¡Derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida! ¡No a la impunidad!
¡Derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida! ¡No a la impunidad!
El ex-represor y genocida Ricardo Miguel Cavallo fue extraditado por México a España, atendiendo a un reclamo del juez español Baltasar Garzón, que investiga la desparición de ciudadanos españoles durante la última dictadura militar argentina. Cavallo será juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo. Es la primera vez que un militar argentino es extraditado para ser juzgado por el delito de violaciones a los derechos humanos.
Cavallo fue capitán de corbeta durante la dictadura militar del 76. Integró el grupo de Inteligencia de la ESMA, fue miembro del Grupo de Tareas 3 y un torturador destacado en aquellos años. Después de la dictadura fue juzgado por la Cámara Federal el 6 de abril de 1987 y, como tantos otros genocidas y torturadores, fue absuelto.
Luego se marchó a México donde se convirtió en un respetable hombre de negocios como director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México, hasta que hace un año fue reconocido por algunas de sus víctimas, denunciado y detenido.
Este siniestro personaje no sólo estuvo implicado en detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos, sino que se lucró despojando a sus víctimas de sus propiedades, forzándolos a firmar documentos para que le transfirieran el dinero de sus cuentas y la propiedad de sus viviendas y pertenencias.
Esta extradición sienta jurisprudencia y abre una vía para que otros genocidas y represores puedan ser juzgados por estos delitos, lo que ha puesto muy nerviosa a la casta de oficiales del ejército argentino que todavía no respondieron por sus crímenes tras los cobardes y vergonzosos indultos que los beneficiaron gracias a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El gobierno Kirchner dice que está estudiando la posibilidad de derogar un decreto firmado por De la Rúa por el que el Estado argentino prohibía la extradición de militares argentinos reclamados en el extranjero.
Desde el campo obrero y popular debemos movilizarnos para presionar y exigir al gobierno Kirchner no sólo que derogue ese infame decreto, sino también para que el gobierno y la Corte Suprema deroguen las igualmente infames leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y así conseguir que, aun con la justicia burguesa, los criminales respondan ante sus crímenes y víctimas y paguen con la cárcel por eso, hasta que se den las condiciones para que una verdadera justicia popular ajuste definitivamente las cuentas con ellos
