Desde el anuncio, a fines del año pasado, de la quita de los subsidios del Estado nacional (este año será del 50% y el próximo, total), la empresa concesionaria Metrovías (del grupo Roggio) viene saboteando el funcionamiento del servicio de subterráneos que utilizan diariamente cientos de miles de trabajadores de Capital y Gran Buenos Aires.
Ha venido desinvirtiendo y descuidando el servicio, como lo muestra el retiro meses atrás de las unidades que, por la falta de mantenimiento, estaban en riesgo de accidente, con el consecuente deterioro de la frecuencia de los viajes.
Pese al tarifazo del 127% en el boleto promovido por el gobierno de Macri y el incalculable negocio inmobiliario de los locales comerciales en las estaciones, o de la publicidad a lo largo de las distintas líneas, por no hablar de los ingresos nunca ventilados del paso de cables, telefonía o fibra óptica por los túneles, la empresa ha decido que quiere más y entonces no invierte, no garantiza el mantenimiento de los coches y las vías. Ni siquiera quería negociar la paritaria de este año con los trabajadores.
Los trabajadores del Subte, cansados de las maniobras dilatorias de la empresa, se vieron obligados a tomar medidas de fuerza a comienzo de agosto. Vienen reclamando desde febrero lo que para otros trabajadores es habitual en estos últimos años: la apertura de paritarias para actualizar sus salarios y discutir condiciones de trabajo.
Luego de diez días de paro se llegó a un acuerdo precario, de mejoras en las condiciones de trabajo, en el régimen de licencias y en los niveles salariales. Las medidas de fuerza quedaron suspendidas. Y recién a fines de agosto Macri, obligado por la justicia, utilizó los subsidios nacionales para destinarlo al cumplimiento parcial del acuerdo.
Se mantiene el conflicto
El conflicto entonces sigue latente, tanto por el sabotaje de Metrovías, como por la táctica de Macri. Y es un área muy sensible ya que afecta a casi un millón de usuarios diarios (también trabajadores y estudiantes, en su gran mayoría), lo que se agrava si no funciona el subte agregando toda esos usuarios al resto del transporte público (que ya era más deficientes que el subte, como los ferrocarriles y el transporte automotor) agravando aún más el caos de tránsito y del transporte de todos los millones de usuarios que se dirigen a su trabajo diariamente en el área metropolitana.
El gobierno de Macri sigue tratando de desentenderse -en consonancia con la actitud que viene tomando de no hacerse cargo de las cuestiones que pueden traerle algún costo político, y su intervención, obligado por la presión judicial, fue enteramente contra los trabajadores como no podía ser de otra manera. Después de intentar derrotar la huelga mediante la declaración de una conciliación obligatoria sin ofrecer ninguna perspectiva a los trabajadores, multó al sindicato en $5 millones y ha iniciado una causa judicial contra sus dirigentes. Amenaza también con llevar el boleto a $5,50. Y, en el mejor de los casos, si se destrabara el conflicto por unos meses, el próximo año volvería a explotar cuando caigan definitivamente los subsidios.
El gobierno nacional, en busca de dejar en evidencia la incapacidad de Macri, se encierra en la disputa mediática con Macri y no propone una salida de fondo. La mejor forma de contrastar con el macrismo es mostrarse como lo contrario de esta derecha antiobrera y antisocial que desprecia las necesidades de los trabajadores y privilegia el negocio privado por sobre lo público.
Por la reestatización del Subterráneo
La situación exige que se cancele la concesión a Metrovías y que el estado nacional se haga cargo de los subtes. Se ahorraría desde ya el 50% restante de los subsidios que van a los bolsillos del grupo Roggio y le ingresarían las mencionadas ganancias que conlleva la explotación integral del Subterráneo. Se hace evidente que un servicio público tan necesario e importante debe estar garantizado por el Estado y, para evitar manejos burocráticos, también hace necesaria su puesta bajo control de los trabajadores del subte.
Pero esta medida por sí sola no alcanza para solucionar los problemas del transporte público. Tiene que ir de la mano con la reestatización del sistema ferroviario. Vemos diariamente cómo viajan los trabajadores, estudiantes y los sectores populares, y los accidentes que siguen latentes. Para eso debe generarse un movimiento popular amplio que movilice en la ciudad y la provincia por esta demanda, que debería ser levantada también por los trabajadores del subte.
