Si el peronismo con todas sus aristas y planos especulares que lo atraviesan, ha sido complejo de definir por la historia contemporánea; complejo lo es también el kirchnerismo como subproducto de raíz peronista de centro-izquierda resultante de las movilizaciones y luchas populares del 2001-03. Definir lo que es el kirchnerismo en las provincias del norte de la Argentina es muy intrincado, pues es en éste ámbito donde las dirigencias oligárquicas han mantenido aceitadas relaciones clericales, han acentuado la penetración de las multinacionales de los agronegocios, minería e intereses de petroleras extranjeras en los entes estatales; han procurado acallar la demanda y luchas sociales por la tenencia de la tierra, salud pública, agua, transporte y fueron aún más lejos, concentrando más el territorio y los activos provinciales en pocas manos.
Estos conservadurismos regionales se mantuvieron estables, y para esto mostraron cierta plasticidad cursorial y adaptabilidad a estos últimos años –para reciclarse- aglutinando el colectivo social y siendo consecuentes en algunos tópicos con el progresismo nacional y las reivindicaciones sociales que han trascendido, y que definen en cierta forma al kirchnerismo.
Tucumán, como provincia con una economía regional fuerte, y San Miguel de Tucumán como ciudad grande que es, no han sido la excepción a esta construcción dialéctica del Estado, con visos de neocolonialismo.
Denuncias de fraude electoral: una constante tucumana con sus variables dependientes
Es Tucumán la mayor economía del norte argentino, con alrededor del 2,1 % del producto interno bruto del país. Es también, con sus enmarañados grupos de poder, constituidos desde los Ingenios Azucareros, los monocultivos de oleaginosas y variedades de horticultura, la industria agro-forestal, alimenticia; y los fuertes vínculos entre actividad privada, jueces y dirigencia política: un punto caliente electoralmente. Un punto caliente, donde el entrecruzamiento de todos estos factores adquiere gran significante para legitimar y establecer una dirigencia política, o caso contrario, deslegitimarla, tornándola ingrávida políticamente y dificultando su gobernabilidad.
El 14 de septiembre pasado, el escrutinio definitivo de las elecciones generales llevadas a cabo un día anterior en la provincia, dieron como ganador al candidato a gobernador por el Frente para la Victoria: Juan Manzur, con el 51,6 % de los votos. Mientras que la fórmula de Acuerdo por el Bicentenario, que llevaba al aspirante José Cano, quedó en segundo lugar con el 39,94 %. En tercer lugar con el 3%, se ubicó el partido Fuerza Republicana, del ultra-derechista Ricardo Bussi-hijo del genocida y gobernador de la dictadura cívico-militar: Antonio Bussi.
Como había acontecido anteriormente en la provincia de Salta, la oposición en Tucumán -en voz, del candidato Cano- había anticipado que no reconocería el resultado electoral, luego de haber explayado la sombra del fraude desde los comicios primarios del 23 de agosto. Estos intentos de deslegitimación, de manipulación tendenciosa de la opinión pública y golpismo institucional, llevan a los grupos fácticos de poder a irrumpir y desnaturalizar el proceso electoral. Todo esto, acompañado de quema de cuarenta urnas, tiroteos y el enrarecimiento premeditado del acto. La consiguiente judicialización del resultado de la elección, sacudió más el clima político provincial. Unidireccionalmente, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán terminó desestimando el planteo de fraude, y validó las elecciones.
Sin embargo en las dos últimas décadas, hay varios antecedentes de denuncias generalizadas de irregularidades en las elecciones de la provincia. Aunque en esta ocasión las maniobras de desestabilización aparecen ligadas un ardid de desgaste enmarcado en la campaña presidencial de octubre. Utilizando el terrorismo mediático y a sus títeres políticos Macri, Massa y Stolbizer, los sectores más rancios de la burguesía intentan generar un ambiente de desorden social en la provincia para que se extienda al resto del país, y afectar las posibilidades electorales del kirchnerismo. En 2003, José Alperovich resultaba electo gobernador por el Frente para La Victoria. Durante los 3 períodos que Alperovich fuera gobernador, la irrigación de políticas nacionales a la provincia, la obra pública y las reivindicaciones sociales han improntado un dinamismo progresista. Cierto desarrollo en líneas capitalistas sumado a las mencionadas políticas nacionales fueron las que produjeron una mejora relativa en la calidad de vida de los tucumanos, es esto lo que explica en un punto el triunfo del candidato del Frente Para la Victoria Todo esto, en un Tucumán que previo al advenimiento del kirchnerismo, pendulaba entre los peronismos de centro-derecha, el neoliberalismo y la recalcitrante ultra-derecha con resabios vivaces de la última dictadura.
En la actual coyuntura política post-Alperovich, aún se arraigan a la democracia tucumana las hifas del narcotráfico, la trata de personas y sus vínculos poco esclarecidos con el poder político y judicial.
El Norte Grande: un futuro de acentuación neoliberal
No cabe duda, que el futuro del Norte Grande de Argentina, y de Tucumán en particular, se encuentra traccionado intensamente entre quienes plantean un desarrollismo-altamente extractivista (esto es, álgido neoliberalismo) o la marginalización de sus economías regionales y la cesión de territorios a capitales extranjeros. Consecuente esta visión neoliberal, con el fuerte deterioro socio-ambiental de la región.
Sin lugar a dudas, el futuro político de Argentina está enraizado a la crisis mundial capitalista de 2008. Las perspectivas futuras de un presidente liberal, impactarán también negativamente en las dirigencias conservadoras del norte grande y pueden establecerse en retrocesos cualitativos de las conquistas sociales logradas. El problema es una economía liberal; una democracia liberal fundada en el capitalismo. En las antípodas, una economía planificada, una democracia horizontal y socialista, solo puede brindarnos un salto sustancial en el desarrollo sostenible de la región norte.
