho de autodeterminación, la izquierda independentista de ERC (específicamente, en el caso de Rufián), EH Bildu, BNG y CUP (pese al voto negativo de esta última) incidieron en mostrar su solidaridad de clase con el resto de la clase trabajadora del Estado y se comprometieron a apoyar las medidas progresistas sociales y democráticas que impulsase el futuro gobierno de Sánchez. 

Cómo hacer que el gobierno cumpla con su programa

Sin duda, una mayoría sustancial en el país –en particular en la clase trabajadora, la juventud, y los sectores y capas oprimidos– ven a este gobierno como suyo o con una amplia simpatía. Está, por un lado, el rechazo y repulsión a la derecha y la ultraderecha, y por otro existen innegables expectativas en que las cosas pueden y deben mejorar con el nuevo gobierno. Nuestra posición ante el nuevo gobierno ya fue expresada en sendas declaraciones que emitimos después de las elecciones del 10N (ver 1 y 2) y no vamos insistir en lo que manifestamos entonces. Lo que nos interesa es analizar el programa de gobierno presentado, cómo asegurar que se cumpla lo prometido, y qué perspectivas se abren, a corto y medio plazo.

El programa de gobierno, hecho público el pasado 30 de diciembre, contiene propuestas cuyas líneas generales ya fueron presentadas en el acuerdo de gobierno Sánchez-Iglesias del 12 de noviembre, y que son un desarrollo del fallido acuerdo de los presupuestos de 2019. Hay varias medidas concretas muy positivas, otras se quedan muy cortas, y una gran cantidad de otras son de carácter vago o de buenas intenciones, sin concretar.

Se plantea una derogación parcial de la Reforma Laboral del PP (continuidad de los convenios hasta que se firme uno nuevo, eliminación del despido por baja laboral, prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, y “revisar” las causas de despido por causas económicas, técnicas y de organización, y las causas de descuelgue del una empresa del convenio firmado). Nada se dice de revertir las indemnizaciones por despido de 33 a 20 días por año trabajado. Habrá un mayor control en la proliferación de contratos temporales y contra los “falsos autónomos”. Se compromete a subir el salario mínimo “progresivamente” hasta alcanzar el 60% del salario medio, alrededor de 1.200 euros hoy.

Se propone derogar la “Ley Mordaza” y sustituirla por una nueva ley de seguridad ciudadana sin especificar si habrá puntos de la actual ley que permanecerán. Se derogaría la reaccionaria ley educativa LOMCE y la Religión pasaría a carecer de validez académica y no se subvencionarían los centros que segreguen por sexo. Se habla de introducir modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, pero no se avanza contra los privilegios de la Iglesia (pago del IBI e impuesto de sociedades, denuncia del Concordato de 1979, pago de los profesores de Religión por el Estado, etc.).

Una medida destacada es la actualización de las pensiones con el IPC por ley, aunque se añade una frase ambigua: “siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”. En el terreno educativo se habla de “universalizar la educación de 0 a 3 años” pero no de su carácter obligatorio, público y gratuito, y sólo se compromete a  una “oferta suficiente de plazas”. El compromiso de destinar el 5% del PIB a educación “para 2025” es demagógico, porque es un compromiso que cae fuera de la legislatura actual que terminaría a fines de 2023. También son vagos los compromisos de derogar “progresivamente” los copagos farmacéuticos, aunque se restituye la universalización de la atención sanitaria para cualquier residente, esté o no en situación legal. También se anuncia un incremento en el gasto destinado a luchar contra la violencia machista y mayores medidas de apoyo para las víctimas.

En cuestión de vivienda, los compromisos son parcos: facultar a ayuntamientos y comunidades autónomas a establecer un tope de alquiler en algunos barrios, liberar suelo público “disponible” para vivienda social (¿Cuánto? ¿Qué proyección de construcción anual?), alternativa habitacional en casos de desahucio “en determinadas  condiciones”, orientar el fondo de viviendas del SAREB al alquiler social, etc. 

También hay medidas limitadas para abaratar el coste de la luz, como reducir la tarifación de la parte fija e incrementar la parte del consumo real, intervenir el mercado de subastas energéticas, etc.

Se planteará un tipo del 15% efectivo para el impuesto de sociedades e incrementar el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, lo que en el mejor de los casos supondrá un incremento de recaudación de impuestos de unos 4.000-5.000 millones de euros, y se adaptará la cuota a los autónomos al ingreso real declarado. Pero lo fundamental en este punto es que el gobierno se compromete a acatar la política fiscal y el tope del gasto que fije la UE, de manera que el gobierno parte de una capacidad financiera limitada para abordar un plan de inversiones públicas y de gasto social que colme las necesidades existentes.

Por último, en Memoria Histórica sí hay un compromiso claro de rescatar de las cunetas los restos de las víctimas del franquismo y, lo que es interesante e importante, si realmente se llevara a cabo, una auditoría para conocer la expoliación de los bienes arrebatados a las víctimas del franquismo para que sean devueltos a sus familiares.

