Ecuador ante el balotaje: crisis económica y pandemia

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Hoy se cierra la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador el domingo 11 de abril. El balotaje enfrenta al banquero Guillermo Lasso, el candidato de la oligarquía capitalista, al candidato de UNES Andrés Arauz, que representa al correísmo y que quedó primero en la primera vuelta el 7 de febrero. Hasta el momento las encuestas no dan un ganador claro. 

La contienda electoral en Ecuador se da en paralelo al recrudecimiento de la crisis del Covid 19 con un aumento exponencial de las infecciones desde el inicio del año. Las camas de cuidados intensivos tanto en Quito como en Guayaquil están al 100% de capacidad y los expertos discuten si esta es la segunda ola o nunca se salió realmente de la primera, que azotó de manera particularmente cruel a Guayaquil. La gestión de la pandemia por parte del gobierno de Moreno ha sido desastrosa. Oficialmente, el número de fallecidos supera los 16.000, pero esta cifra está muy lejos de la realidad. Según un estudio del Financial Times, el exceso de mortalidad durante la pandemia en comparación con un rango de años anteriores es de casi 40.000, con datos hasta el 23 de diciembre, lo cual colocaría a Ecuador como el segundo país con mayor mortalidad en exceso durante la pandemia, sólo por detrás del vecino Perú. 

La pandemia ha agravado una crisis económica que es la peor desde que se tienen registros. En 2020 el PIB registró una contracción brutal del 7,8%. En comparación, durante la crisis de 1999 que obligó a millones de ecuatorianos a emigrar, la contracción del PIB fue menor, del 6,8%. El Banco Mundial prevé un ligero rebote de la economía este año, de apenas un 3,4%, cifra que el FMI acaba de rebajar a 2,4%, totalmente insuficiente para recuperar lo perdido, y luego crecimientos raquíticos del 1,4 y el 1,8% en los años siguientes. 

Sin embargo, incluso estas perspectivas poco halagüeñas dependen en realidad de controlar la crisis del Covid-19 mediante una campaña de vacunación masiva, algo que se aleja cada vez más en el horizonte. Hasta el momento, solamente 200.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, de un objetivo de vacunar a 9 millones (el 60% de la población). A esto se añade el escándalo de la vacunación privilegiada de funcionarios del entorno del presidente Moreno, saltándose los criterios de prioridad. 

El que gane las elecciones el domingo recibirá además un país totalmente endeudado. La deuda total, externa e interna, que era de 15.000 millones de dólares en 2017 cuando Lenín Moreno asumió la presidencia, alcanza ya casi los 70.000 millones, representando una losa enorme sobre la economía, de casi un 70% del PIB. Se calcula que en los próximos cinco años los pagos de la deuda, entre amortizaciones e intereses, ascenderán a 40.000 millones de dólares. 

La crisis además ha tenido un impacto muy fuerte sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. De marzo 2020 a marzo 2021 se han destruido 700.000 empleos, y solamente se han creado 360.000, según cifras oficiales, dejando un saldo negativo de 350.000 empleos formales destruidos, teniendo en cuenta que muchos de los nuevos empleos son en condiciones peores que los que se destruyeron. La mal llamada Ley Humanitaria aprobada por el gobierno de Moreno el año pasado fue una auténtica contra-reforma laboral que facilitaba no solo los despidos sino también la desmejora de las condiciones de los trabajadores. En realidad, a los que han perdido el empleo hay que sumar otros decenas de miles que mantuvieron su empleo pero en condiciones peores. Y hemos hablado hasta aquí del empleo formal, cuando aproximadamente el 70% de la población activa está en el sector informal o subempleada, con mayor incidencia todavía entre las mujeres. Según cifras oficiales la tasa de pobreza, aquellos que viven con menos de 2 dólares al día, pasó del 25% al 32,4%, y afecta a un 48% de la población en la zonas rurales. 

Este es el contexto de debacle económica y sanitaria en que se realizan las elecciones presidenciales, a lo que se añade la larga sombra de la insurrección de octubre de 2019, un levantamiento masivo de obreros y campesinos contra el gobierno de Lenín Moreno y su plan de ajuste impuesto por el FMI. Ese levantamiento, que amenazó con tumbar al gobierno, terminó con apenas concesiones parciales debido a la traición de de la dirigencia de la principal organización de las masas indígenas CONAIE que en el último momento llegó a un acuerdo con Moreno. 

Las masas trabajadoras ecuatorianas, por lo tanto, consideran las elecciones como una oportunidad para derrotar, no solamente al gobierno patronal y pro-imperialista de Moreno, sino también a los intereses de la oligarquía capitalista sometida a Washington que él representa. Así, en la primera ronda de las elecciones, el partido de Moreno quedó prácticamente barrido del mapa con apenas un 1,5% de los votos. El candidato de UNES, Andrés Arauz, logró una victoria clara, con el 33% de los votos que representaban la expresión electoral del rechazo a Lenín Moreno y su política anti-obrera. El resultado muy claro de Arauz, con más de diez puntos de diferencia con el segundo candidato, se obtuvo a pesar de una campaña feroz de los medios de comunicación y el aparato del estado en su contra, incluyendo la participación de la Fiscalía colombiana con acusaciones falsas de vínculos con la guerrilla colombiana. Detrás de la campaña estaba la larga mano de Washington que quiere impedir a toda costa la vuelta del correísmo  al poder. 

