Desde fines del año pasado la empresa Metrovías (del grupo Roggio), concesionaria del servicio de subterráneos, viene saboteando el funcionamiento de este medio de transporte que utilizan diariamente cientos de miles de trabajadores de Capital y Gran Buenos Aires.
En particular, desde el comienzo de la quita de los subsidios del estado nacional (este año serán un 50% menores) la empresa ha venido desinvirtiendo y descuidando el servicio, como lo muestra el retiro de unidades (que por la falta de mantenimiento estaban en riesgo de accidente) realizado semanas atrás, con el consecuente deterioro de la frecuencia de los viajes.
Pese al tarifazo del 127% en el boleto (promovido por el gobierno de Macri) y el incalculable negocio inmobiliario de los locales comerciales en las estaciones, o de la publicidad a lo largo de las distintas líneas, por no hablar de otros ingresos como los nunca ventilados del paso de cables, telefonía o fibra óptica por los túneles, la empresa ha decido que quiere más y entonces no invierte, no garantiza el mantenimiento de los coches y las vías y ni siquiera quiere negociar la paritaria de este año con los trabajadores.
Los trabajadores del Subte, cansados de las maniobras dilatorias de la empresa, se vieron obligados a tomar medidas de fuerza desde comienzo de mes. Vienen reclamando desde principios de año la apertura de paritarias para actualizar sus salarios y discutir algunas condiciones de trabajo. O sea: un ámbito de discusión con la empresa, lo que para otros trabajadores es habitual desde hace tres o cuatro años.
El conflicto no afecta sólo a los trabajadores del subte y los casi un millón de usuarios diarios (también trabajadores y estudiantes, en su gran mayoría), sino que esa masa de usuarios han debido utilizar otros medios de transporte público (que ya eran más deficientes que el subte, como los ferrocarriles y el transporte automotor) agravando aún más el caos de tránsito y del transporte de todos los millones de usuarios que se dirigen a su trabajo diariamente en el área metropolitana.
Por estas características del servicio y la virulencia política alcanzada, existe el peligro del aislamiento del conflicto laboral, que puede ser manipulado contra los obreros del subte. Además se han coaligado contra ellos los intereses de la empresa, de Macri, de la burocracia de la UTA y hasta sectores de derecha del kirchnerismo, para aprovechar y sacarse de encima a una conducción combativa y referente del sindicalismo argentino. Los obreros del subte deberían impulsar un campaña nacional de solidaridad, organizar actos en los barrios obreros de la ciudad y del conurbano. Confiamos en que los delegados del subte usen otra vez su buen sentido táctico, demostrado en estos años en todas sus luchas para evitar este aislamiento y una derrota del conflicto.
El gobierno de Macri, luego de tratar de desentenderse -en consonancia con la actitud que viene tomando de no hacerse cargo de las cuestiones que pueden traerle algún costo político- ha debido intervenir en el conflicto a partir de una resolución judicial. Y su intervención, como no podía ser de otra manera, fue enteramente contra los trabajadores. Decretó una conciliación obligatoria para derrotar la huelga, sin ofrecer ninguna perspectiva a los trabajadores (afirmó: ¨no veo una salida a corto plazo¨). También ha multado al sindicato en $5 millones y ha iniciado una causa judicial contra sus dirigentes. Amenaza también con llevar el boleto a $5,50. Los trabajadores rechazan todo esto, y la huelga se extiende ya por más de una semana.
El gobierno nacional, en busca de dejar en evidencia la incapacidad de Macri, ha dejado escalar el conflicto. Pero las cosas ya han ido muy lejos y es necesaria su intervención. No debería encerrarse en la disputa mediática con Macri y, en cambio, sí proponer una salida al conflicto para mostrar que, a diferencia de éste, puede actuar para evitar el aumento del caos en el transporte público. La mejor forma de contrastar con el macrismo es mostrarse como lo contrario de esta derecha antiobrera y antisocial que desprecia las necesidades de los trabajadores y privilegia el negocio privado por sobre lo público.
La situación exige que se cancele la concesión a Metrovías y que el estado nacional se haga cargo de los subtes. Se ahorraría desde ya el 50% restante de los subsidios que van a los bolsillos del grupo Roggio y le ingresarían las mencionadas ganancias que conlleva la explotación integral del Subterráneo.
El evidente desinterés del grupo Roggio en brindar el servicio, que llega a ni siquiera poder asegurar el funcionamiento, muestra a las claras la necesidad de la caída de la concesión. Y hace evidente que un servicio público tan necesario e importante debe estar garantizado por el estado y, para evitar manejos burocráticos, también hace necesaria su puesta bajo control de los trabajadores del subte y de los usuarios.
Pero esta medida por sí sola no alcanza para solucionar los problemas del transporte público. Tiene que ir de la mano con la reestatización del sistema ferroviario. Vemos diariamente cómo viajan los trabajadores, estudiantes y los sectores populares, y los accidentes que siguen latentes. Para eso debe generarse un movimiento popular amplio que movilice en la ciudad y la provincia por esta demanda, que debería ser levantada también por los trabajadores del subte.