Independientemente del alcance de este programa, que el propio Pablo Iglesias ha reconocido como “moderado”, lo fundamental es cómo garantizar que lo comprometido se lleve a cabo y lo no comprometido, pero que es necesario para asegurar condiciones de vida dignas para las familias obreras en materia de vivienda, empleo y gasto social, se imponga a la agenda del gobierno. Y la única manera es la presión social y la movilización más extensa posible en la calle. No para dentro de unos meses a la espera de ver si el nuevo gobierno cumple, sino desde ahora. Los sindicatos no pueden aceptar sin más, una derogación “parcial” de la reforma laboral, sino su derogación integral y deben movilizar ya acorde con este objetivo. Hay que organizar ya la lucha contra las empresas de servicios que subcontratan mano de obra barata y precaria dentro de la misma empresa matriz. Las asociaciones de afectados por la hipoteca y de inquilinos deben reimpulsar la lucha por la vivienda pública y el cese de los desahucios. Los jubilados deben mantener la presión hasta que se haga efectivo el compromiso de “blindar” legalmente las pensiones. Además, tal como ha reclamado el movimiento en lucha, hay que presionar para subir drásticamente las pensiones de viudedad, ahora míseras. La juventud estudiantil debe poner en pie un programa de movilizaciones para exigir la gratuidad de la Universidad pública. Las asociaciones de derechos humanos y la izquierda en general deben exigir que ningún derecho sea cercenado, ningún avance represivo posterior a 2011 quede incorporado en la nueva ley de seguridad ciudadana, y exigir que se anulen todos los cargos de las personas actualmente encausadas por la Ley Mordaza, y extender sus reivindicaciones a la derogación de la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Las asociaciones de la memoria histórica deben exigir ya al gobierno plazos concretos para retomar a gran escala el desenterramiento de nuestros muertos y la puesta en pie de la auditoría de los bienes expoliados por los franquistas, así como la publicación inmediata de los bienes inmatriculados fraudulentamente por la Iglesia. ¡Que el gobierno cumpla su propio programa, ampliado con las necesidades más acuciantes de las familias trabajadoras!

Tras la moción de censura de mayo de 2018, Sánchez se escudaba en que la izquierda no tenía mayoría en el parlamento para derogar todas las reformas reaccionarias del PP y que dependía del PNV para alcanzar dicha mayoría, lo cual limitaba el alcance de las propuestas progresistas, ante el rechazo del PNV a derogar toda la reforma laboral y toda la ley mordaza, entre otras leyes reaccionarias. Bien, hoy la izquierda (estatal y nacionalista) tiene una mayoría sólida en el Congreso de 180 diputados, No hay excusas para no avanzar decididamente contra toda la legislación reaccionaria pasada del PP y para conquistar nuevos avances progresistas.

El acuerdo PSOE-ERC

Sin duda, uno de los aspectos centrales de la investidura fue el acuerdo al que llegaron PSOE y ERC para encauzar el “conflicto político” catalán y avanzar en su resolución. La derecha ha organizado un tremendo alboroto sobre esto. Pero si se analiza en detalle, este acuerdo no compromete a nada en concreto. Simplemente califica de “político” el conflicto, lo cual es una obviedad y sirve como una concesión al independentismo, y establece la creación de una “mesa de diálogo” que alcanzará una serie de conclusiones y propuestas que serán sometidas a consulta entre la población catalana. Es claro que si hay un “conflicto político” en Catalunya respecto a su relación con el resto del Estado, debe ser la población catalana quien decida sobre ello por una consideración democrática elemental. En realidad, es ERC la que más arriesga, ya que un diálogo entre dos implica acuerdos por consenso y está descartado que Sánchez acepte cualquier insinuación de referéndum de autodeterminación, incluso aunque solo sea bajo el paraguas de una “consulta”.

Rufián, pese a los pasajes más ásperos de su discurso contra Sánchez en el debate de la investidura, quiso tranquilizar al Estado al renunciar expresamente a la llamada “unilateralidad” diciendo que la independencia de Catalunya no puede imponerse con un 50% de apoyo y que rechaza cualquier idea de “violencia” para conseguirla. Sí fue más explícito al reclamar la amnistía para los presos del “Procés”, y esto sin duda será una parte destacada de la negociación en dicha “mesa de diálogo”.

Nosotros estamos a favor de la amnistía, pero creemos que la manera más efectiva de presionar y crear el clima adecuado para hacerla efectiva es con la movilización social más amplia posible, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Ante la pérdida de autoridad social de la justicia española ante los reveses sufridos en Europa y, sin duda, ante la mayor simpatía fuera de Catalunya hacia esta demanda ahora, al identificar la base electoral de la izquierda española a ERC como un “aliado” en la investidura del nuevo gobierno, esta campaña podría alcanzar una base de masas estimable en todo el Estado para forzar a Sánchez a decretar dicha amnistía.

UP y demás sectores a la izquierda del PSOE pueden aprovechar esta campaña para agitar nuevamente a favor del derecho a decidir y tratar de revertir el clima de chovinismo españolista que aún perdura incluso en capas importantes de trabajadores y sectores empobrecidos de la clase media española.

