El juicio del criminal Menéndez no debe hacernos olvidar la escalada de ataques habidas en los últimos dos meses por las mafias fascistas del aparato del Estado. El más sonado fue el secuestro durante 28 horas del ex detenido-desaparecido Juan Puthod, con una metodología muy similar a la sufrida por Luis Gerez en diciembre del 2006. Puthod fue torturado cobardemente, probablemente por grupos de tareas vinculados a la Prefectura o al entorno del ex-comisario Luis Patti, como denunció el mismo Puthod.hod. El 27 de mayo comenzó en Córdoba el juicio contra el milico genocida Luciano Benjamín Menéndez que fue, durante la dictadura militar, comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, con sede en esa ciudad. Menéndez ordenó el asesinato de cientos de luchadores y activistas obreros de la provincia. Ahora, está siendo juzgado por el secuestro y asesinato de cuatro militantes del PRT a fines de 1977: Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, que estuvieron detenidos en el campo de concentración La Perla.
Menéndez también está implicado en la llamada Masacre de Las Palomitas, donde fueron fusilados doce detenidos en Salta en julio de 1976.
En el juicio están acusados, además, el ex coronel Hermes Rodríguez, el ex capitán Jorge Exequiel Acosta, el ex suboficial principal Luis Manzanelli, los ex suboficiales mayores Carlos Díaz y Oreste Padován, y el agente civil de inteligencia, Ricardo Alberto Lardone.
Es probable que Menéndez sea condenado a cadena perpetua, como piden la acusación y las organizaciones populares y de derechos humanos. Pero incluso así, no nos hacemos ilusiones. Todos los genocidas condenados hasta ahora fueron alojados en módulos exclusivos donde gozan de privilegios insultantes y de todas las comodidades inaccesibles a los presos comunes, e incluso se les permite salidas ilegales como la que se le descubrió hace tres meses al ex-comisario Fanchiotti, el asesino de Kosteki y Santillán. Es un escándalo que todos estos criminales estén alojados en el mismo pabellón de la cárcel de Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires) donde siguen conspirando alegremente con la aquiescencia de los servicios penitenciarios, en lugar de ser dispersados por todo el país en cárceles comunes.
El secuestro de Juan Puthod
El juicio del criminal Menéndez no debe hacernos olvidar la escalada de ataques habidas en los últimos dos meses por las mafias fascistas del aparato del Estado. El más sonado fue el secuestro durante 28 horas del ex detenido-desaparecido Juan Puthod, con una metodología muy similar a la sufrida por Luis Gerez en diciembre del 2006. Puthod fue torturado cobardemente, probablemente por grupos de tareas vinculados a la Prefectura o al entorno del ex-comisario Luis Patti, como denunció el mismo Puthod.
Además, la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y su hija, sufrieron amenazas telefónicas y en sus domicilios. La propia sede de Madres de Plaza de Mayo en Capital fue asaltada y robada. Carlos Petroni, querellante en la causa que se sigue contra la Triple A también sufrió amenazas.
Es verdad que, luego de la desaparición de López, los sectores decisivos de la burguesía sacaron la conclusión de que nuevas «desapariciones» de testigos podrían conducir a una inestabilidad política y social de consecuencias imprevistas. Por eso utilizaron a sus agentes más confiables dentro del aparato del Estado para que trataran de disciplinar a estas mafias y limitaran su accionar, por ahora, a las amenazas, intimidaciones o secuestros cortos, como les sucedió a Gerez y Puthod.
Mientras que los genocidas y sus cómplices utilizan todos los medios a su disposición para intimidar a los testigos, el gobierno no puede exhibir un solo detenido por las decenas de agresiones, secuestros o amenazas denunciados. El caso más elocuente es el de Julio López que, probablemente, fue asesinado por sus captores. Esto demuestra la complicidad aceitada que existe en todo el aparato del Estado con los genocidas y sus continuadores.
Y esta «hermandad» no está relacionada solamente con la impunidad del pasado, sino con intereses materiales y negocios actuales por medio de redes delictivas y corruptas que actúan dentro y fuera del aparato estatal: desvío de fondos públicos, facturas truchas, empresas de «seguridad», etc. donde conviven fascistas del pasado y nuevas camadas de delincuentes uniformados.
¿Qué hacer?
El gobierno no puede ni quiere enfrentar a este aparato del Estado porque necesitaría apelar al pueblo trabajador organizado en la calle para conseguirlo. Y teme eso. De ahí su impotencia. Su silencio cobarde ante el secuestro de Puthod fue elocuente.
Si hubiera al frente de las centrales sindicales, particularmente de la CGT, una dirección digna de ese nombre, estaría organizando a la clase obrera para que diera una respuesta contundente a las mafias del aparato estatal con movilizaciones, paros, escraches públicos a encausados, etc.
Ante esa falta, las organizaciones de derechos humanos y de izquierda deberían ir preparando una jornada nacional de lucha unitaria contra la impunidad, bien organizada y masiva, que ayude a imprimir un nuevo impulso a la lucha contra los genocidas.
