Al enviar este número de Revolution a imprenta, Macron aún no ha nombrado al próximo huésped del Hôtel Matignon. Se ha limitado a descartar abiertamente la propuesta del Nuevo Frente Popular (NFP). Pero a partir de ahora, la identidad del próximo Primer Ministro tiene poca importancia a la hora de analizar la situación política y sus perspectivas.
Quien venga sea del «centro-derecha», del «centro-izquierda» o de otro sitio no cambiará la orientación fundamental de su programa, que será austeridad y, por supuesto, racismo. Recordemos que Elisabeth Borne vino de la «izquierda», lo que no le impidió encabezar la última ofensiva contra nuestras pensiones, y luego aprobar una «ley de inmigración» dictada por Marine Le Pen.
Para analizar el caos parlamentario que se avecina, hay que partir de sus premisas generales. Como hemos subrayado en muchas ocasiones, la decadencia del capitalismo francés -en relación con otras potencias imperialistas- es tal que la burguesía necesita urgente y objetivamente drásticas contrarreformas en todos los ámbitos de la vida económica y social. Esta es la razón central para rechazar la candidatura de Lucie Castets, cuyo programa oficial -el del NFP- es ciertamente muy moderado, pero contiene una serie de medidas progresistas de las que la burguesía francesa no quiere oír hablar.
Como escribía Guillaume Tabard en Le Figaro el 26 de agosto: «Una cosa es que [Macron] reconozca que ha perdido las elecciones legislativas; otra, que permita que se ponga en marcha una política que, sobre todo en el plano económico, desharía lo que ha puesto en marcha pacientemente, y a menudo con demasiada timidez, durante los últimos siete años.» Ese es un resumen bastante bueno del punto de vista de la clase dominante: exige la continuación e intensificación de las políticas reaccionarias – «demasiado tímidamente» reaccionarias, a sus ojos- de los gobiernos presididos por Macron desde 2017.
Crisis de régimen
Esta es, pues, la misión del próximo gobierno: transferir el peso de la crisis del capitalismo francés sobre las espaldas de los jóvenes, los trabajadores, los desempleados y los pensionistas. Sin embargo, la burguesía se enfrenta a un gran problema: la profunda crisis de su régimen y la nueva composición de la Asamblea Nacional hacen muy difícil aplicar las contrarreformas y los recortes presupuestarios que necesita.
Ninguna mayoría absoluta puede salir del Palacio Borbón. Sea quien sea, el próximo gobierno tendrá que apoyarse, en el mejor de los casos, en un andamiaje inestable de pactos y compromisos contradictorios, es decir, en una «coalición» inestable y cambiante, susceptible de ser barrida a la primera sacudida grave. Habrá muchos sobresaltos en las noticias. Por ejemplo, la cuestión de la deuda pública, ya de por sí candente, se volvería explosiva en el caso, cada vez más amenazador, de una nueva recesión.
Pero éste sigue siendo el escenario más «estable», porque el andamiaje en cuestión, si consigue construirse, podría derrumbarse rápidamente bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Y en cualquier caso, el caos parlamentario seguirá socavando lo que queda de la autoridad del Jefe del Estado, cuya dimisión será reclamada por un número creciente de voces -de izquierda, pero también de derecha.
¡Movilización general!
La negativa a nombrar a Lucie Castets en Matignon ha sido calificada de «escándalo democrático» por los dirigentes del NFP. Macron pisotea claramente el «espíritu» de la Constitución. Pero recordemos en esta ocasión que desde el punto de vista de los intereses de la masa de los explotados y oprimidos, la democracia burguesa es básicamente un escándalo permanente. Por ejemplo, en el primer semestre de 2023, el gobierno «democrático» impuso la contrarreforma de las pensiones contra la voluntad – atestiguada por todas las encuestas – del 90% de los asalariados del país. Como escribió Lenin en 1919: «la más democrática de las repúblicas burguesas no puede ser otra cosa que una máquina de oprimir a la clase obrera en beneficio de la burguesía, a la masa de los trabajadores en beneficio de un puñado de capitalistas.»