Por lo demás, no depositamos grandes esperanzas en las conclusiones de esta “mesa de diálogo” en lo referente a este punto, pues el derecho de autodeterminación, como la lucha por una república democrática, son tareas revolucionarias que están vinculadas en ambos lados del río Ebro al derrocamiento del régimen monárquico español, cuyas condiciones están madurando lentamente y que podrían acelerarse en los años inmediatamente venideros.

Una legislatura tormentosa

El nuevo gobierno PSOE-UP estará sometido a la presión de fuerzas telúricas. Si le flaquean las piernas, si se aboga a una política de medias tintas sin resolver los principales problemas sociales y democráticos pendientes, si carece de la firmeza y valentía para enfrentarse a los poderosas y resistir su presión, si carece de la confianza necesaria en la clase trabajadora y vacila en movilizarla masivamente, eso frustraría las expectativas creadas e iniciaría el camino de su declive y aislamiento, lo que precipitaría un giro a la derecha en la sociedad ante el desencanto producido en millones de trabajadores, que lo llevaría a la derrota.

Al final, el gran capital podría recurrir al boicot económico para tratar de poner de rodillas al gobierno, particularmente si la desaceleración económica, como es probable, se acentúa y reduce los márgenes de ganancia. El gobierno, apoyándose en la clase obrera, estará obligado a atacar los intereses de la clase capitalista y avanzar en políticas de nacionalizaciones, o someterse ante ésta.

Lo que es indudable es que la derecha pasará a la acción desde el primer día. Vox ya ha convocado concentraciones reaccionarias este domingo 12 de enero contra el nuevo gobierno. PSOE y UP no pueden quedarse atrás, deben llamar a movilizaciones de masas desde los barrios y pueblos, dos veces, tres veces más numerosas que la derecha, para mostrarle los puños. ¡No pasarán! debe ser nuevamente el grito de guerra. La pequeña burguesía, la base fundamental de la derecha, es inconsistente y voluble, ante una movilización de millones de trabajadores, la fuerza aparente de cientos de miles de pequeños propietarios y empleados reaccionarios, se quebraría como un cristal.

Igualmente, la derecha utilizará el aparato del Estado para torpedear las reformas progresistas del gobierno: el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, etc. donde la derecha ha atrincherado en los últimos años a sus fieles. Cada auto judicial reaccionario de estos tribunales, debe ser acompañado igualmente de protestas de masas, que sirvan para desenmascararlos como agentes de la reacción, como organismos ilegítimos no sometidos a control popular alguno.

El microclima de histeria “a la venezolana” en la pequeña burguesía reaccionaria, desconectado del ambiente real en los barrios y zonas obreras, puede llevar a este sector, a Vox y al PP, a impulsar políticas aventureras en las calles y dentro del aparato del Estado que podrían desatar una respuesta popular contundente de consecuencias imprevisibles

Un horizonte revolucionario

Hay que estar atentos al papel del monarca. Pablo Iglesias y Aitor Esteban, del PNV, estaban en lo cierto cuando señalaron en el debate de investidura el peligro que representa para la monarquía aparecer asociada a los ojos del pueblo al lado de la derecha franquista, como son el PP, Vox y Ciudadanos. Como en 1868 y en 1931, representa un peligro mortal para los Borbones aparecer como la cúspide coronada de la reacción y de la injusticia en momentos de aguda crisis social. Pero, como suele decirse, los Borbones ni aprenden nada ni olvidan nada. Felipe VI se ha dejado querer por la derecha y la reacción, prácticamente desde su entronización. Fue empujado por la clase dominante, ante la falta de autoridad de sus representantes políticos, a levantar la porra contra el movimiento democrático catalán. Su falta de empatía y su carácter exterior arrogante y distante no le ayudan para conectar con las masas de la población. Y toda la situación, y la carencia de dirigentes en la derecha con autoridad, empujarán más y más a Felipe VI a ampliar su papel de Bonaparte. Y da la impresión de que no le disgusta este papel, sobre todo al percibir el servilismo que le rodea, no sólo entre la derecha sino entre los dirigentes del PSOE. Desprestigio de la monarquía, república y revolución van inseparablemente unidas en la historia española contemporánea.

Aparecen dibujados ya los perfiles que adquirirán, a medio y largo plazo, los desarrollos futuros de la lucha de clases y democrática en el Estado español: incremento del papel bonapartista de la monarquía, insolencia reaccionaria del aparato del Estado y de la jerarquía eclesiástica, codicia irrefrenable de la oligarquía económica. Como en vísperas de los años 30, la clase trabajadora debe prepararse para acontecimientos revolucionarios decisivos que deben conducir a una república democrática y al socialismo, la base para establecer una federación voluntaria de repúblicas socialistas ibéricas. Hoy, la clase trabajadora, es mil veces más fuerte que hace 90 años y las bases de la reacción, a pesar de todo el ruido que hacen, son mucho más débiles. Debemos estar alerta para que estos acontecimientos no nos tomen de improviso.