El principal candidato de la oligarquía, el banquero Guillermo Lasso (Creo-PSC) consiguió apenas un 19% y tuvo que competir voto a voto por pasar a la segunda vuelta con el candidato de Pachakutik Yaku Pérez que se presentaba como “el candidato indígena” y logró un resultado casi igual. Ya en las elecciones anteriores en 2017 Pérez y su movimiento, que es formalmente el brazo político de la CONAIE, habían escandalosamente llamado a votar por Lasso, con el argumento de que preferían “un banquero a una dictadura” (en alusión a Moreno que en aquél entonces era el candidato del movimiento político de Rafael Correa). En esta ocasión también hubo amagos de una alianza abierta entre Pérez y Lasso, pero al final no se pudo concretar. Bajo la presión de la experiencia del levantamiento de octubre de 2019, lo más que la derecha de CONAIE logró fue aprobar una moción a favor del voto nulo en la segunda ronda. Aunque esta decisión en realidad favorece a Lasso, por lo menos no es un llamado abierto al voto por el candidato de la oligarquía. 

Esta decisión de voto nulo ha provocado divisiones fuertes dentro de las bases de la CONAIE. En los últimos días de la campaña, Jaime Vargas, uno de los principales dirigentes de la misma salió públicamente a apoyar a Arauz, y lo hizo en nombre de las organizaciones indígenas de la Amazonía, que son parte de la CONAIE. Esto ha provocado incluso amenazas de expulsión, pero podría tener un impacto a la hora de hacer bascular una parte del voto indígena que fue mayoritariamente a Yaku Pérez en la primera vuelta, hacia el candidato de la UNES, Arauz. 

Las encuestas de opinión no dan un pronóstico claro, y aunque la mayoría le dan una ligera ventaja a Arauz, el margen es en realidad muy ajustado. La campaña mediática contra Arauz ha sido, como en la primera vuelta, feroz. Es claro que la oligarquía capitalista, los dueños de los agronegocios, los grandes bancos y empresas, las multinacionales y el imperialismo, quieren impedir a toda costa la victoria del candidato de UNES a quien consideran una amenaza a sus intereses. Una derrota de Lasso, sería una derrota de los dueños del país y de Washington. 

Ante la previsión de una victoria de Arauz, ya la burguesía está ocupada en tratar de limitar su acción gubernamental a través de la mal llamada Ley de Protección de la Dolarización, que entre otras medidas, instituye la independencia del Banco Central. Esta medida tiene como objetivo quitarle al gobierno el control sobre la política monetaria. En realidad de lo que se trata no es de la “independencia” del BCE sino de que el mismo siga siendo completamente controlado por los intereses de los grandes capitalistas que se han beneficiado de la gestión de Moreno. 

El programa de gobierno de Arauz contiene sin duda toda una serie de medidas progresistas, con la intervención del estado para garantizar servicios esenciales como la salud, la educación, con objetivos de inclusión social y reducción de la pobreza, entre otros, además de tratar de librarse de la dominación del imperialismo de EEUU. Sin embargo la principal limitación de Arauz es la misma que la del gobierno de Correa en su momento. Ellos identifican el “neoliberalismo”, el “modelo neoliberal” o la corrupción como el problema que impide aplicar políticas en favor de los intereses de la clase trabajadora y los campesinos pobres. Por lo tanto, asumen que es posible gobernar de otra manera dentro de los límites del capitalismo. 

El gobierno de Correa, entre 2007 y 2017, se benefició, al igual que otros llamados “gobiernos progresistas” en América Latina, de un ciclo de altos precios del petróleo. Con una pequeña interrupción en 2008, el petróleo se mantuvo por encima de los 80 dólares el barril, llegando a estar por encima de los 100 dólares el barril durante varios años. Ese ciclo llegó a su final el 2014/15. Sobre la base de ese ingreso petrolero el gobierno de Correa pudo aplicar una serie de políticas sociales que llevaron a una mejora general de las condiciones de vida de las masas, la reducción de la pobreza, etc. Pero en cuanto ese ciclo se terminó el gobierno empezó a entrar en crisis y a perder apoyo popular. Mientras que en 2013 Correa ganó las elecciones en la primera vuelta con un 57%, en 2017 el candidato de la Revolución Ciudadana (que era Moreno, pero se presentaba como heredero político de Correa) sacó un 39%, veinte puntos menos, y se vió obligado a ir a una segunda vuelta. 

Debemos explicar que no es posible hacer aplicar una política en favor de la clase obrera y el campesinado pobre dentro del marco del capitalismo y menos en un país atrasado y dominado por el imperialismo como Ecuador. El problema no es la corrupción. La corrupción es consustancial al sistema capitalista. El problema es que un puñado de oligarcas (banqueros, capitalistas, agro-capitalistas y demás parásitos) tienen el control de la riqueza que crea la clase trabajadora y actúan como correa de transmisión de los intereses de las grandes multinacionales que sangran al país a través de la deuda y los tratados de “libre comercio”. 

Arauz puede tener buenas intenciones y un programa de progreso. Pero ese programa, en caso de ser elegido, va a chocar de frente con los intereses de los dueños del país, los mismos que han usado todos los medios a su alcance para tratar de impedir que llegue al poder. 

Es por eso que la tarea es justamente romper con los límites del sistema capitalista, mediante la expropiación de las grandes fortunas, la oligarquía nacional y de las multinacionales y el repudio de la deuda. Lo que estaba planteado en la insurrección de octubre era justamente la toma del poder por parte de trabajadores y campesinos, que sea el pueblo el que gobierne, no la oligarquía. 

Es necesario aprender las lecciones. Las lecciones del gobierno de Correa: no es posible gobernar a favor de la mayoría oprimida dentro de los límites del capitalismo. Y también las lecciones de todas las insurrecciones que han protagonizado los oprimidos en las últimas décadas (derrocando a Bucaram, Mahuad y Gutierrez) y la de octubre de 2019: no es suficiente con tumbar a un gobierno, la clase trabajadora debe tomar el poder, y para eso necesita una dirección revolucionaria que esté a la altura.