Los dirigentes de France Insoumise (FI) están iniciando procedimientos formales para destituir al jefe del Estado. Al mismo tiempo, están convocando manifestaciones el 7 de septiembre para protestar contra las maniobras de Macron y obligarle a nombrar a Lucie Castets para Matignon.
Hablemos de los aspectos positivos de estas iniciativas. Sí, por supuesto, Macron debe ser despedido. Y sí, las movilizaciones extraparlamentarias -en las calles- son esenciales. Pero hay que ir más allá: solo un movimiento extremadamente poderoso de jóvenes y trabajadores podrá poner freno a las políticas antisociales exigidas por la burguesía.
Esto también sería cierto si Lucie Castets fuera nombrada Matignon, porque entonces ocurriría una de dos cosas: o sería inmediatamente derrocada por una moción de censura, o sólo podría mantener su posición abandonando las medidas progresistas del programa del NFP. Cualquier otra perspectiva -como la del apoyo de Macron a las medidas progresistas del programa del NFP- es una ficción peligrosa, porque desvía al movimiento obrero del único camino que le interesa: una poderosa intensificación de la lucha de clases.
Lo hemos dicho una y otra vez desde el 7 de julio: los jóvenes y los trabajadores no tienen nada bueno que esperar de la nueva Asamblea Nacional. Para defender sus condiciones de vida y de estudio, sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y en las de sus organizaciones. Sin embargo, reconozcámoslo: los dirigentes de las principales organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero no quieren desarrollar la lucha más allá de cierto punto. Su estrategia -cautelosa, moderada, conciliadora y, por tanto, impotente- refleja su programa reformista, que no contempla ni por un momento expropiar a la gran burguesía del país.
Un ejemplo entre muchos: el 28 de agosto, la secretaria general de la CGT (La Confederación General del Trabajo) , Sophie Binet, declaró que su organización no convocaba manifestaciones junto a la FI el 7 de septiembre, pero que sin embargo esperaba que la movilización tuviera «éxito», porque consideraba «inaceptable» el «golpe de fuerza» de Macron. Al leer semejante declaración, muchos trabajadores se harán la siguiente pregunta: si Sophie Binet desea realmente que la manifestación del 7 de septiembre sea un éxito, ¿por qué no contribuye a ello movilizando a la confederación sindical más poderosa y combativa del país? Para responder de antemano a esta simple y clara objeción, la Secretaria General de la CGT suelta sus habituales abstracciones sobre la diferencia entre «lucha política» y «respuesta social». Pero esto no es más que una cortina de humo, un pretexto para la pasividad. La verdad es que Sophie Binet y sus camaradas de la cúpula de la CGT quieren mantener las mejores relaciones posibles con los políticos burgueses. Y para ello, los dirigentes de la CGT tienen que intentar calmar las cosas, por así decirlo, y contentarse, por tanto, con programar una de esas inofensivas «movilizaciones», uno de esos paseos rutinarios llamados «jornada de acción interprofesional». Al mismo tiempo que declinaba el llamamiento a manifestarse el 7 de septiembre, Sophie Binet anunciaba una «jornada de acción» para el 1 de octubre, entre los aplausos silenciosos de la burguesía.
El problema que acabamos de señalar no es nuevo. En cierto sentido, es la contradicción central de la situación política y social: por un lado, la cólera de millones de explotados y oprimidos no deja de aumentar en el país, como han demostrado los resultados de las elecciones legislativas; pero, por otro, los dirigentes oficiales del movimiento obrero hacen todo lo posible por confinar la expresión de esa cólera dentro de límites aceptables para la clase dominante. Tarde o temprano, esta contradicción estallará en forma de poderosas movilizaciones que escaparán al control de las direcciones políticas y sindicales de los trabajadores. Una cosa es cierta: en el contexto de la brutal aceleración de la crisis del régimen, el momento de esa explosión social se acerca rápidamente.
